O mucho me equivoco o más temprano que tarde veremos cómo Pedro Sánchez firma un pacto de legislatura similar al todavía vigente, que esta vez incluirá a los catalanistas de Junts. Cerrada la fallida opción de la investidura de Feijóo, habrá pacto de las izquierdas y los nacionalistas, acuerdo que traerá consigo la amnistía, pero no el referéndum. Amnistía habrá porque es una necesidad no solo de los catalanistas, sino para todos los españoles demócratas, por la simple razón de que es inadmisible en un estado de derecho tener a cientos de ciudadanos procesados por actos de naturaleza política. El problema lo generaron por igual los que metieron a Cataluña en un callejón sin salida y los que utilizaron la justicia y la policía antidisturbios para hacer política sabiendo que eso no es asumible en una democracia europea, por más que griten contra la amnistía, la derecha y los obispos.
También habrá derecho de autodeterminación, pero no como consecuencia de ningún pacto, sino porque eso es algo de lo que no se puede privar a nadie. Todos tenemos el derecho de autodeterminación, como tenemos el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda o al ejercicio del voto. Es un derecho inalienable de todos los pueblos, pero un derecho abstracto que solo se materializa mediante instrumentos políticos y jurídicos como son un referéndum y una constitución. Y hasta ahí no llegaremos, entre otras cosas, porque los independentistas saben que el referéndum es una línea roja infranqueable. Sostengo, además, que los independentistas tampoco quieren ejercer el derecho de autodeterminación, aunque les interesa usarlo como espantajo para obtener aquello que de verdad ansían, que no es otra cosa que más financiación.
Si se fijan bien (en política las palabras suelen esconder su verdadera intención) verán que nadie habla de que el pacto ha de incluir la realización de un referéndum, sino de empezar a "trabajar en crear las condiciones" para la organización de un referéndum. O sea, "trabajar para crear las condiciones" es como aquello de "crear el marco previo para entablar el diálogo conducente a facilitar las premisas básicas del acuerdo para un futuro de entendimiento entre las partes". En política toda esa retahíla de palabras huecas no significa nada, aunque la derecha (que lo sabe) la usa y la usará para seguir pescando votos en el caladero del anticatalanismo. Y los independentistas para contentar a sus votantes y militantes. Humo. Aunque humo políticamente tóxico que, como adictos al tabaco, aspiran a bocanadas quienes no quieren conocer la verdad, sino que les sigan alimentando los prejuicios y los odios. Así andamos en este atribulado país.
Lo curioso de todo esto es ver cómo las palabras consiguen esconder las verdaderas intenciones. Veremos pacto y amnistía, elementos con los que las burguesías vasca y catalana y la izquierda posibilista tratan de ocultar la asimetría del estado autonómico que ya cuece en los fogones de la trastienda. Y especialmente la financiación que eso conlleva. Todo el ruido que arman con la amnistía y el supuesto referéndum no tiene otra intención de ponerle sordina a una relectura de la Constitución que rompa el equilibrio autonómico y el principio de solidaridad conquistados por el pueblo andaluz con las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980.
No hay peligro alguno de que España se rompa, pierdan cuidado. Pero sí que el sistema autonómico resultante del enorme peso adquirido en las elecciones del 23 de julio por los nacionalismos del norte perjudique a Andalucía. La nueva (vieja, en realidad) interpretación de la Constitución la puso sobre la mesa hace meses el lehendakari Iñigo Urkullu mediante un artículo publicado en El País y que forma parte de las conversaciones mantenidas en Waterloo el 15 de septiembre entre el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el expresidente Puigdemont. Las burguesías vasca y catalana han recuperado la tradicional sintonía que perdieron a raíz de la fallida proclamación unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017. Urkullu habla de actualización de los derechos históricos, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución.
Pero Andalucía ha de gritar muy fuerte que sin Andalucía no habrá nuevo modelo autonómico. La solución a esa tentación de asimetría no es volver a la rancia España "una, grande y libre" que tanto ansía la derecha, sino a una nueva organización federal que resuelva de una vez por todas el problema territorial de este país. El debate de la cuestión territorial es pertinente, pero no como vía al pasado. Ni al pasado de la uniformidad, ni al pasado de la autonomía jibarizada por el artículo 143 de la Constitución, contra el que se rebelaron en las calles dos millones de andaluces.
El rumbo ha de ser hacia una organización federal en la que Andalucía obtenga el reconocimiento de comunidad histórica en igualdad con Cataluña, País Vasco y Galicia. Igualdad política y de recursos económicos que nos permita salir de la subordinación y nos libre del yugo que nos condena a ser territorio proveedor de mano de obra y prestación de servicio turístico para el disfrute de los ricos del norte. Esto último es lo que realmente Andalucía se juega en el previsible pacto para una nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No es casualidad que Junts haya puesto sobre la mesa la cifra de 450.000 millones de euros de una supuesta deuda histórica de España hacia Cataluña.
Que no nos la den con queso. Ni la amnistía ni el derecho de autodeterminación ni el referéndum son problemas reales para el futuro de los andaluces. Nuestro problema es la deriva hacia un modelo asimétrico, desigual, insolidario al que nos quieren conducir Urkullu y Puigdemont. Ellos ejercen su derecho a defender sus intereses, como Andalucía ha de ejercer el suyo, a ser oída y tenida en cuenta a la hora de delimitar un nuevo modelo autonómico, que tiene que estar basado sobre el federalismo, no en la asimetría. Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.
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