Nada que decir a la decisión del Gobierno andaluz de las derechas de hacer auditorías de las agencias y entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Salvo que se ponen en marcha por imposición de Vox a sus socios, PP y Ciudadanos, y que es una iniciativa cargada de prejuicios y de leyendas urbanas construidas cuando los ahora gobernantes estaban en la oposición.
Al final, el resultado final de este examen a lo que las derechas llaman despectivamente “administración paralela” confirmará que está bien dimensionada, que cumple y responde a su función de servicio público y que los 25.930 empleados (1.330 incorporados en los últimos meses, ya con el actual Ejecutivo) desarrollan su trabajo de manera encomiable por mucho que las fuerzas conservadoras los hayan puesto en entredicho durante tantos años.
Pero lo que es bueno para Andalucía no lo es tanto para Castilla y León. Allí, el gobierno también de perdedores formado por PP y Cs ha rechazado una propuesta de los socialistas, primer grupo en el Parlamento, de realizar una revisión de las empresas públicas para suprimir aquellas que se hayan “desviado” de sus funciones y mantener las que se consideren necesarias. Clara incoherencia de los partidos de derechas.
Las mismas razones que esgrimen en Andalucía les valdrían para hacer lo propio en tierras de la meseta. Quiere decir que lo que están haciendo en estos pagos del sur obedece más a lanzar cortinas de humo para tapar su inacción, a seguir estirando el chicle de propaganda barata sobre la herencia recibida y a contentar a la extrema derecha que tanto necesitan para gobernar.
Y Ciudadanos, aquí y allí, de palmeros del PP, sin autonomía y dejándose robar la cartera… Cuesta abajo y sin frenos.
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