Opinión

La reconstrucción del bipartidismo, el segundo pilar del régimen

Los últimos años, y coincidiendo, no por casualidad, con la gravísima crisis económica, los tres pilares principales del régimen político del 78: la monarquía, el bipartidismo de la alternancia y la visión uninacional de España “una e indivisible” han sido fuertemente cuestionados e incluso han llegado a tambalearse. La desaparición de cualquiera de los tres –y, aún más, de dos de ellos o de todos a la vez- habría significado el final del régimen político de la monarquía uninacional partitocrática pactado para la salida del franquismo, tras la muerte del dictador, entre los franquistas reformistas y la oposición reformista, que no rupturista, representada por el PSOE, el PCE y otros partidos de la llamada “oposición democrática” que abandonaron, mediante ese pacto, la mayor parte de sus principios ideológicos. La constitución del 78, una mezcla de elementos de carácter democrático y de antidemocráticas herencias del franquismo, fue reflejo de este pacto, complementado con el que asumieron los dos grandes sindicatos “de clase” (CCOO y UGT) para garantizar la paz social rehusando a cuestionar el carácter depredador e injusto del sistema capitalista.

La constitución consagró la monarquía, fabricó una partitocracia (más que una democracia) modelada en torno a dos partidos que representarían, supuestamente, a la derecha y la izquierda pero, en realidad, recreando el modelo del turnismo entre conservadores y liberales que caracterizara la época de la anterior Restauración Borbónica del último cuarto del XIX y las dos primeras décadas del XX, y trató de perpetuar el centralismo propio del nacionalismo españolista con el maquillaje de la concesión de unas “autonomías” territoriales limitadas en su alcance. Estos tres pilares del régimen político del 78 han estado sujetos, en los últimos años, a una grave crisis. El primero, en gran parte, por el propio carácter no democrático y corrupto de la monarquía borbónica. El segundo, por la aparición de nuevos partidos que pusieron en jaque la hegemonía del PP-PSOE e incluso, en algúncaso, a la propia partitocracia. Y el tercero, por el espectacular avance del soberanismo en Catalunya y su consolidación o aparición en otros pueblos-naciones del estado.

Como para grandes males siempre parece haber grandes remedios, al enorme desprestigio de la monarquía respondieron las fuerzas fácticas del Sistema forzando la abdicación de Juan Carlos I y entronizando a su hijo Felipe, no contaminado, o así se afirma, por las vergüenzas de su padre (que mantiene, por cierto, el privilegio de la no responsabilidad, aunque ello no tenga apoyo jurídico alguno).

Al  cuestionamiento del modelo del llamado “estado de las autonomías”, en realidad un camuflaje de la definición dogmática de España como una única nación, con la consiguiente negación de los derechos nacionales de los diversos Pueblos (Catalunya, Euskal Herría, Andalucía, Galiza, Canarias…), el Sistema ha respondido mediante la represión política y judicial y la activación del ultraespañolismo ideológico, aunque la crisis esté muy lejos de ser “superada”.

Sí están teniendo mucho más éxito los guardianes del régimen respecto a la recomposición del bipartidismo (el tercer pilar). En varias elecciones, la suma de los votos de PSOE y PP había llegado a un nivel muy bajo en el conjunto del estado y a casi la irrelevancia en Catalunya y también en Euskadi. Ello ocurrió principalmente como efecto del 15M. La generalización de la percepción de que “¡No nos representan!” y de que “¡PSOE y PP la misma m… es!” o eslóganes como “No hay pan para tanto chorizo” o “Lo llaman democracia y no lo es” deterioraron aún más a la ya desprestigiada “clase política”, que fue rebautizada como “la casta”. Un nuevo partido, Podemos, surgió postulándose como heredero del 15M y de su metodología asamblearia (los “círculos”) y pronto fue considerado como un peligro para el régimen y, sobre todo, para el PSOE –el elemento central de este—, que a su vez atravesaba una enorme crisis interna.

Los dirigentes de Podemos llegaron a afirmar que su objetivo era “asaltar los cielos”, o sea, tumbar el régimen concitando con ello la ilusión, y el apoyo, de millones de votos procedentes de la abstención, de la enésima versión estéril del PCE y del propio electorado “socialista”. Por su parte, el PP ahondaba su crisis y parecía a punto de ahogarse en el gran pantano de la corrupción. Surgió Ciudadanos como una especie de Podemos de derecha, revestido de centro regeneracionista y fuertemente españolista, como posible relevo del PP, en una operación impulsada por buena parte de las fuerzas fácticas financieras y económicas constitutivas del IBEX 35, por si llegaba a ser necesario dicho relevo.

Como resultado de todo lo anterior, el bipartidismo de la alternancia perdió las posibilidades de reproducción electoral, al dividirse ahora el voto entre cuatro partidos estatales y no ser ya posible los acuerdos con partidos conservadores nacionalistas no españolistas, por el giro soberanista de estos. Pero lo que pudo ser no fue, principalmente porque Podemos se convirtió pronto, en sus planteamientos ideológicos, política de alianzas y formas organizativas, en una especie de IU bis obsesionado por gobernar el estado conjuntamente con el PSOE, para lo que rescató a este de “la casta” y lo legitimó como partido supuestamente de izquierda. Y, en paralelo, Ciudadanos aceptó un papel de secundón del PP, con la quimera de suplantar a este con prácticamente su mismo programa pero en realidad absolviéndolo de sus culpas y relegitimándolo ante los votantes de derecha.

A nivel electoral, el tetrapartito (el juego electoral a cuatro) tiene ya todas las trazas de volver a convertirse en bipartito PP-PSOE con pequeños partidos satélites en sus flancos (Cs y/o Vox por una parte y Podemos-IU, estos juntos o separados, por la otra). O sea, lo que, más o menos, había hace una década. Las nuevas caras de Sánchez y de Casado y la aparente casi desaparición del primer plano –pienso que táctica- de los líderes tradicionales de sus partidos respectivos, han contribuido, al igual que la de Felipe VI en relación con la monarquía, a dar un maquillaje de supuesta novedad a la deteriorada imagen de estos.

La nueva convocatoria electoral es una vuelta de tuerca más en esta recomposición del bipartidismo. Nuevas elecciones interesan tanto al PSOE como al PP porque, sin duda, ganarán votos (y, aún más, porcentaje de votos) mientras que se hundirán o retrocederán significativamente los otros dos partidos que quizá pudieron ser pero que no han sido porque han decepcionado -algunos dirán traicionado- a quienes en un primer momento, o hasta ahora, los venían apoyado.

En este sentido, asistimos desde hace meses a una simple puesta en escena para justificar ante los electores esta vuelta al bipartidismo tradicional del régimen del 78. Las incompatibilidades o falta de empatía entre Pedro, Pablo, Alberto o el otro Pablo (Casado) como problema principal para conseguir la formación de gobierno no es más que munición para  mantener las tertulias, que llaman políticas, de televisión y radio destinadas a despistar y, cada día más, a aburrir a la gente. Unas nuevas elecciones, según todos los indicios, favorecerán al PSOE y al PP, es decir fortalecerán al bipartidismo seguro. Quizá solo no habría elecciones si Podemos se plegara a admitir de forma explícita el papel subalterno (y suicida) que con su política ha aceptado ya en los últimos dos años y más acentuadamente desde que contribuyó de forma activa a la resurrección de Sánchez, y con esta la del PSOE. Y quizá ni ello evitaría la nueva convocatoria electoral. En cuanto a Ciudadanos, al rehusar incluso al maquillaje “centrista” y alinearse con (bajo) el PP, ha perdido no solo la posibilidad de sustituir a este sino incluso la de ser un actor condicionante de su política. Lo que se certificará con la vuelta a los “populares” de muchos de los votos que se le escaparon hacia ese partido y, en las anteriores elecciones, también hacia Vox.

Al Sistema, con mayúscula, es decir a las fuerzas financieras y económicas que constituyen el núcleo del verdadero poder (que no reside en las instituciones políticas más o menos democráticas), le interesa esta recomposición del bipartidismo “clásico”. Y actúa en consecuencia, imponiendo sus reglas –sus intereses- a quienes juegan en el campo de la política institucional. Cuestión esta que es clave para entender lo que ocurre pero que apenas emerge en el discurso de tanto comentarista y tanto supuesto experto en Politología como pululan en los medios y las redes. Pienso, por esto, aunque no me agrade, que estamos en vísperas de que el Régimen supere la crisis de su segundo pilar. Queda solo en crisis, en abierta crisis, el tercero, el de la “unidad nacional española”. De ahí la importancia decisiva de cómo se desarrolle el “proces” catalán, la lucha soberanista por el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Catalunya y los apoyos que esta lucha pueda tener de los soberanistas de otros pueblos-naciones del estado y de Europa y de la izquierda española no dogmáticamente españolista (si es que existe).

Taponadas, al menos por un tiempo, las grietas en los otros dos pilares, la lucha democrática, pacífica y tenaz de los soberanismos queda hoy como la herramienta principal para hacer caer uno de los pilares (el que vengo llamando tercer pilar) del régimen del 78 y de abrir con ello la posibilidad de avanzar en la democracia y el reconocimiento de los derechos de las personas y los pueblos. Es en esta confrontación entre el modelo imperante de estado uninacional –sea monárquico o incluso republicano– y el de pueblos soberanos que puedan pactar libremente si desean o no confederarse, y en qué términos, o construir estructuras estatales independientes, donde va a centrarse la confrontación en los próximos tiempos. Está en juego si se consolida, aunque sea con enormes costes para la calidad de la democracia en todos los ámbitos, el tercer pilar del régimen o si el derrumbe de este arrastra en su caída a los otros dos pilares, abriendo un tiempo nuevo. Convendría que tuviéramos esto muy claro quienes mantenemos una posición crítica al respecto.

Isidoro Moreno es catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla y miembro del colectivo Asamblea de Andalucía (AdA)

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Un comentario

  1. El autor acierta al describir el vigente sistema político español como una democracia imperfecta, una partitocracia, condición que comparte con todas las democracias europeas continentales (con menor incidencia en Francia) y, en mucha menor medida, con la británica. Sin embargo, yerra de pleno al analizar las causas de ese déficit democrático español (y europeo, en general), pues no está en los tres “pilares” que cita: la monarquía, el bipartidismo y la unidad de la nación española, sino en la falta de representatividad de los políticos que nos legislan y gobiernan. El sistema político español no cumple dos preceptos esenciales de una verdadera democracia: la elección directa de los representantes en las Cortes (diputados y senadores) por los ciudadanos, pues estos sólo pueden escogerlos entre unas listas electorales (da igual que sean cerradas o abiertas) previamente elaboradas en los sanedrines de los partidos políticos, y la falta de separación de poderes, especialmente entre el legislativo y el ejecutivo, ya que aquél designa a éste. Para que haya una democracia verdadera en España los diputados y senadores han de ser elegidos directamente por el pueblo en circunscripciones electorales pequeñas, a razón de un diputado y un senador por cada una de ellas mediante el procedimiento de mayoría absoluta a doble vuelta, y, además, el Presidente del Gobierno debería ser elegido directamente por el pueblo en una circunscripción única nacional también mediante el procedimiento de mayoría absoluta a doble vuelta; así se garantizaría que los diputados y senadores representan realmente a sus electores y responden ante estos y no ante sus jefes del partido de turno y también se garantizaría la verdadera separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo; y si ,ya puestos, se abolieran las autonomías o, al menos, se les quitara la capacidad de legislar y los fueros medievales de algunas, entonces nuestra democracia sería mucho más igualitaria y libre. Podemos, el partido en el que tantas esperanzas parece que había depositado el autor ahora decepcionado, nunca propuso, ni por asomo, una reforma constitucional en esa línea de profundización democrática porque el programa máximo de Podemos es un neocomunismo bolivariano antidemocrático que, de llevarse a término, sumiría a España en un sistema infinitamente peor que el actual y en la miseria. Por eso, el autor, tras su crítica de la vigente democracia española, acertada en cuanto a su diagnóstico de imperfecta, pero muy errónea en cuanto a las causas de ese diagnóstico, no propone, ni siquiera esboza, las medidas de regeneración democrática necesarias.
    Quienes vivimos el tardofranquismo recordamos que el Pueblo español, en el que ya había una gran clase media que no existía en la II República, lo último que quería era una nueva confrontación (bélica o no) civil y, por otra parte, no hay que olvidar que si Franco se pudo mantener en el poder durante 40 años fue porque tenía el apoyo mayoritario de dicho Pueblo español, como lo demuestra que todos los intentos del PCE contra el régimen mediante el maquis y mediante huelgas generales fracasaron estrepitosamente por falta de apoyo popular, y porque, en plena guerra fría, contaba con el apoyo fáctico (aunque no retórico) de USA (aliado militar y económico) y de Francia, de Reino Unido, Italia y Alemania (quienes otorgaron a España un excelente acuerdo comercial con la entonces CEE). Así, a la muerte de Franco la ruptura no cuajó (pese a algún intento inicial minoritario) porque el Pueblo no la quería, no quería correr riesgos, y triunfó la reforma y el consenso que dio paso a la Transición democrática, como se demostró con el apabullante triunfo de la UCD de Suárez (que había sido el Jefe Nacional del Movimiento) en las primeras elecciones democráticas. En esa reforma, con el famoso principio “de la ley a la ley”, todos cedieron. Así, las Cortes franquistas se hicieron el harakiri aprobando la Ley de Reforma Política, cosa que las Cortes actuales serían incapaces de hacer para promover las necesarias reformas democráticas que antes he expuesto; se aceptó la monarquía porque, aparte de que era el sistema legalmente vigente, el Pueblo era muy mayoritariamente monárquico y lo siguió siendo inclusive en los peores momentos de los últimos años del reinado de Juan Carlos I, como también lo es hoy día; se consolidó un bipartidismo imperfecto (mucho menos acusado que el británico o el estadounidense) mediante la ley electoral porque, con muy buen criterio, se quiso evitar la sopa de letras parlamentaria que tanto contribuyó al fracaso de la II República; y se mantuvo, obviamente, la unidad de la Nación política española, como había venido siendo ininterrumpidamente desde su creación en la Constitución de Cádiz de 1812, aunque se cometió el grave error de instaurar unas autonomías que nadie (salvo cuatro nacionalistas) demandaba entonces, y que ya habían sido un fracaso en la II República, para tratar ingenuamente de integrar en el nuevo régimen democrático a los partidos secesionistas (entonces muy minoritarios, alguno inexistentes) olvidando que esos partidos son constitutivamente desleales.
    ¿Qué subyace realmente en el planteamiento suicida del autor? Muy sencillo. Podemos y los secesionistas coinciden en querer derribar el vigente sistema político español, no en reformarlo. Los primeros para instaurar un neocomunismo delirante y los segundos como paso previo e imprescindible para poder liquidar la Nación española e independizarse. Por eso Podemos piensa que los secesionistas son unos aliados (tontos) útiles en su fin de hacerse con el poder y luego ya los liquidará a ellos también, mientras que la inversa se puede predicar también respecto de los secesionistas, quienes creen que Podemos les ayudará a destruir el sistema político y luego ya las varias independencias regionales serán imparables e irreversibles. Ambos se equivocan, pues la inmensa mayoría del Pueblo español no aceptará el neocomunismo ni la disolución de la Nación pacíficamente, no aceptamos ni la pérdida de libertades ni que nos conviertan en extranjeros en determinadas regiones españolas que no son naciones ni nunca lo han sido; para ello sería necesaria una guerra civil que, hoy por hoy, perderían.

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