sociedad

El calvario judicial de un padre de Cádiz que denuncia la sustracción de sus hijos en Estados Unidos

Marco Aurelio Domínguez manifiesta que lleva tres años entre denuncias y procedimientos desde que decidió permanecer en este continente sin su consentimiento la madre, cuya versión ha intentado obtener este periódico

  • Collage con fotos del padre y algunos de los numerosos documentos aportados.

El verano de 2023 debía ser uno más en familia. Un viaje a Estados Unidos, unas semanas con los abuelos maternos y, después, la vuelta a Cádiz. En el sur de España tenían su casa, sus médicos y su vida cotidiana. Sin embargo, aquel viaje acabó convirtiéndose, según denuncia Marco Aurelio Domínguez, en el comienzo de una separación familiar que todavía intenta resolver por la vía judicial.

Sus dos hijos tenían entonces cuatro y dos años. Hoy permanecen en Estados Unidos con su madre mientras él continúa reclamando que se examine judicialmente si su permanencia en aquel país constituye una sustracción internacional de menores.

"Tras más de tres años de procedimientos, no he podido identificar una resolución que examine materialmente la cuestión planteada desde el principio: si aquella retención fue ilícita", explica a lavozdelsur.es. Este periódico ha intentado en varias ocasiones recabar la versión de la madre, sin éxito.

De una vida en Cádiz a un viaje sin regreso

Marco Aurelio había estudiado Psicología en Alemania. Posteriormente decidió trasladarse a España con su mujer, estadounidense, para cursar Medicina. La familia se estableció en Cádiz, donde podían criar a sus hijos mientras él continuaba su formación.

Durante un tiempo, el matrimonio contempló la posibilidad de trasladarse a Estados Unidos. Sin embargo, las circunstancias cambiaron. "Ella presionaba mucho para mudarnos a Estados Unidos después de que yo acabara los estudios en Cádiz. Y había incomodidad por mi parte, porque yo conocía a su familia estadounidense", relata el padre, que le atribuye planteamientos ideológicos con los que no estaba de acuerdo. 

En mayo de 2023, la madre viajó a Estados Unidos con los menores. Marco Aurelio se incorporó posteriormente al viaje. La familia pasó por Washington y Florida antes de reunirse con los abuelos maternos. Fue allí donde, según su versión, estalló el conflicto. Tras una fuerte discusión, asegura que su mujer lo expulsó de la vivienda y le advirtió de que podía perder a su familia.

"Obviamente era una bandera roja, porque ella ya implícitamente me decía que iba a quedarse. Y yo no iba a consentir eso", recuerda. Los niños debían regresar a España el 29 de agosto de 2023, pero la madre decidió permanecer en Estados Unidos con ellos. Marco Aurelio sostiene que nunca autorizó un cambio definitivo de residencia.

Según su relato, descubrió además que los menores habían sido inscritos meses antes en un colegio estadounidense, circunstancia que interpreta como una señal de que el traslado estaba planificado. En una conversación del 16 de agosto de aquel año, aportada por el denunciante, ambos intercambiaron varios mensajes sobre el regreso. "No me voy sin los niños si esto no está resuelto para el 28 de agosto", escribió Marco Aurelio. La madre le respondió que podía quedarse allí. Cuando él insistió en que regresaría con sus hijos, recibió una contestación tajante: "No lo harás". 

Un procedimiento que se prolonga

De regreso a Cádiz, Marco Aurelio acudió a un abogado e intentó encontrar una solución amistosa. Según explica, la comunicación con su expareja pasó a canalizarse a través de representantes legales. En septiembre de 2023 presentó una denuncia por presunta sustracción internacional de menores, que, según la documentación aportada, fue archivada sin investigación. Paralelamente, emprendió acciones civiles sobre las medidas paternofiliales y trató de activar los mecanismos de cooperación internacional para solicitar el retorno de los niños. Pero el procedimiento no avanzó como esperaba.

Según comparte, dos demandas civiles fueron archivadas antes de que el Juzgado número 5 de Cádiz asumiera el asunto en junio de 2024. El paso del tiempo se convirtió entonces en otro motivo de preocupación. Su abogado estadounidense le advirtió, asegura, de las dificultades que podía encontrar para solicitar el retorno a través de los mecanismos del Convenio de La Haya sin una declaración española sobre la ilicitud de la retención.

Un informe psicológico fechado el 6 de marzo de 2024, cuya información recoge el denunciante, señala un trastorno de adaptación con alteración mixta de emociones y conducta. La evaluación sitúa el comienzo de los síntomas comunicados en agosto de 2023 y menciona dificultades relacionadas con la separación del padre y el cambio de residencia. Por esta razón, Marco Aurelio considera que el alejamiento familiar ha tenido consecuencias directas en su hijo.

Un incidente en enero de 2025 que terminó con el padre detenido

La relación entre los progenitores sufrió un nuevo deterioro en enero de 2025. Marco Aurelio recuerda que, durante una estancia en Estados Unidos, su hijo comenzó a llorar cuando llegó el momento de despedirse. Según su versión, la madre se negó a permitirle que llevara a los niños al colegio al día siguiente.

La situación derivó, asegura, en un enfrentamiento físico en el garaje de los abuelos maternos, terminó detenido y permaneció tres días en prisión. A partir de entonces, sostiene que las visitas presenciales y las comunicaciones se volvieron todavía más difíciles. 

El juicio de Cádiz y las quejas contra la Fiscalía

El 1 de abril de 2025 se celebró una vista civil en Cádiz. Marco Aurelio afirma que acudió con documentación relativa al traslado y otros incidentes que atribuye a la madre. Sin embargo, asegura que durante el juicio no pudo exponer plenamente las circunstancias de la presunta retención ilícita.

"La jueza no me permitió que yo hablase de retención ilícita ni de las circunstancias del traslado de los niños", denuncia. También critica la intervención del Ministerio Fiscal, que, según su relato, prestó mayor atención a la situación económica y al arraigo de los menores en Estados Unidos que a las denuncias sobre su bienestar.

En abril presentó quejas ante la Fiscalía General del Estado y asegura haber recibido respuestas de distintas instancias fiscales, incluidas las de Cádiz y Andalucía, que considera insuficientes.

El padre ha compartido con este periódico algunas conversaciones mantenidas con su expareja. En los mensajes de WhatsApp aportados aparecen solicitudes de llamadas, propuestas de horarios, videoconferencias y discusiones sobre las vacaciones escolares.

De los horarios de las llamadas a las visitas que no llegan a concretarse

Entre agosto y octubre de 2025, las conversaciones reflejan nuevos intentos de organizar encuentros presenciales. Ella comunicó al padre los horarios escolares de los niños, sus actividades extraescolares y algunos datos de sus centros educativos y sanitarios. También le propuso un periodo de visita entre el 1 y el 12 de octubre.

Sin embargo, el acuerdo no llegó a materializarse en los términos que ambos discutían. El 11 de septiembre, la madre comunicó que no podían seguir adelante con la visita porque, según afirmaba, no había recibido información suficiente sobre el alojamiento y la organización del encuentro. En cambio, Marco Aurelio cuestionó que tuviera que facilitar esos datos con tanta antelación.

Las diferencias reaparecieron en octubre, cuando la madre exigió un preaviso mínimo de 30 días para organizar otra visita. Además, el padre reclama conversaciones privadas con sus hijos, sin personas alrededor, y ha cuestionado la utilización de una aplicación de comunicación de pago cuando, según explica, podrían utilizar WhatsApp.

En estos últimos tres años, Marco Aurelio afirma haber presentado cinco denuncias por distintos hechos y considera que los juzgados y la Fiscalía no han abordado adecuadamente las cuestiones que plantea. Además de sus actuaciones judiciales, ha acudido a instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la protección de menores y asegura haber preparado una queja dirigida a la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

 

Solicita que se examine si las actuaciones institucionales han dejado desatendidas necesidades de protección de los niños y que se investigue el posible impacto de los retrasos y las decisiones procesales.

El verano de 2023 debía ser uno más en familia. Un viaje a Estados Unidos, unas semanas con los abuelos maternos y, después, la vuelta a Cádiz. En el sur de España tenían su casa, sus médicos y su vida cotidiana. Sin embargo, aquel viaje acabó convirtiéndose, según denuncia Marco Aurelio Domínguez, en el comienzo de una separación familiar que todavía intenta resolver por la vía judicial.

Sus dos hijos tenían entonces cuatro y dos años. Hoy permanecen en Estados Unidos con su madre mientras él continúa reclamando que se examine judicialmente si su permanencia en aquel país constituye una sustracción internacional de menores.

"Tras más de tres años de procedimientos, no he podido identificar una resolución que examine materialmente la cuestión planteada desde el principio: si aquella retención fue ilícita", explica a lavozdelsur.es. Este periódico ha intentado en varias ocasiones recabar la versión de la madre, sin éxito.

De una vida en Cádiz a un viaje sin regreso

Marco Aurelio había estudiado Psicología en Alemania. Posteriormente decidió trasladarse a España con su mujer, estadounidense, para cursar Medicina. La familia se estableció en Cádiz, donde podían criar a sus hijos mientras él continuaba su formación.

Durante un tiempo, el matrimonio contempló la posibilidad de trasladarse a Estados Unidos. Sin embargo, las circunstancias cambiaron. "Ella presionaba mucho para mudarnos a Estados Unidos después de que yo acabara los estudios en Cádiz. Y había incomodidad por mi parte, porque yo conocía a su familia estadounidense", relata el padre, que le atribuye planteamientos ideológicos con los que no estaba de acuerdo. 

En mayo de 2023, la madre viajó a Estados Unidos con los menores. Marco Aurelio se incorporó posteriormente al viaje. La familia pasó por Washington y Florida antes de reunirse con los abuelos maternos. Fue allí donde, según su versión, estalló el conflicto. Tras una fuerte discusión, asegura que su mujer lo expulsó de la vivienda y le advirtió de que podía perder a su familia.

"Obviamente era una bandera roja, porque ella ya implícitamente me decía que iba a quedarse. Y yo no iba a consentir eso", recuerda. Los niños debían regresar a España el 29 de agosto de 2023, pero la madre decidió permanecer en Estados Unidos con ellos. Marco Aurelio sostiene que nunca autorizó un cambio definitivo de residencia.

Según su relato, descubrió además que los menores habían sido inscritos meses antes en un colegio estadounidense, circunstancia que interpreta como una señal de que el traslado estaba planificado. En una conversación del 16 de agosto de aquel año, aportada por el denunciante, ambos intercambiaron varios mensajes sobre el regreso. "No me voy sin los niños si esto no está resuelto para el 28 de agosto", escribió Marco Aurelio. La madre le respondió que podía quedarse allí. Cuando él insistió en que regresaría con sus hijos, recibió una contestación tajante: "No lo harás". 

Un procedimiento que se prolonga

De regreso a Cádiz, Marco Aurelio acudió a un abogado e intentó encontrar una solución amistosa. Según explica, la comunicación con su expareja pasó a canalizarse a través de representantes legales. En septiembre de 2023 presentó una denuncia por presunta sustracción internacional de menores, que, según la documentación aportada, fue archivada sin investigación. Paralelamente, emprendió acciones civiles sobre las medidas paternofiliales y trató de activar los mecanismos de cooperación internacional para solicitar el retorno de los niños. Pero el procedimiento no avanzó como esperaba.

Según comparte, dos demandas civiles fueron archivadas antes de que el Juzgado número 5 de Cádiz asumiera el asunto en junio de 2024. El paso del tiempo se convirtió entonces en otro motivo de preocupación. Su abogado estadounidense le advirtió, asegura, de las dificultades que podía encontrar para solicitar el retorno a través de los mecanismos del Convenio de La Haya sin una declaración española sobre la ilicitud de la retención.

Un informe psicológico fechado el 6 de marzo de 2024, cuya información recoge el denunciante, señala un trastorno de adaptación con alteración mixta de emociones y conducta. La evaluación sitúa el comienzo de los síntomas comunicados en agosto de 2023 y menciona dificultades relacionadas con la separación del padre y el cambio de residencia. Por esta razón, Marco Aurelio considera que el alejamiento familiar ha tenido consecuencias directas en su hijo.

Un incidente en enero de 2025 que terminó con el padre detenido

La relación entre los progenitores sufrió un nuevo deterioro en enero de 2025. Marco Aurelio recuerda que, durante una estancia en Estados Unidos, su hijo comenzó a llorar cuando llegó el momento de despedirse. Según su versión, la madre se negó a permitirle que llevara a los niños al colegio al día siguiente.

La situación derivó, asegura, en un enfrentamiento físico en el garaje de los abuelos maternos, terminó detenido y permaneció tres días en prisión. A partir de entonces, sostiene que las visitas presenciales y las comunicaciones se volvieron todavía más difíciles. 

El juicio de Cádiz y las quejas contra la Fiscalía

El 1 de abril de 2025 se celebró una vista civil en Cádiz. Marco Aurelio afirma que acudió con documentación relativa al traslado y otros incidentes que atribuye a la madre. Sin embargo, asegura que durante el juicio no pudo exponer plenamente las circunstancias de la presunta retención ilícita.

"La jueza no me permitió que yo hablase de retención ilícita ni de las circunstancias del traslado de los niños", denuncia. También critica la intervención del Ministerio Fiscal, que, según su relato, prestó mayor atención a la situación económica y al arraigo de los menores en Estados Unidos que a las denuncias sobre su bienestar.

En abril presentó quejas ante la Fiscalía General del Estado y asegura haber recibido respuestas de distintas instancias fiscales, incluidas las de Cádiz y Andalucía, que considera insuficientes.

El padre ha compartido con este periódico algunas conversaciones mantenidas con su expareja. En los mensajes de WhatsApp aportados aparecen solicitudes de llamadas, propuestas de horarios, videoconferencias y discusiones sobre las vacaciones escolares.

De los horarios de las llamadas a las visitas que no llegan a concretarse

Entre agosto y octubre de 2025, las conversaciones reflejan nuevos intentos de organizar encuentros presenciales. Ella comunicó al padre los horarios escolares de los niños, sus actividades extraescolares y algunos datos de sus centros educativos y sanitarios. También le propuso un periodo de visita entre el 1 y el 12 de octubre.

Sin embargo, el acuerdo no llegó a materializarse en los términos que ambos discutían. El 11 de septiembre, la madre comunicó que no podían seguir adelante con la visita porque, según afirmaba, no había recibido información suficiente sobre el alojamiento y la organización del encuentro. En cambio, Marco Aurelio cuestionó que tuviera que facilitar esos datos con tanta antelación.

Las diferencias reaparecieron en octubre, cuando la madre exigió un preaviso mínimo de 30 días para organizar otra visita. Además, el padre reclama conversaciones privadas con sus hijos, sin personas alrededor, y ha cuestionado la utilización de una aplicación de comunicación de pago cuando, según explica, podrían utilizar WhatsApp.

En estos últimos tres años, Marco Aurelio afirma haber presentado cinco denuncias por distintos hechos y considera que los juzgados y la Fiscalía no han abordado adecuadamente las cuestiones que plantea. Además de sus actuaciones judiciales, ha acudido a instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la protección de menores y asegura haber preparado una queja dirigida a la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

 

Solicita que se examine si las actuaciones institucionales han dejado desatendidas necesidades de protección de los niños y que se investigue el posible impacto de los retrasos y las decisiones procesales.

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