Un reciente artículo pone el acento en el hecho de que la capital del Estado acumula cada vez más porcentaje de la riqueza de este, en detrimento de la periferia. Y es que los datos del Instituto Nacional de Estadística constatan una concentración cada vez mayor del PIB per cápita en Madrid y una brecha creciente entre la capital del reino y el resto; el de Madrid, de 47.220 euros, no está lejos de doblar el de Andalucía, que supera en más de 20.000 euros (26.091). Si en el año 2000 la economía madrileña representaba el 17,5% del total español, este 2025 ya ha llegado al 20%. 

Por supuesto, poner el foco en esta cuestión no supone ningún tipo de animadversión hacia la clase trabajadora madrileña ya que, entre otras cosas, aparte de ser la comunidad autónoma más próspera es también la más desigual, donde el 1% más rico disfruta de más de un tercio de la riqueza del territorio, mientras que la mitad de la población con menos ingresos solo posee un minúsculo 6,31%. 

El mensaje habitual de sus gobernantes, empero, trenza el relato de una autonomía pujante, emprendedora y trabajadora por contraste con otras, pasivas e indolentes, entre las cuales ya nos podamos imaginar quiénes están (estamos), con un inconfundible aire de cosmopolitismo y superioridad frente a la tozudez de las ‘provincias’. La antigua presidenta Esperanza Aguirre consideró una “vergüenza” rebajar el número de peonadas para cobrar el PER en Andalucía acusando al por entonces Gobierno Zapatero estatal de utilizar el dinero de los contribuyentes para “dar pitas, pitas, pitas”. Su sucesora Cristina Cifuentes, en la misma línea, declaraba que “los madrileños están pagando 3.000 millones para que los andaluces tengan sanidad y educación”. La misma actitud subyacente fue la demostrada por la actual Isabel Díaz Ayuso, quien defendió la posición de Madrid, de forma reveladora, “como motor de España” estimando en su particular narrativa que la gente se desplaza a la capital del Estado “porque no quiere estar subvencionada” ni “tutelada”, en similar referencia, aunque esta vez implícita, a Andalucía. 

Claro está, a la hora de contabilizar lo aportado y lo recibido por cada cual se olvidan, por ejemplo, las ingentes inversiones del gobierno central en Madrid, como quedan ignorados, también, los salarios percibidos por los funcionarios que trabajan para aquél, porque unas y otros no benefician por igual, con toda evidencia, a las diferentes comunidades autónomas. En el reino de España la administración del Estado ha necesitado tener cerca todos los centros de poder y se ha volcado con la ciudad favoreciendo su industrialización, incluso hasta hacerla trascender su propio espacio físico pero siempre en función de Madrid como centro gravitatorio. Ya a finales del siglo XIX el político republicano federalista catalán Valentí Almirall señaló sin tapujos cómo Madrid hizo su revolución industrial sobre la base de una industria que pronto monopolizó, esto es, la industria política: “Esta ciudad de apariencia tan próspera y floreciente no tiene casi ningún elemento de producción. Su industria es casi nula y el comercio se limita a cubrir las necesidades elementales de la población local. Madrid vive de la política, gracias a lo cual se adjudica una parte sustancial del presupuesto de Estado”. Apoyada en esta palanca, la burguesía madrileña o establecida en Madrid se desarrolló a base de especulación financiera. 

En las últimas décadas, la burguesía española multiplicaba su nacionalismo imperialista contra catalanes, gallegos, vascos, andaluces, asturianos, aragoneses, castellanos, etc., parando en seco la anterior descentralización administrativa (el oficialmente denominado ‘Estado de las Autonomías’) e intensificando la recentralización madrileña. Por ejemplo, en la década entre 1991 y el 2002 la concentración de sedes fiscales de grandes empresas en Madrid ascendió del 82,4% al 90,2%, respectivamente. 

En la línea de las sucesivas presidentas de la Comunidad de Madrid, el retrato de 'pereza' y 'corrupción' encuentra su concreción en el relato de la “Andalucía subsidiada”, que encubre cómo la andaluza es una economía subordinada a los intereses estructurales del Estado español y la Unión Europea, narrativa que se articula a través de mecanismos argumentales como silenciar el lucro cesante debido a los medios de producción que no se nos permiten cultivar (dadas las millonarias ayudas a los grandes terratenientes solo por limpiar sus tierras sin cultivarlas), el trilero método de cálculo establecido para la elaboración de las llamadas balanzas fiscales (prorrateando la aportación de cada comunidad autónoma en función de las respectivas poblaciones, soslayando que quien más se beneficia es la Comunidad de Madrid, sede de los servicios centrales del Estado, como ya hemos apuntado) y computando como impuestos pagados en la capital del reino los de las grandes empresas y transnacionales del Ibex 35, que tienen allí centralizadas sus sedes.

Otro ingrediente que debemos sumar a la receta de la aspiradora centralista, también a menudo objeto de amnesia selectiva, es un esquema radial de comunicaciones cuyo principal beneficiario histórico ha sido, de nuevo, Madrid en detrimento de la periferia peninsular. Con el control ejercido por la dinastía borbónica a partir del siglo XVIII se instaura un régimen centralizado y castellanizado a imagen del modelo francés, uno de cuyos aspectos es la construcción de una red radial de carreteras con cargo a la Corona (lo que hoy llamaríamos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado), a diferencia de la tradición anterior mediante la que la apertura y conservación de caminos era cometido de los municipios, que corrían con los costes en función del uso previsto (criterio económico). 

Este sistema peninsular radial de comunicaciones dejó como consecuencia una Andalucía totalmente desvertebrada, si bien en 1980 llegó la llamada autonomía y con ello hubo algunos cambios positivos, de manera que la A-92 (la antigua Vía Augusta) recuperaba su entidad 500 años más tarde equiparando en capacidad a la radial A-4 que enlaza Andalucía con Madrid, lo que evidenció que, frente a la priorización de la conexión con el centro de poder peninsular pergeñada por los diseñadores centralistas, la troncal andaluza, apenas terminó su ejecución, superó en tráfico a la radial madrileña. Pero el absolutismo centralista borbónico no tardaría en ser reeditado, de tal modo que en septiembre de 1997 el entonces Ministro de Fomento del PP Rafael Arias-Salgado, quien diseñó las autopistas radiales que luego tuvimos que pagar todo el mundo, abogó por reequilibrar el mapa español de infraestructuras con una serie de inversiones que tuvieran en cuenta lo que podríamos denominar los 200 kilómetros a la redonda de Madrid, y la conexión de ciertas zonas del Estado con el centro peninsular. 

Tal es así que desde que José María Aznar asentara como hito de la política de infraestructuras “una red ferroviaria de alta velocidad que, en 10 años, situará a todas las capitales de provincia a menos de cuatro horas del centro de la península”, los sucesivos ministros de Fomento, cual sus antecesores de los años previos a la bancarrota y caída de la monarquía de Isabel II, han ido proclamando sentencias épicas como las de la ministra con el PSOE Magdalena Álvarez, quien se ufanaba de estar “cosiendo España con hilos de acero” como “verdadera forma de defender la unidad de España”; y con pespunte en Madrid, claro está. Tampoco han faltado encendidos alegatos por la justicia universal como los de su homóloga con el PP Ana Pastor, para quien “cuando se puede uno mover en igualdad de condiciones, las personas somos más iguales”; el problema es que unos somos más iguales que otros, claro está. ¿Análisis de la demanda? ¿Alternativas disponibles? ¿Costes? ¿Efectos territoriales? ¿Efectos ambientales? Estas variables no entraron en el cosido con hilos de acero. Por eso el AVE no recupera la inversión, no sufraga completamente el mantenimiento de la infraestructura y no financia la mayor parte de su material móvil. 

Para otro día podríamos repasar la interminable nómina de agravios en virtud de los que los sucesivos gobiernos españoles absolutistas, liberales, moderados, de derecha, izquierda y centro mediopensionista han impedido un eventual desarrollo industrial de Andalucía en favor de la industrialización no solo de Madrid sino del triángulo que une dicho centro geográfico con País Vasco y Cataluña. Dejémoslo de momento en que la realidad no es tan simple como la presentan ciertos discursos y eslóganes demagógicos. Incluso aunque provengan de las propias instituciones.