El número de mujeres y menores víctimas de violencia de género que han solicitado asistencia a través del Teléfono de Información a las Mujeres de la Junta ha crecido solo en Cádiz un 166,66% en el mes de agosto. Estos son los datos proporcionados por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, que no ha dudado en achacar esta subida a la difusión de la campaña contra los malos tratos —que no violencia de género, según este organismo— lanzada ese mismo mes en la comunidad andaluza y que generó una enorme polémica por su contenido y su forma.
Así, la consejera de Igualdad Rocío Ruiz volvía a defender que la administración pública usara fotografías de mujeres sonrientes procedentes de un banco de imágenes de clínicas dentales europeas porque entendían que eso “permite dar visibilidad y reconocer públicamente la valentía y el coraje de las mujeres supervivientes”. Es cuanto menos cuestionable que esa “felicidad” se muestre con mujeres que ni siquiera saben por qué ni para qué sonríen. Nadie cuestiona nunca, ni debería hacerlo, esa llamada valentía de las mujeres que sufren agresiones a manos de hombres que deberían tratarlas como una igual y no como un objeto que golpear.
Críticas aparte a una campaña cuanto menos cuestionable, y que en numerosos círculos se ha considerado que tiene por detrás la mano del partido de ultraderecha Vox y su constante negación de la violencia de género, las cifras proporcionadas por el Gobierno andaluz no son motivo de algarabía ya que ponen sobre la mesa la existencia real de un problema social que no conseguimos atajar, en buena medida porque los gobiernos no lo tratan con la seriedad que merece. El número oficial de mujeres asesinadas en este 2019 solamente a manos de sus parejas o exparejas ya ha ascendido a 44, nueve de ellas en Andalucía —la primera en la lista de comunidades españolas—, no oficiales lamentamos ya 77 feminicidios hasta la fecha. Datos para nada satisfactorios sino todo lo contrario.
Siguiendo con los datos, en Andalucía, el Teléfono de Información a las Mujeres recibía en agosto 3.362 llamadas frente a las 2.396 del mismo periodo de 2018, eso supone 966 más y un incremento del 40,31%. Para la Junta esto son datos positivos, su campaña funciona y las mujeres solicitan más asistencia ante casos de violencia de género. Sin embargo, ¿qué les espera después? ¿De qué nos sirve que un teléfono funcione si hecho el paso más difícil para una víctima —la de denunciar—, se encuentra con un sistema que no las protege como debería, que no destina los recursos necesarios para que se sientan totalmente seguras? ¿Cómo explicarles a esas mujeres que hayan denunciado —o se planteen hacerlo—, por ejemplo en El Ejido (Almería), que su gobierno local había solicitado dejar de utilizar el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (Viogen) del Ministerio del Interior y que funciona en 394 ciudades para evitar nuevos crímenes machistas?
El Gobierno de Andalucía formado por PP y Ciudadanos —y sustentado por Vox— dice que se puede salir del “infierno de la violencia de género” y se da golpes en el pecho al sacar a la luz estos datos, pero lo que no dicen es que no creen realmente en la violencia de género ni en el feminismo —a las palabras del alcalde de Madrid (PP) me remito— y que están más cómodos asumiendo los postulados de un partido de ultraderecha que combatiendo con recursos económicos y sociales la violencia machista.
Hace pocos días conocíamos que una concejal de Vox en Elche (Alicante) había sufrido una agresión a manos de su ex marido y que, ni corta ni perezosa, lamentaba en rueda de prensa que la ley lo tipificase como violencia de género cuando ella lo consideraba “una agresión física puntual”. Ese negacionismo es el que impide que se den pasos hacia delante en la lucha contra la violencia machista, porque recordemos, VOX es clave en muchos gobiernos -el andaluz incluido- y su mensaje anti feminista son miles de piedras en nuestro camino hacia la igualdad.
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