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La izquierda transformadora andaluza atraviesa una encrucijada que ya no puede resolverse con apelaciones genéricas a la unidad ni con la conservación melancólica de siglas agotadas. Lo que está en juego es la posibilidad de reconstruir un espacio político capaz de disputar el poder al PP y al PSOE, interpelar a las clases populares andaluzas y abrir una nueva etapa democrática en el Estado.
La experiencia de Por Andalucía no ha funcionado. Son evidentes los límites de una fórmula que, bajo apariencia de unidad, ha terminado reproduciendo viejas lógicas orgánicas. Es un hecho constatado que Por Andalucía ha desarrollado un modelo que no tiene capacidad de crecimiento. Puede haber conservado una mínima presencia institucional, pero no genera ilusión de cambio para una Andalucía atravesada por la precariedad, la desigualdad territorial, la crisis de los servicios públicos y el expolio humano y económico.
El problema no es solo electoral, sino político y cultural. Por Andalucía, la versión andaluza de Sumar, el intento de reconstrucción de Izquierda Unida con otro nombre, ha perdido la conexión con amplios sectores populares. El voto de ruptura que en el contexto post 15M aglutinó Podemos y luego el primer Adelante Andalucía liderado por Teresa Rodríguez con IU dentro, se ha desplazado hacia la nueva Adelante Andalucía. El desplazamiento no ha hecho más que comenzar.
Andalucía es una realidad nacional, social e histórica con gramática política propia, como así lo determina su propio Estatuto de Autonomía. Su posición dentro del Estado ha estado marcada por la subordinación económica, la dependencia productiva y una autonomía insuficiente para transformar las condiciones materiales de vida de su pueblo. Esto ha sido y es lo esencial de las políticas del bipartidismo que, se ha centrado en adjudicar los recursos públicos andaluces a las grandes corporaciones empresariales, que extraen las plusvalías sacándolas de Andalucía. Por eso, en Andalucía la cuestión social y la cuestión territorial forman parte de una misma disputa democrática.
Hablar de soberanía andaluza no es un gesto identitario vacío: es hablar de financiación justa, reforma del modelo productivo, defensa de lo público, transición ecológica con justicia social, derecho a decidir sobre los recursos y dignidad para las mayorías trabajadoras. Y poner todo esto en confrontación con las políticas territoriales del gobierno de España haciendo uso de la capacidad política institucional reflejada en el Estatuto de Autonomía.
La salida para la izquierda transformadora en Andalucía pasa por un andalucismo (con)federal y plurinacional. Un andalucismo que se constituya en proyecto de poder y que ocupe un lugar central en una nueva alianza entre los pueblos del estado español. Esa alianza debe articular una propuesta estatal de fondo: un pacto republicano plurinacional federal que supere los límites del modelo autonómico surgido de la Transición.
La plurinacionalidad no puede ser un adorno programático ni una concesión a Cataluña, Euskadi o Galicia con epicentro en la región de Madrid. Debe ser la base de una nueva arquitectura democrática del Estado. España solo podrá democratizarse plenamente si reconoce su pluralidad nacional y si acepta que la unidad territorial no puede imponerse desde arriba, sino pactarse entre sujetos libres e iguales. Sin la participación del pueblo andaluz en ese pacto como actor principal, un objetivo de este calado de avance democrático resultará siquiera imposible de abordar.
En este marco, resulta imprescindible revisar el papel histórico del PSOE. Durante décadas, el PSOE ha sido presentado como aliado natural de la izquierda, como mal menor o como fuerza progresista con contradicciones. Sin embargo, su función real ha sido mucho más profunda: ha actuado como uno de los principales garantes del pacto de élites nacido de la Transición. Ha canalizado demandas populares sin alterar las estructuras fundamentales de poder, ha administrado la modernización sin ruptura democrática y ha sostenido los grandes consensos del régimen del 78: monarquía parlamentaria, centralismo de Estado, disciplina económica, Consejo General del Poder Judicial, Ley mordaza y límites a la soberanía popular.
En Andalucía, esta función ha sido especialmente visible domesticando el pulso andaluz durante casi cuarenta años. El PSOE andaluz construyó una hegemonía prolongada identificando autonomía con progreso, estabilidad con protección social y gestión institucional con transformación. Pero, en realidad, su proyecto integró a Andalucía en el pacto estatal sin modificar las relaciones profundas de dependencia. Por eso, desenmascarar al PSOE no implica sectarismo, sino claridad estratégica. La izquierda no puede seguir orbitando en torno a él como socio cómplice, muleta parlamentaria o reserva moral de un progresismo sin horizonte constituyente.
La izquierda transformadora andaluza atraviesa una encrucijada que ya no puede resolverse con apelaciones genéricas a la unidad ni con la conservación melancólica de siglas agotadas. Lo que está en juego es la posibilidad de reconstruir un espacio político capaz de disputar el poder al PP y al PSOE, interpelar a las clases populares andaluzas y abrir una nueva etapa democrática en el Estado.
La experiencia de Por Andalucía no ha funcionado. Son evidentes los límites de una fórmula que, bajo apariencia de unidad, ha terminado reproduciendo viejas lógicas orgánicas. Es un hecho constatado que Por Andalucía ha desarrollado un modelo que no tiene capacidad de crecimiento. Puede haber conservado una mínima presencia institucional, pero no genera ilusión de cambio para una Andalucía atravesada por la precariedad, la desigualdad territorial, la crisis de los servicios públicos y el expolio humano y económico.
El problema no es solo electoral, sino político y cultural. Por Andalucía, la versión andaluza de Sumar, el intento de reconstrucción de Izquierda Unida con otro nombre, ha perdido la conexión con amplios sectores populares. El voto de ruptura que en el contexto post 15M aglutinó Podemos y luego el primer Adelante Andalucía liderado por Teresa Rodríguez con IU dentro, se ha desplazado hacia la nueva Adelante Andalucía. El desplazamiento no ha hecho más que comenzar.
Andalucía es una realidad nacional, social e histórica con gramática política propia, como así lo determina su propio Estatuto de Autonomía. Su posición dentro del Estado ha estado marcada por la subordinación económica, la dependencia productiva y una autonomía insuficiente para transformar las condiciones materiales de vida de su pueblo. Esto ha sido y es lo esencial de las políticas del bipartidismo que, se ha centrado en adjudicar los recursos públicos andaluces a las grandes corporaciones empresariales, que extraen las plusvalías sacándolas de Andalucía. Por eso, en Andalucía la cuestión social y la cuestión territorial forman parte de una misma disputa democrática.
Hablar de soberanía andaluza no es un gesto identitario vacío: es hablar de financiación justa, reforma del modelo productivo, defensa de lo público, transición ecológica con justicia social, derecho a decidir sobre los recursos y dignidad para las mayorías trabajadoras. Y poner todo esto en confrontación con las políticas territoriales del gobierno de España haciendo uso de la capacidad política institucional reflejada en el Estatuto de Autonomía.
La salida para la izquierda transformadora en Andalucía pasa por un andalucismo (con)federal y plurinacional. Un andalucismo que se constituya en proyecto de poder y que ocupe un lugar central en una nueva alianza entre los pueblos del estado español. Esa alianza debe articular una propuesta estatal de fondo: un pacto republicano plurinacional federal que supere los límites del modelo autonómico surgido de la Transición.
La plurinacionalidad no puede ser un adorno programático ni una concesión a Cataluña, Euskadi o Galicia con epicentro en la región de Madrid. Debe ser la base de una nueva arquitectura democrática del Estado. España solo podrá democratizarse plenamente si reconoce su pluralidad nacional y si acepta que la unidad territorial no puede imponerse desde arriba, sino pactarse entre sujetos libres e iguales. Sin la participación del pueblo andaluz en ese pacto como actor principal, un objetivo de este calado de avance democrático resultará siquiera imposible de abordar.
En este marco, resulta imprescindible revisar el papel histórico del PSOE. Durante décadas, el PSOE ha sido presentado como aliado natural de la izquierda, como mal menor o como fuerza progresista con contradicciones. Sin embargo, su función real ha sido mucho más profunda: ha actuado como uno de los principales garantes del pacto de élites nacido de la Transición. Ha canalizado demandas populares sin alterar las estructuras fundamentales de poder, ha administrado la modernización sin ruptura democrática y ha sostenido los grandes consensos del régimen del 78: monarquía parlamentaria, centralismo de Estado, disciplina económica, Consejo General del Poder Judicial, Ley mordaza y límites a la soberanía popular.
En Andalucía, esta función ha sido especialmente visible domesticando el pulso andaluz durante casi cuarenta años. El PSOE andaluz construyó una hegemonía prolongada identificando autonomía con progreso, estabilidad con protección social y gestión institucional con transformación. Pero, en realidad, su proyecto integró a Andalucía en el pacto estatal sin modificar las relaciones profundas de dependencia. Por eso, desenmascarar al PSOE no implica sectarismo, sino claridad estratégica. La izquierda no puede seguir orbitando en torno a él como socio cómplice, muleta parlamentaria o reserva moral de un progresismo sin horizonte constituyente.
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