Ha sido en verano. Tiempo en el que parece mandado que no ocurra nada. Y mira si están pasando cosas, Como hace 87 años un golpe de Estado desbarató el camino reformista comenzado por la sociedad española cinco años antes y abrió una caja de Pandora todavía no cerrada. En el mundo de la memoria histórica tiene una gran importancia la actuación de Amede de San Fernando, sus identificaciones presuntivas y las establecidas mediante identificaciones genéticas al margen de la indicada por la Junta de Andalucía. Pondré en contexto lo sucedido.
Tuvieron que pasar muchas décadas, hasta 1979, para que los familiares de los asesinados por los golpistas primero y el régimen franquista, después, pudieran intentar recuperar sus restos. El camino tuvo un corto recorrido. Pronto, en 1982, recuerden y reflexionen sobre la fecha, todo se detuvo. De nuevo, familiares, descendientes y las propias organizaciones sociales y políticas a las que habían pertenecido los asesinados tuvieron que esperar casi otras tres décadas para reanudar la búsqueda.
Entonces, entre 1999-2003, fueron grupos de familiares, historiadores fuera de la academia y algunos militantes, más o menos veteranos, los que comenzaron a recorrer de nuevo un camino que nunca se había mostrado propicio y, hasta hoy, a pesar de todos los avances, no ha dejado de estar lleno de obstáculos. Primero, por la oposición política, temor y desconfianza que han sufrido estas entidades de iniciativa social a las que hasta se les arrebata su consideración pública (capacidad de actuar en la vida política y social) para reducirlas al ámbito de lo “privado”. Una forma por parte de los partidos que ocupan las administraciones de reducir la capacidad de acción e influencia de quienes no solían ser pacíficos compañeros de viaje. Por lo menos hace dos décadas.
A medida que partidos y administraciones se dieron cuenta de que el fenómeno de la memoria histórica no podía obviarse, dedicaron sus esfuerzos a convertirse en los únicos intérpretes y, fundamentalmente, arrogarse la exclusividad de la actuación. En todo caso, el papel de entidades y familiares quedaban relegadas a salir en la foto o formar parte del elenco oratorio a los que se les deja el papel emotivo. Por cierto, nunca he entendido por qué casi siempre la última palabra la tienen los representantes administrativos y nunca los familiares o asociaciones. Cosas del protocolo será y no de ocupar espacio público.
El objetivo de hacer desaparecer al movimiento memorialista, más allá de golpes de pecho, casi se ha logrado. Muchas asociaciones han desaparecido, otras se han dividido, se han creado otras instrumentales o se han cooptado a algunas de las existentes. Aunque el golpe más duro ha sido cambiar el campo de juego. Ahora son las asociaciones las que juegan como equipos visitantes en el del administrativo. Liadas y entretenidas en una maraña de las leyes, los decretos, los reglamentos, las exclusividades administrativas y las subvenciones. Un campo más que propicio para el amiguismo, el favoritismo, el uso partidario (muy distinto del político) e, incluso, el castigo al disidente.
Así que, desde hace ya años, la dependencia de asociaciones y familias ha permitido no solo su ninguneo cuando se considera preciso, sino la paulatina, ahora sí, auténtica privatización de las exhumaciones, reduciéndolas cada vez más a un acto individual, discreto, carente de cualquier significado social y público. El laboratorio informa a la Junta, esta a las familias yal ayuntamiento correspondiente para hacer la entrega de los restos. Un camino que deja fuera a las asociaciones y saca del debate público la cuestión. Lejos quedan los tiempos en los que la importancia de la memoria histórica no solo era que los descendientes pudieran cerrar sus duelos, sino también que la actual sociedad andaluza sacara definitivamente los más de cincuenta mil asesinados de su armario colectivo.
Además, el camino llevado por la administración, tanto la actual como las anteriores socialistas, no ha sido precisamente el que ha pensado ante todo en las familias. Un enredo administrativo, además incompleto. No hay reglamentos por lo que, ante las dudas, solo cabe la interpretación, la situación de hecho o, como ha puesto sobre la mesa la asociación cañaílla, la acción ciudadana. La actuación del laboratorio granadino está por debajo de lo esperado, sobrepasado y no preparado para afrontar un reto que, a pesar de los pesares, ha ido aumentando a medida que han pasado los años. El resultado ha sido el retraso de años en comunicar los resultados cuando no han sucedido equivocaciones de atribución de muestras en informes “provisionales”. El caso de Cádiz, al menos.
Por primera vez en mucho tiempo, una asociación ha dado un paso al frente que ha modificado el tablero y las apacibles aguas de la resolución de los trámites administrativos. Primero, con la presentación el pasado 18 de julio las identificaciones denominadas presuntivas en basa a elementos históricos, arqueológicos y antropológicos forenses. Un paso al que, casualidad, le siguió la identificación genética del laboratorio granadino tras varios años de espera. Ahora, en estos días pasados, viene la identificación genética pedida por la familia del alcalde Cayetano Roldán a un laboratorio privado, qué remedio, y la solicitud de Amede al Comisionado de la Concordia de la Junta de Andalucía, de la entrega de sus restos. Restos que, piden al ayuntamiento de La Isla, que sean velados en el salón de plenos municipal antes de su enterramiento.
Dos carambolas de una tacada. El memorialismo reclama su espacio, que ocupa, y saca de la oscuridad a las víctimas.
Al César lo que es del César. Las víctimas no merecen seguir en la obscuridad y el anonimato público.
Ahora a seguir su camino. El rumbo está marcado.
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