En esencia, el caciquismo clientelar consiste en favorecer selectivamente desde posiciones de poder a algunos de los que están en niveles sociales bajos, beneficiándoles sobre sus iguales, para garantizarse su apoyo y fidelidad. Se trata de prácticas de raíz precapitalista -feudal o señorial- que se han mantenido dentro del capitalismo, a pesar de los cantos a la meritocracia como vía de ascenso social y de la proclamada igualdad formal de todos ante la ley, porque continúa hoy siendo funcionales a los poderosos.
En el Reino de España, el caciquismo clientelar se convirtió, en el siglo XIX, en el eje central del sistema político. Y se adentró en el XX con la primera Restauración Borbónica. En la mayoría de los lugares, sobre todo rurales, las elecciones supuestamente democráticas tenían siempre como vencedor al cacique local o comarcal, perteneciente a alguna de las grandes familias propietarias, o a hombres de paja de estos. El poder económico y social era la fuente del poder caciquil, que desembocaba, y se reforzaba, con el poder político. Así lo vieron Joaquín Costa y cuantos se acercaron con mirada crítica a nuestras realidades. En el sistema bipartidista de la época, los dos grandes partidos del turnismo actuaron en base a este modelo, colocando en los puestos de la administración a sus respectivos seguidores y clientes cuando accedían al gobierno, tras cesar a los que antes, siguiendo el mismo procedimiento, habían sido designados por el partido rival (que no enemigo). Y este tipo de organización funcionó también en la gran mayoría de los partidos de la II República, controlados por una sola persona o integrados por facciones que, a su vez, funcionaban caciquilmente. De ahí el rechazo a los partidos de quienes, como Blas Infante, los consideraban enemigos de la democracia por su naturaleza de organizaciones caciquiles.
Con la dictadura franquista, algunos oligarcas locales se fortalecieron como caciques omnímodos y también pasaron a serlo otros personajes y personajillos fieles al Régimen. Su poder llegó ser casi absoluto sobre las haciendas e incluso la vida de los vecinos. Y muchos de ellos acrecentaron su riqueza o se hicieron ricos desposeyendo a otros o a través de negocios como el estraperlo.
Hace cincuenta años, algunos pensábamos que el caciquismo todavía existente en la época del tardofranquismo, debilitado por la aparición de organizaciones populares y por la propia deslegitimación del Régimen, tendría su fin con la consecución de la democracia. Nos equivocamos, porque pronto los partidos políticos comenzaron a funcionar internamente, con diversas coartadas como la eficacia, la necesidad de publicitar al líder o el centralismo democrático, con arreglo a las normas y usos del caciquismo. "Quien se mueva, no sale en el foto", fue una frase famosa de Alfonso Guerra: una advertencia para que nadie sacara los pies del plato, atreviéndose a disentir o a pensar por sí mismo, porque serían eliminados. Y esto fue general y llega hasta hoy, en lo esencial, en nuestra partitocracia coronada.
En Andalucía, en concreto, desde los años ochenta fue construyéndose un caciquismo de nuevo tipo, ahora con base, más que en el poder económico, en el desempeño de cargos públicos, sobre todo municipales. El cambio en el sistema de ayudas a los desempleados agrícolas fue clave. De exigir trabajo a quienes podían darlo -los grandes propietarios de tierras- los jornaleros pasaron a reclamar subsidios de desempleo o puestos en el PER a los alcaldes, que se convirtieron también en firmantes de peonás imprescindibles para tener acceso a ellos. Surgía así un nuevo caciquismo clientelar, a la vez personal y de partido, que ha sido uno de los elementos centrales del régimen psoísta. Un régimen también reforzado por las tramas clientelares tejidas en los concursos de contratación y en la adjudicación de subvenciones por parte de ayuntamientos, diputaciones y consejerías, con solo contadas excepciones.
Por ello, no son nada nuevo, aunque sí sean igualmente rechazables y aún más descaradas, acciones como las actuales convocatorias de empleo de la Junta -sean para vigilantes de playas o para técnicos de la administración- que se cierran a las 24 horas de su anuncio y señalan como único criterio a tener en cuenta el orden de llegada de las solicitudes. ¿Es arriesgado pensar que estaban previamente avisados aquellos que interesaba la enviaran en los primeros minutos? Como escribíamos aquí hace ya más de un año, el turnismo comenzó ya en Andalucía. ¿Alguien creía que con ello podría desaparecer la lógica caciquil-clientelar?
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