Antonio Saldaña, secretario general del PP en la provincia y candidato a la Alcaldía de Jerez en 2019, consideró en febrero de 2016, tras la declaración en el Tribunal Supremo de su entonces jefa, la ex alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, por la rama jerezana de la Gürtel, por la que el partido de ambos ya ha sido condenado como partícipe a título lucrativo, que aquello se trataba de "un mero procedimiento administrativo, que no es cohecho ni corrupción". Hasta llegar al Supremo, dada la condición de aforada de la exalcaldesa, la investigación seguida por la Policía Judicial, la Intervención General de la Administración del Estado y los jueces de la Audiencia Nacional Antonio Ruz y José de la Mata señalaban a la actual diputada del partido como clave en las supuestas contrataciones irregulares realizadas entre 2003 y 2004 con la trama de Correa. Finalmente, el Supremo la absolvió. En ese momento, Fiscalía también anunció que no recurriría el archivo. ¿Puede cambiar algo en el juicio del próximo año? Parece que no.
En esta conexión era responsable como intermediario el periodista Isidro Cuberos, viejo compañero de Javier Arenas, ex jefe de prensa del PP andaluz, y que falleció, hace ahora tres años, en extrañas circunstancias. Como se publicó en su momento, el juez De la Mata, que se hizo con la instrucción tras el relevo de Ruz, consideró la “grosera ilegalidad” con que se había actuado, acusando a García-Pelayo por haber desempeñado un papel clave al “ordenar la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios”, encargos, dijo, que se hicieron a las empresas adjudicatarias, Special Events y Down Town Consulting, “sin condición alguna”. Aquello costó a los jerezanos un total de 355.000 euros destinados al diseño de la presencia de Jerez en la feria turística Fitur 2004, pero también, como recoge la instrucción al pago de mordidas.
La Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) recoge en un informe que remitió a la Audiencia Nacional, donde se ha instruido la pieza separada, que“el llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación SL a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros”. Igualmente, destaca que el nombre de García-Pelayo figura en calidad de alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), antiguo órgano autónomo municipal, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. “Consta su antefirma y firma en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada”.La persona que asistía a García-Pelayo era Manuel Báez, en su calidad de secretario del IPDC, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica", al igual que el ex concejal del PP, Bernardo Villar, que como recoge la UDEF también rubricó los contratos.
Solo el hecho de que el PP gobernara en Jerez en coalición con Pedro Pacheco, receloso de la maniobra de su socia de gobierno en torno a Fitur 2004, pudo impedir que los negocios de la red Correa avanzaran al Sur de España. Eso al menos sostienen fuentes municipales que recuerdan cómo la llegada de la gente de Correa a la Moncloíta, como se le conoce a la antigua sede del IPDC, fue en tropel: “Se creían los dueños de aquellos, los jefes”. Nadie sabe cómo acabará el juicio y si finalmente serán los técnicos en exclusiva, para los que en su mayoría la Fiscalía pide siete años de prisión, quienes pagarán por aquello.
Unas adjudicaciones que 'escamaron' a Pacheco, entonces socio de Pelayo
En aquel pacto de gobierno PP-Pacheco, la entonces portavoz del PSA –la marca entonces del ex alcalde andalucista—, Antonia Asencio, aseguraba ante los medios un 23 de enero de 2004: “Yo personalmente no conocía ese contrato; no sé si alguien del PSA estaba al corriente. Valoraremos en su momento si la proyección de Jerez en Fitur es buena o no”. Además del desproporcionado stand en Ifema, sede Fitur, el IPDC también costeó la organización de actuaciones flamencas en El Retiro y en el auditorio Cecilio Rodríguez, así como un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor. En la presentación del desembarco, Pelayo aseguraba eufórica: “Esta inversión en la muestra creará empleo”. Entonces eran 96.000 euros los gastos fijados por la regidora del PP para las arcas municipales. En la inauguración posterior del stand, el 29 de enero, reiteraba: “Es una oportunidad histórica que no vamos a desperdiciar”. La Audiencia Nacional finalmente juzgará la supuesta ilegalidad de un desembolso total de dinero público de 355.000 euros.
Más allá de que la exalcaldesa, y todavía peso pesado del PP en la provincia como coordinadora de la campaña para las elecciones andaluzas del 2D, negara por activa y por pasiva haberse lucrado con esta operación, y negara ante el Supremo que firmase los expedientes, derivando toda responsabilidad hacia los técnicos, lo que finalmente le valió para el archivo provisional de la causa contra su persona, la realidad es que la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 6 de mayo de 2019, semanas antes de las municipales, el juicio por esta pieza separada de la macrocausa por la trama Gürtel.
Un juicio sin políticos
En ese juicio, donde se ha producido la circunstancia tan rocambolesca de que dos de las funcionarias municipales acusadas no solo no intervinieron, sino que alertaron de las irregularidades en un caso, y estaban de baja materna en otro, declararán técnicos y altos cargos municipales, pero no habrá en principio ningún político acusado. Todos los técnicos ya declararon en sede judicial y negaron tener conocimiento de la supuesta trama que se urdía a nivel político. Una de ellos, ha publicado incluso este pasado martes un post en Facebook, temiendo por su vida, una vez que ha quedado fijado el juicio. Serán los técnicos quienes se sienten en el banquillo, pero, sin embargo, sí estará sobrevolando en las vistas el Partido Popular, esta vez envuelto en una rama que fue la primera gran conexión de Correa y su equipo con Andalucía.
A la vista de la enorme polémica en la época, no resulta demasiado creíble que, hace unos años, la entonces alcaldesa y senadora del PP asegurara en un pleno extraordinario exigido por la oposición ante la reapertura de la Gürtel: “Cuando se firman los contratos nadie sabe quiénes son esas personas. Como ustedes comprenderán, tontos no somos. Si hubiéramos sabido quienes eran esas personas no se firman los contratos”. ¿Realmente era posible que Pelayo no conociera a Cuberos, hombre de confianza de Javier Arenas, artífice de aquel pacto de gobierno en Jerez junto a Antonio Sanz? En aquel pleno extraordinario llegó a decir Pelayo: “Aquí no hay ninguna película en la que ni yo ni nadie del Ayuntamiento seamos protagonistas”.
Desde luego, el PP, ya condenado en el primer juicio de la Gürtel con sentencia, volverá a ser protagonista, quedando nuevamente debilitado en su credibilidad ante un caso que olió mal desde el minuto uno. ¿Cómo afectará eso al cartel del candidato Saldaña ante las municipales? ¿Qué representará para sus intereses electorales que conviertan su controvertida campaña —incluso dentro de su propio partido— de Jerez CaPPital en Jerez CaPPital de la Gürtel? Este miércoles, Saldaña desconvocaba a última hora una rueda de prensa que tenía prevista en Jerez alegando motivos de agenda. Según ha sabido lavozdelsur.es, los motivos hay que encontrarlos en la reapertura de una herida para el PP que no termina de cicatrizar. ¿Qué opina Pablo Casado de todo esto?
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