Este miércoles se celebra en España una huelga general inédita por varios motivos: es la primera que tiene lugar a nivel nacional en plena convocatoria electoral y rompe un paréntesis de 14 años sin paros de este tipo. Además, sus demandas trascienden el ámbito estrictamente laboral –entendido tradicionalmente como el cese colectivo y pacífico del trabajo para defender intereses profesionales–. La movilización, impulsada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT junto a organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, exige garantizar el acceso a una vivienda y a unos salarios dignos.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿puede un conflicto por el precio de la vivienda considerarse un conflicto laboral? A primera vista, parecería que no, pero la respuesta se resume en una idea clave: el derecho de huelga existe para que la clase trabajadora defienda sus condiciones de vida y, hoy en día, esas condiciones se deciden en gran medida en el mercado inmobiliario y bancario, ante la inacción de los poderes públicos.

Huelga y condiciones de vida dignas

Aunque la Constitución española separa el derecho de huelga (art. 28.2), blindado como derecho fundamental, del derecho a la vivienda (art. 47), relegado a un principio rector sin reclamación directa ante los tribunales, en la vida diaria ambos son inseparables. Hoy, el coste desorbitado del alquiler y las hipotecas absorbe la mitad del sueldo de miles de personas e impide que la juventud trabajadora pueda emanciparse. Esta situación vacía de contenido el derecho a un trabajo digno y a una remuneración suficiente (art. 35), porque de poco sirve el salario pactado si el mercado inmobiliario devora el poder adquisitivo real.

Como ya señalé en mi artículo Sin derechos no hay paz social, este vínculo directo entre vivienda y salario legitima el uso de la huelga como herramienta para defender las condiciones materiales de la clase trabajadora y proteger derechos fundamentales como la salud o la intimidad. Un empleo deja de ser digno cuando gran parte de la nómina se destina a pagar un techo, lo que hace que el sueldo se desvanezca y el esfuerzo laboral quede reducido a una mera subsistencia.

Además, para acceder a un puesto y mantenerlo se necesita un espacio estable donde descansar, pues sin un hogar adecuado se quiebra la conciliación, se deteriora la salud física y mental y se precariza la vida cotidiana. A esto se suma que la crisis habitacional levanta una barrera a la movilidad laboral al impedir el traslado a las zonas donde se concentra el empleo, obligando a aceptar trabajos peor pagados en el lugar de origen o a asumir trayectos interminables. Todo ello, frena la promoción profesional y degrada la calidad de vida, y también bloquea la emancipación y la posibilidad de formar un hogar, lastrando la tasa de natalidad y el relevo generacional, porque sin casa no hay proyectos de vida ni familias posibles.

¿Qué dice la ley y cómo la ha interpretado el Constitucional?

El derecho de huelga se reconoce para que quienes dependen de su trabajo equilibren, mediante la presión colectiva, una posición que individualmente tendrían perdida. En esta línea, el artículo 7 de la Constitución encomienda a los sindicatos la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, sin limitarlos a lo que se negocia dentro de cada empresa.

La STC 11/1981, de 8 de abril, fue la primera en delimitar esa frontera: los intereses profesionales no se agotan en lo que puede modificar cada empresario. Cabe la movilización contra decisiones de los poderes públicos que afectan a los trabajadores en cuanto tales. Es lo que se conoce como huelga mixta, a la vez profesional y política. En esa línea se movió la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el Plan de Empleo Juvenil, y las posteriores contra reformas de las pensiones.

La pregunta, entonces, es si la crisis de la vivienda afecta a las personas trabajadoras en cuanto tales. Cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte desproporcionada de la nómina, el sueldo pierde su capacidad real para garantizar unas condiciones de vida dignas, esto es una devaluación salarial encubierta. Por eso, movilizarse por el acceso a la vivienda constituye una forma legítima de proteger el trabajo decente.

El miedo que se paga con la nómina

Existe también un efecto menos visible. Quien teme perder su hogar si pasa un mes sin ingresos negocia desde la debilidad: acepta horarios interminables, renuncia a reclamar las horas extra, calla ante un trato injusto y claudica frente a condiciones laborales indignas. La inseguridad habitacional propicia los abusos en el trabajo. Por eso, un empleo inestable sobre un techo precario difícilmente puede llamarse digno, y por eso la crisis de la vivienda condiciona la libertad real con la que se trabaja.

Esta carga, además, no se reparte por igual. Para muchas mujeres, especialmente las madres sin pareja o las víctimas de violencia de género, la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible termina determinando si pueden marcharse de casa o no. Dificultades similares atraviesan la juventud, las personas mayores, con discapacidad y la población migrante, colectivos que sufren con mayor intensidad esta presión al enfrentarse a salarios o pensiones más bajos y a una mayor precariedad.

Un problema que afecta a toda la sociedad

Sería un error leer esta huelga como un pulso contra las pequeña empresas. Muchas empresas ya tienen serias dificultades para encontrar y retener personal porque su personal no puede costearse vivir cerca de su puesto ni asumir el gasto, el tiempo y el desgaste de desplazarse a diario desde la periferia, entre el alto precio del combustible y un transporte público saturado. A ello se suma la subida desmedida de los alquileres comerciales, que obliga a cerrar o reubicarse en espacios de coworking a muchos negocios de proximidad. De este modo, el acceso al suelo y a la vivienda ha dejado de ser un factor externo para convertirse en un problema operativo del propio sistema productivo. Por ello, la salida exige una responsabilidad compartida entre los poderes públicos, los operadores jurídicos, la clase trabajadora y el conjunto de la ciudadanía.

El derecho a defender el Estado social y democrático de derecho

La movilización en España se suma a otras protestas masivas en países como Francia, Italia o Serbia. Aunque cada una responde a su propio contexto, y tienen sus causas y efectos, todas comparten un mismo trasfondo: personas trabajadoras y estudiantes que salen a la calle porque su esfuerzo ya no les garantiza un proyecto de vida ni un presente estable. Vincular esta convocatoria de huelga a la defensa de unos salarios justos, del poder adquisitivo y del acceso a un techo supone proteger uno de los pilares básicos de cualquier Estado social y democrático de derecho. Sin hogares asequibles y con empleos inestables no hay bienestar posible, ni paz social. Es hora de abordar la vivienda como una auténtica cuestión de Estado y blindarla en las leyes como un derecho exigible.