La reciente noticia de la venta del convento de Santa Inés de Granada por 1,5 millones de euros para su conversión en un hotel de lujo no es un hecho aislado; es una pieza más en el puzle de una Andalucía que se está poniendo a la venta. Mientras el partido popular se llena la boca con la Capitalidad Cultural Europea 2031, los hechos demuestran que el modelo de ciudad que se impone, desde Granada hasta Sevilla o Málaga, está anclado en un extractivismo de corporaciones con domicilio social en Madrid que devora nuestro patrimonio y expulsa a sus habitantes.
Lo que ocurre en el Bajo Albaicín es sangrante: una joya del siglo XVI, con 5.000 metros cuadrados de historia, se privatiza para ofrecer 50 habitaciones exclusivas con vistas a la Alhambra. Se desahucia al Centro Albaicín, un referente nacional de la artesanía que da vida y sentido al barrio, para dejar paso al turismo descontrolado con ruedas, todo dentro de un patrón y una hoja de ruta diseñada para regalar a empresas amigas con sede social en Madrid los recursos públicos andaluces, sacando las plusvalías fuera de Andalucía
No podemos analizar el caso de Granada sin mirar el espejo de otras capitales andaluzas gobernadas por el partido popular, donde la mecánica de la "alfombra roja" al empresario amigo es idéntica. Así, en Sevilla se camina hacia la "hotelización" del centro y el avance de las grandes cadenas es imparable. La futura apertura del hotel de Four Seasons Hotels and Resorts (sede social en Toronto) en la Plaza Nueva o la conversión del histórico Hotel Sacristía de Santa Ana en unas cinco estrellas en la Alameda de Hércules, son solo algunos ejemplos de una ciudad cada vez más orientada a los grandes operadores turísticos y de alto poder adquisitivo. Mientras, residentes de barrios históricos como Barrio de Santa Cruz o La Feria denuncian cómo el precio de la vivienda se dispara y el derecho a vivir en el centro histórico se diluye en favor de un modelo urbano cada vez más pensado para visitantes descontrolados y supuestos inversores que, en realidad, son depredadores..
Málaga es la gentrificación y el espejo donde se mira el gobierno municipal del partido popular en Granada. En Málaga, el precio de la vivienda ha subido un escandaloso 140% en la última década, situándose en máximos históricos en 2025. Con el 90% de las viviendas en zonas como la Plaza de la Merced destinadas al uso turístico, la ciudad se ha convertido en un hotel a cielo abierto donde los malagueños son extranjeros en su propia tierra.
En Cádiz y Córdoba la dinámica se repite. Se incentiva la reconversión de edificios civiles y locales en alojamientos, mientras los alquileres comerciales suben de forma desorbitada, asfixiando al pequeño autónomo y favoreciendo a las grandes franquicias.
El turismo de masas y la venta del patrimonio público a las grandes empresas y multinacional es una política que mata a Andalucía. Sus consecuencias son devastadoras, pues hacen la vivienda inaccesible por la presión hotelera y de los pisos turísticos, elevando los precios a niveles inasumibles, convirtiendo los centros históricos en "guetos para ricos”. Otra consecuencia directa es la precariedad laboral, ya que el modelo turístico que promueven los absentistas de la derecha se basa en salarios bajos y empleos estacionales que no generan riqueza real para la población y mucho menos para la juventud andaluza, al tiempo que fomentan la competencia desleal al dejar que operen, según se ha publicado, más de 16.500 viviendas turísticas ilegales en Andalucía y que compitan con el alquiler residencial, vaciando los barrios de vida vecinal.
Es un hecho la claudicación ante el negocio depredador, es el caso, así mismo, del Grupo Didra (comprador del Convento de Santa Inés), en el que se camuflan operadores franquistas vinculados a élites económicas de Madrid. Es el perfil y forma habitual de conducta de una gestión que traiciona la identidad de un pueblo. Por otro lado, si Granada quiere ser realmente la Capital
Cultural en 2031, debe proteger su patrimonio histórico y no convertirlo en espacios para unos pocos, que no aportan identidad; la artesanía, el tejido vecinal y el trabajo digno de proximidad, en el Bajo Albaicín, sí.
Andalucía es tierra de vida, no es el escaparate temático de Moreno Bonilla y sus amiguetes de las puertas giratorias. Conservar el patrimonio público andaluz es defender la soberanía como pueblo, pero, también, es el derecho a no ser extranjeros en la casa andaluza.