A quienes hacen política en una democracia, se les supone conocimientos elementales sobre lo que hablan, más cuando refutan al contrario con argumentos que acaban con el latiguillo “anomalía democrática”, para seguidamente, hacer una defensa cerrada de la Constitución Española (CE). Da igual el asunto que esa, aquella es la coletilla y esta es el soporte. Eso sí, en abstracto. Luego, si se escarba un poquito, se comprueba que esas personas no saben de lo que hablan, que ni siquiera se han leído el articulado constitucional, ni su interpretación y aplicación práctica. Eso, equivale a mentir.
Es de común ver a cualquier dirigente del partido popular utilizar aquella apostilla y desmerecer cualquier acuerdo o conversación con los partidos soberanistas, salvo que esos diálogos o pactos los haga esa formación política, porque, dicen, así lo quiere España, de la que se sienten genuinos propietarios ius ad rem (plenos adquirentes del derecho).
Pero, veamos eso de la indisoluble unidad de la Nación española, que es patria común e indivisible de todos los españoles. Es lo que establece el art. 2 de la CE en su primera parte, es decir, que se está ante una concepción amplia y compleja para todo el Estado cuya distribución de poderes es vertical, que lo ejercen y se distribuyen en nacionalidades y regiones, que es la parte segunda de dicho precepto y que olvida el partido popular. Todas ellas gozan de autonomía en la aplicación de sus competencias que, también, emanan, como no puede ser de otra forma, de la CE. Se puede afirmar que España está formada por una pluralidad de instituciones territoriales dotadas de autonomía entre sí y respecto del Estado.
Ahora bien, el sujeto unitario no es el Estado, sino el pueblo español, que es donde reside la soberanía nacional y del que emanan todos los poderes públicos, sin perjuicio de que la unidad de la Nación viene configurada por el reconocimiento del derecho de las nacionalidades y regiones del Estado Español a decidir sus propias políticas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, incluyendo su propia lengua y símbolos, cuyo refrendo corresponde a los pueblos de cada uno de esos territorios.
Siendo cierto que autonomía no equivale a soberanía, el concepto autonomía sí que está ligado el derecho a decidir y es aquí donde desbarra el partido popular una y otra vez, se descompone cuando se alude a ese derecho, ignorando por indocumentados, que es la propia CE quien avala dicho término que significa que los ciudadanos españoles tienen el poder de decidir, no solo en el ámbito competencial de su nacionalidad o comunidad autónoma, también sobre la reforma de la Constitución que, en ningún caso, tiene la condición de eterna y en la que no tiene cabida la “democracia militante”, que es la que propugna el partido popular, desconociendo así la doctrina constitucional que afirma que “no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional”, por lo que, no solo es posible reclamar o defender tal aspiración y/o voluntad política que puede ser expresada en una realidad jurídica según viene manteniendo el Tribunal Constitucional, es que puede conformarse un nuevo poder constituyente que sometido a la voluntad popular puede reformar la CE, siempre siguiendo los cauces constitucionales.
Dicho esto, las elecciones generales del 23J han marcado un escenario en dos sentidos, el primero, es que no tendrá apoyo un nuevo gobierno que involucione y derogue derechos, especialmente, las mujeres y los colectivos LGTBI, lo han dejado más que claro. El segundo, el nuevo gobierno de coalición progresista debe resolver el conflicto territorial mediante acuerdo de las partes implicadas. La plurinacionalidad española o lo que es lo mismo, las nacionalidades históricas, son un hecho político y jurídico reconocido constitucionalmente, lo integran Catalunya, Euskadi, Galiza, València y Andalucía, esta última, a diferencia de las demás, alcanzó la condición de nacionalidad histórica tras ejercer su derecho a decidir, en 1980, ¡ojo!, en referéndum.
No está claro si Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) reconocen, siquiera formalmente el hecho político plurinacional que convive en España, como tampoco si van a incorporar a la dirección de Estado a los partidos soberanistas, como viene reiterando Podemos, lo que, por cierto, no sería más que cumplir con el nítido encargo de sentar las bases del acuerdo que resuelva la cuestión territorial española, especialmente en Catalunya. Primera estación, la mesa del Congreso de los Diputados.
En caso contrario, la repetición electoral será inevitable, lo que podría dar lugar, no pueden descartarse, a nuevas reconfiguraciones de las coaliciones políticas de la izquierda que integrarían el hecho político de la plurinacionalidad del Estado Español, lo que podría obtener el resultado menos deseado para el ya moribundo bipartidismo. Pinocho Feijóo, ¿líder? del partido creado por el franquista Manuel Fraga, cuya finalidad es gobernar a cualquier precio, aun si debilita la democracia, podría abrir la puerta, como le señala el fascista Abascal, a ilegalizar partidos independentistas, reforzar la presencia militar en País Vasco y Cataluña, y quitaría competencias y "privilegios" a las comunidades autónomas.
La cuestión aquí, es si Yolanda Díaz, ¿se atrevería? Podemos, por lo que defiende, se oye y se lee, no se asustaría, lo haría, porque, lo que está claro es que Pedro Sánchez, temblaría a priori, pues una cosa es caracolear y otra coger el toro constitucional (Uría apunta un camino) por los cuernos y poner en la mesa la plurinacionalidad española. Moraleja, España no es país para cobardes.
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