Vincent Coussedière definió el populismo como una reacción política conservadora cuyo origen es una oferta política débil. La extrema derecha española también ha abierto ese frente hace tiempo en la cultura. No le basta con disputar el poder político, cuestionar derechos o confrontar los avances sociales. También quiere decidir qué historia contamos, qué tradiciones merecen protección, qué símbolos representan a España y qué expresiones culturales deben ocupar el espacio público.VOX ha encontrado en la cultura un terreno especialmente útil para construir su proyecto ideológico. Su apuesta consiste en recuperar una imagen idealizada de España, asentada en la tradición católica, la unidad nacional, la tauromaquia y una determinada interpretación de nuestro pasado. Una España uniforme, reconocible y sin demasiadas preguntas.

El problema no es reivindicar la historia, proteger el patrimonio o conservar las tradiciones populares. El problema comienza cuando todo eso se convierte en una operación política para imponer una identidad nacional, seleccionar la memoria colectiva y establecer una frontera entre la cultura que merece reconocimiento y aquella que ideológicamente no gusta. Y esa frontera ya tiene nombres y apellidos. En el verano de 2023, apenas estrenados los pactos entre PP y VOX, el Ayuntamiento de Valdemorillo retiró Orlando, de Virginia Woolf; el consistorio habló de motivos económicos, la compañía denunció que el motivo era el cambio de sexo del protagonista. En Briviesca, gobernada por el PP, desapareció de la programación una obra sobre un maestro republicano fusilado. En Talayuela, con PP, VOX y Extremeñistas en el gobierno, se suspendió una obra contra la violencia machista alegando que no era apta para menores. En Quintanar de la Orden, las compañías denunciaron que se cancelaba su función porque los actores aparecían en calzoncillos. Y en Logroño, el PP, con mayoría absoluta, retiró Despotorre tras las presiones de VOX. Cada ayuntamiento tiene su excusa: el presupuesto, los menores, el escándalo. Pero sumadas, dibujan un patrón. Y conviene subrayar algo: VOX pone el empuje, pero el PP pone las firmas. Sin el partido que gobierna, la guerra cultural se queda en moción.

Se dirá que todo gobierno hace política cultural, y es cierto. Elegir qué se programa, qué se subvenciona y qué se conmemora es legítimo en democracia, incluso cuando la izquierda lo hace con su propia lectura del pasado. Pero una cosa es programar según un criterio y otra retirar lo ya contratado porque su contenido molesta. Hay en esta operación una profunda paradoja. Mientras se proclama la defensa de la cultura española, se la reduce a un repertorio de símbolos, ceremonias, banderas y nostalgias. La tradición se convierte en dogma; la historia, en relato interesado; y la identidad nacional, en un objeto de veneración, algo ridículo pero que les funciona. Es una cultura concebida más para reafirmar que para pensar, más para reproducir certezas que para cuestionarlas. Una cultura convertida en escaparate ideológico, donde el valor de una obra depende menos de su capacidad artística que de su compatibilidad con determinados principios políticos y morales.