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Las próximas elecciones generales serán cruciales en España, como lo están siendo en tantos otros países. La extrema derecha avanza sin descanso y las fuerzas progresistas suelen afrontarlas divididas. Es una tragedia, porque la amenaza a las libertades y a la democracia no es una hipótesis teórica, sino algo que estamos comprobando que sucede en los países donde esas fuerzas llegan al gobierno y disponen de mayorías parlamentarias.
En España vivimos un momento especialmente delicado. Sin gobernar siquiera, la derecha y la extrema derecha utilizan aparatos del Estado e instituciones -desde la policía a la administración de justicia, pasando por el Senado- para combatir por cualquier medio a un gobierno que, desde el primer momento y con independencia de lo que pudiera haber hecho, ya consideraron ilegítimo. Sólo buscan acorralar y acabar, a veces de forma abiertamente inmoral, con quienes no consideran que seamos "españoles de bien", como se definen con exclusividad a sí mismos.
Lo hacen cada vez con más intensidad y con un nerviosismo revelador. Porque, en contra de lo que repite la caja de resonancia mediática de la derecha, el resultado de las próximas elecciones no está escrito. Es cierto que la mayoría de las encuestas señalan su ventaja en intención de voto, pero también en julio de 2023 daban por hecha una mayoría de PP y Vox y las urnas no la confirmaron. Falta, además, mucho tiempo y el voto progresista puede movilizarse y dar muchas sorpresas. La derecha lo sabe y la experiencia pasada la saca de quicio. Por eso va a ir a por todo antes de que las elecciones se celebren y ese es, precisamente, el origen de las prisas, del atropello y de los ataques desaforados contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se quiere derribar como sea.
Por eso resulta descorazonador comprobar que las fuerzas de izquierda no terminen de ponerse de acuerdo, ni siquiera en cuestiones que son de mínimos: defender una democracia, unas libertades y un bienestar hoy claramente amenazados.
A la dificultad que supone la desunión se añade otra, no menos decisiva: las leyes electorales no ayudan a que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías institucionales. Y el caso más flagrante de ello es el del Senado.
Como es sabido, en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. Se trata, pues, de un sistema mayoritario en el que el partido más votado se lleva el 75 % de la representación provincial.
Se castiga, por tanto, al bloque que se presenta fragmentado y, como el voto progresista se reparte entre varias siglas (PSOE, Sumar, Podemos, izquierdas territoriales...), rara vez resulta más votada una sola de ellas, incluso allí donde el conjunto de la izquierda es mayoritario.
La distorsión salta a la vista, como ha mostrado el economista y demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón en un análisis reciente. En las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, los bloques de izquierda y de derecha empataron prácticamente en votos -en torno al 50 % cada uno- y, pese a ello, la derecha se llevó 127 senadores electos frente a los 81 de la izquierda. Un cuasiempate en las urnas se convirtió en una diferencia de más de cuarenta escaños. En no pocas provincias la izquierda fue incluso mayoritaria en votos y, aun así, no logró la mayoría de sus senadores.
Por todas estas razones, un amplio grupo de personas de distintas sensibilidades progresistas estamos impulsando una iniciativa para presionar -y no me duele emplear esta palabra- a los partidos de izquierda para que acuerden candidaturas unitarias al Senado en el mayor número posible de provincias. No hace falta reformar la Constitución, ni la ley electoral, ni ninguna mayoría parlamentaria previa. Basta voluntad política para decidir que, allí donde el bloque progresista es mayoritario, concurra una sola candidatura de tres nombres capaz de ser la más votada y de llevarse tres de cada cuatro senadores.
Y no se trata de un brindis al sol. El propio Fernández Cordón ha estimado, circunscripción a circunscripción, lo que esa unidad podría dar de sí: en un escenario favorable, unas candidaturas unitarias bien planteadas alcanzarían 134 senadores de elección directa, es decir, la mayoría absoluta del Senado. Incluso en el escenario más prudente la izquierda mejoraría con claridad su posición actual. Lo que hoy es una mayoría absoluta de la derecha utilizada para combatir por cualquier medio al gobierno y tratar de bloquear su acción política, podría convertirse, sin cambiar una sola coma de la ley, en una mayoría de progreso.
No es una ocurrencia ni un experimento de laboratorio, sino un camino ya recorrido con éxito en otras ocasiones y territorios y la lección de todas ellas es inequívoca cuando ya no vivimos tiempos de mayorías absolutas de un solo partido: cuando la izquierda se ha presentado unida al Senado, ha ganado; cuando ha ido dividida, se lo ha regalado a la derecha.
Las dificultades para que se haga posible una iniciativa de este tipo no son pocas. En el bloque de progreso conviven fuerzas nacionalistas e independentistas que difícilmente cabrían en una misma papeleta en todo el territorio, y el sectarismo y la falta de lucidez también existen en las filas progresistas. Los partidos deben superarlas quizá intentando no una lista única de ámbito nacional, sino acuerdos pragmáticos por comunidades, o incluso provincia a provincia, allí donde una candidatura conjunta sea viable y sume. No se pide a nadie que renuncie a lo que tiene. Pedimos inteligencia y generosidad, sencillamente, para no regalar a la derecha lo que puede estar en manos del progreso.
Es una iniciativa, además, valiosa en sí misma. No importa gane quien gane el Congreso. Si hay mayoría progresista, un Senado que no sea monopolio de la derecha evita que la Cámara se convierta en una barricada que ha acumulado en dos años y pico más choques institucionales entre las Cámaras y el Gobierno que en las catorce legislaturas anteriores juntas, y con el solo propósito de frenar lo que no logra evitar en las urnas.
Si ganase la derecha y la extrema derecha (ya prácticamente una misma cosa) el riesgo que conlleva no sacar adelante la iniciativa es muy grande. Con los tres quintos de la Cámara, la derecha podría designar por sí sola a los magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación y, más adelante, a una parte del Consejo General del Poder Judicial, terminando de moldear a placer los órganos que deben arbitrar nuestra democracia. Incluso en el peor escenario del Congreso, la iniciativa que impulsamos serviría, al menos, para que la mayoría social plural esté representada y para negar a la derecha esa supermayoría amplificada y ficticia.
Animamos, por eso, a cuantas personas deseen que la mayoría ciudadana progresista se vea representada en el Senado, que quieran acabar con el sectarismo con que se está utilizando la mayoría del PP y que aspiren a una España donde el diálogo, la pluralidad y el respeto presidan la vida política, a que impulsen esta iniciativa.
El manifiesto que la explica con detalle puede leerse en senadoresporlademocracia.es. Pero no debería quedarse en un papel que circule más o menos ampliamente, sino en un banderín de enganche para realizar actos, manifestaciones y convocatorias que, de la forma más amplia y democrática posible, reclamen a los partidos progresistas coherencia y unidad para acudir juntos a las elecciones al Senado.
No podemos resignarnos ante un sistema injusto. Hay que reaccionar y usar con inteligencia las reglas que tenemos para que la voluntad mayoritaria del país deje de estar secuestrada por una cámara diseñada para amplificar al más fuerte. Conseguir un Senado democrático en las próximas elecciones es, ahora, una manera muy concreta de defender la democracia. Y los partidos a quienes nos dirigimos deberían tener presente algo fundamental: no poner en práctica esta iniciativa de unidad no va sólo en su propio perjuicio, sino que supone desarmar aún más a millones de personas que están sufriendo por el desmantelamiento de los servicios públicos, los desahucios, la subida de precios de bienes básicos y por un clima de polarización y enfrentamiento que destroza la convivencia y nos paraliza.
Las próximas elecciones generales serán cruciales en España, como lo están siendo en tantos otros países. La extrema derecha avanza sin descanso y las fuerzas progresistas suelen afrontarlas divididas. Es una tragedia, porque la amenaza a las libertades y a la democracia no es una hipótesis teórica, sino algo que estamos comprobando que sucede en los países donde esas fuerzas llegan al gobierno y disponen de mayorías parlamentarias.
En España vivimos un momento especialmente delicado. Sin gobernar siquiera, la derecha y la extrema derecha utilizan aparatos del Estado e instituciones -desde la policía a la administración de justicia, pasando por el Senado- para combatir por cualquier medio a un gobierno que, desde el primer momento y con independencia de lo que pudiera haber hecho, ya consideraron ilegítimo. Sólo buscan acorralar y acabar, a veces de forma abiertamente inmoral, con quienes no consideran que seamos "españoles de bien", como se definen con exclusividad a sí mismos.
Lo hacen cada vez con más intensidad y con un nerviosismo revelador. Porque, en contra de lo que repite la caja de resonancia mediática de la derecha, el resultado de las próximas elecciones no está escrito. Es cierto que la mayoría de las encuestas señalan su ventaja en intención de voto, pero también en julio de 2023 daban por hecha una mayoría de PP y Vox y las urnas no la confirmaron. Falta, además, mucho tiempo y el voto progresista puede movilizarse y dar muchas sorpresas. La derecha lo sabe y la experiencia pasada la saca de quicio. Por eso va a ir a por todo antes de que las elecciones se celebren y ese es, precisamente, el origen de las prisas, del atropello y de los ataques desaforados contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se quiere derribar como sea.
Por eso resulta descorazonador comprobar que las fuerzas de izquierda no terminen de ponerse de acuerdo, ni siquiera en cuestiones que son de mínimos: defender una democracia, unas libertades y un bienestar hoy claramente amenazados.
A la dificultad que supone la desunión se añade otra, no menos decisiva: las leyes electorales no ayudan a que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías institucionales. Y el caso más flagrante de ello es el del Senado.
Como es sabido, en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. Se trata, pues, de un sistema mayoritario en el que el partido más votado se lleva el 75 % de la representación provincial.
Se castiga, por tanto, al bloque que se presenta fragmentado y, como el voto progresista se reparte entre varias siglas (PSOE, Sumar, Podemos, izquierdas territoriales...), rara vez resulta más votada una sola de ellas, incluso allí donde el conjunto de la izquierda es mayoritario.
La distorsión salta a la vista, como ha mostrado el economista y demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón en un análisis reciente. En las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, los bloques de izquierda y de derecha empataron prácticamente en votos -en torno al 50 % cada uno- y, pese a ello, la derecha se llevó 127 senadores electos frente a los 81 de la izquierda. Un cuasiempate en las urnas se convirtió en una diferencia de más de cuarenta escaños. En no pocas provincias la izquierda fue incluso mayoritaria en votos y, aun así, no logró la mayoría de sus senadores.
Por todas estas razones, un amplio grupo de personas de distintas sensibilidades progresistas estamos impulsando una iniciativa para presionar -y no me duele emplear esta palabra- a los partidos de izquierda para que acuerden candidaturas unitarias al Senado en el mayor número posible de provincias. No hace falta reformar la Constitución, ni la ley electoral, ni ninguna mayoría parlamentaria previa. Basta voluntad política para decidir que, allí donde el bloque progresista es mayoritario, concurra una sola candidatura de tres nombres capaz de ser la más votada y de llevarse tres de cada cuatro senadores.
Y no se trata de un brindis al sol. El propio Fernández Cordón ha estimado, circunscripción a circunscripción, lo que esa unidad podría dar de sí: en un escenario favorable, unas candidaturas unitarias bien planteadas alcanzarían 134 senadores de elección directa, es decir, la mayoría absoluta del Senado. Incluso en el escenario más prudente la izquierda mejoraría con claridad su posición actual. Lo que hoy es una mayoría absoluta de la derecha utilizada para combatir por cualquier medio al gobierno y tratar de bloquear su acción política, podría convertirse, sin cambiar una sola coma de la ley, en una mayoría de progreso.
No es una ocurrencia ni un experimento de laboratorio, sino un camino ya recorrido con éxito en otras ocasiones y territorios y la lección de todas ellas es inequívoca cuando ya no vivimos tiempos de mayorías absolutas de un solo partido: cuando la izquierda se ha presentado unida al Senado, ha ganado; cuando ha ido dividida, se lo ha regalado a la derecha.
Las dificultades para que se haga posible una iniciativa de este tipo no son pocas. En el bloque de progreso conviven fuerzas nacionalistas e independentistas que difícilmente cabrían en una misma papeleta en todo el territorio, y el sectarismo y la falta de lucidez también existen en las filas progresistas. Los partidos deben superarlas quizá intentando no una lista única de ámbito nacional, sino acuerdos pragmáticos por comunidades, o incluso provincia a provincia, allí donde una candidatura conjunta sea viable y sume. No se pide a nadie que renuncie a lo que tiene. Pedimos inteligencia y generosidad, sencillamente, para no regalar a la derecha lo que puede estar en manos del progreso.
Es una iniciativa, además, valiosa en sí misma. No importa gane quien gane el Congreso. Si hay mayoría progresista, un Senado que no sea monopolio de la derecha evita que la Cámara se convierta en una barricada que ha acumulado en dos años y pico más choques institucionales entre las Cámaras y el Gobierno que en las catorce legislaturas anteriores juntas, y con el solo propósito de frenar lo que no logra evitar en las urnas.
Si ganase la derecha y la extrema derecha (ya prácticamente una misma cosa) el riesgo que conlleva no sacar adelante la iniciativa es muy grande. Con los tres quintos de la Cámara, la derecha podría designar por sí sola a los magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación y, más adelante, a una parte del Consejo General del Poder Judicial, terminando de moldear a placer los órganos que deben arbitrar nuestra democracia. Incluso en el peor escenario del Congreso, la iniciativa que impulsamos serviría, al menos, para que la mayoría social plural esté representada y para negar a la derecha esa supermayoría amplificada y ficticia.
Animamos, por eso, a cuantas personas deseen que la mayoría ciudadana progresista se vea representada en el Senado, que quieran acabar con el sectarismo con que se está utilizando la mayoría del PP y que aspiren a una España donde el diálogo, la pluralidad y el respeto presidan la vida política, a que impulsen esta iniciativa.
El manifiesto que la explica con detalle puede leerse en senadoresporlademocracia.es. Pero no debería quedarse en un papel que circule más o menos ampliamente, sino en un banderín de enganche para realizar actos, manifestaciones y convocatorias que, de la forma más amplia y democrática posible, reclamen a los partidos progresistas coherencia y unidad para acudir juntos a las elecciones al Senado.
No podemos resignarnos ante un sistema injusto. Hay que reaccionar y usar con inteligencia las reglas que tenemos para que la voluntad mayoritaria del país deje de estar secuestrada por una cámara diseñada para amplificar al más fuerte. Conseguir un Senado democrático en las próximas elecciones es, ahora, una manera muy concreta de defender la democracia. Y los partidos a quienes nos dirigimos deberían tener presente algo fundamental: no poner en práctica esta iniciativa de unidad no va sólo en su propio perjuicio, sino que supone desarmar aún más a millones de personas que están sufriendo por el desmantelamiento de los servicios públicos, los desahucios, la subida de precios de bienes básicos y por un clima de polarización y enfrentamiento que destroza la convivencia y nos paraliza.
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