La Junta presenta un incremento presupuestario, pero su estrategia combina subvenciones a promotores, incentivos a la compra, avales hipotecarios, ayudas al alquiler y financiación de suelo. Son herramientas que pueden contribuir a mejorar el acceso a la vivienda de algunos sectores no tan mal posicionados ante el problema de la vivienda, pero no garantizan por sí mismas la creación de un parque público suficiente, estable y asequible. Es una estrategia cobarde y direccionada a la mitad alta de la tabla que depende de promotores privados, que por su naturaleza, podrán el beneficio por encima del derecho a una vivienda adecuada.

Hay una diferencia entre intervenir para que el mercado produzca más viviendas y construir capacidad pública para garantizar el derecho a la vivienda. La primera estrategia utiliza recursos públicos para estimular la oferta privada y facilitar el acceso a la propiedad. La segunda exige que las administraciones promuevan, adquieran y mantengan viviendas públicas, especialmente en alquiler, fuera de la lógica especulativa.

La pregunta no debería ser cuánto dinero anuncia la Junta para vivienda, sino cuántas viviendas asequibles incorpora realmente al patrimonio público y cuántas personas que hoy están excluidas del mercado podrán acceder a ellas. Por eso es necesario hacernos preguntas sobre cada partida de las que se anuncian:

Los 137 millones para promocionar el alquiler protegido no garantizas la titularidad pública, los 75 millones en avales hipotecarios pueden facilitar la compra a algunos hogares pero no abaratan la vivienda, los 46 millones de ayuda al alquiler joven no crean nueva oferta (y pueden suponer una subida de precios de alquileres ante esta ayuda anunciada), los 30 millones para VPO (que pueden liberarse a los muy pocos años) son fomentar el negocio privado y los 25 millones de urbanización pueden suponer hacerle los deberes a los promotores.

En el caso de Jerez, esta crítica adquiere todavía más fuerza: más de 5.000 demandantes de vivienda protegida y una partida miserable de 600.000 euros para desarrollo de suelo sin una promoción municipalizada claramente identificada y una política de movilización de suelo público mediante colaboración privada. Lo que se recoge para Jerez es una promoción de VPO en Guadabajaque totalmente insuficiente. Comparativamente, la atención a nuestra ciudad queda eclipsada por Cádiz y Málaga que, si bien es cierto que cuentan con una situación aun más crítica, no debería servir para relegar nuestros problemas al final de la cola.

No cuestiono que se subvencione la construcción de vivienda protegida. Cuestiono que se utilicen recursos públicos sin garantizar suficientemente la asequibilidad, la permanencia de la protección y el control público de los resultados.

La vivienda no puede convertirse en una política de subvenciones al negocio inmobiliario con la expectativa de que, por el camino, se resuelva una necesidad social.

Además, como hecho para la clarividencia sobre el modelo de ciudad que viene desde el Parlamento, hay que señalar el contraste de este presupuesto en vivienda con el de otras partidas: una millonada para la Real Academia de Arte Ecuestre y otro para el Museo del Flamenco. ¿Creen que el ejercito de camareros, cocineros y trabajadoras de hotel que pretenden crear indirectamente fomentando el turismo con estos equipamientos tendrá acceso a una vivienda como las que pretenden que se construyan?

Y venga titulares…