Se cumplen cien días —dos meses y medio largos— desde aquella gravísima quiebra de la frontera en Ceuta, jornada en la que llegaron a entrar de golpe más de 88.000 personas en una avalancha sin precedentes. 

A día de hoy, más de 15.000 de ellas continúan campando a sus anchas por las calles de una ciudad de apenas 85.000 habitantes, impidiendo que los ceutíes puedan tener la tranquilidad, la paz, la seguridad y la vida normal que merecen. 

Quien diga desde un despacho en Madrid que la situación ya está controlada, simplemente miente o prefiere mirar hacia otro lado. El gobierno ha dejado completamente desamparados a los ceutíes.

Como analista del ámbito jurídico y político, y lejos de cualquier trinchera partidista, hay realidades institucionales que deben decirse con total claridad y rigor: el Estado existe para proteger a sus ciudadanos, y en Ceuta esa protección ha fallado por absoluta omisión. 

El fundamento mismo de cualquier país democrático es que el Estado garantiza la seguridad de su población a cambio del respeto a las leyes. Ceuta es tan España como Madrid, Sevilla o Barcelona, y no puede ser tratada como una frontera de segunda ni como una ficha de cambio en el tablero diplomático. 

Cuando más de 15.000 personas permanecen en un espacio geográfico tan reducido sin una respuesta estatal firme, no estamos ante un simple trámite de gestión migratoria, sino ante un colapso inaceptable de la convivencia. 

El artículo 104 de nuestra Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la protección del libre ejercicio de los derechos y la garantía de la seguridad ciudadana, pero a fecha de hoy la frontera sigue sin los refuerzos materiales necesarios, el espigón continúa desatendido y los efectivos policiales operan al límite de sus fuerzas sin que se haya tomado ni una sola medida real desde la invasión.

Si la situación no ha degenerado todavía más es por una sola razón: la lección de templanza, aguantando y resistiendo ante todo el mundo, que están dando los caballas. 

Los vecinos han aguantado lo inasumible con una paciencia ejemplar mientras ven cómo sus servicios públicos se saturan y su tranquilidad diaria se esfuma. Pero es lógico que ya no puedan más y estén hartos de esta situación de dejadez institucional.

 La resiliencia ciudadana no puede ser la excusa del Gobierno para cruzarse de brazos.

 Ninguna comunidad puede sostener de manera indefinida una presión que desborda sus infraestructuras y su capacidad local. Exigir paz, seguridad y el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico no es radicalismo; es la demanda más elemental de cualquier contribuyente.

Ceuta necesita una solución ya, y ya se va tarde. 

Resolver este desamparo exige dejar a un lado la burocracia defensiva y aplicar soluciones inmediatas con rigor legal y político: es imprescindible un blindaje fronterizo real que refuerce los controles terrestres y marítimos, activar de inmediato una intervención diplomática y de retorno sin dilaciones, y poner en marcha un plan extraordinario que desconecte a la ciudad de esta asfixia.

La soberanía de un país se demuestra garantizando la ley en cada metro de su territorio. 

Ceuta es España. 

Ceuta se defiende, y desde esta humilde tribuna no vamos a dejar que caigan en el olvido ni los vamos a abandonar, en honor a los Ceutíes; a las Fuerzas Armadas activadas en Ceuta; a los Cuerpos de Policia Local y Nacional, y a la Guardia Civil allí presentes.