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Interior ordena a Policía Nacional y Guardia Civil que impidan barricadas y actúen frente a piquetes violentos

El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ordena garantizar el derecho de huelga y proteger las infraestructuras críticas. También establece medidas para asegurar el acceso a polígonos industriales, comercios y servicios de transporte

  • Agentes de Policía Nacional sostienen a piquetes informativos en Mercamálaga. -

El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Policía Nacional y la Guardia Civil para desplegar los dispositivos de seguridad necesarios durante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre. La orden busca garantizar el ejercicio del derecho de huelga y el desarrollo de las manifestaciones, pero también impedir cortes de tráfico, barricadas y actuaciones violentas de piquetes que puedan afectar a trabajadores, establecimientos comerciales o servicios esenciales.

La instrucción, fechada el pasado 6 de octubre y dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, establece que los cuerpos policiales deberán "vigilar y garantizar el normal desarrollo de las concentraciones y manifestaciones que se celebren con ocasión de la huelga", según han señalado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Para ello, las direcciones generales de ambos cuerpos deberán diseñar los operativos y las correspondientes órdenes de servicio dentro de sus respectivas competencias.

Barricadas, piquetes violentos y accesos a polígonos industriales

Uno de los principales ámbitos de actuación será la red de carreteras. Interior ha ordenado "evitar la interrupción del tráfico rodado e impedir la colocación de barricadas o el estacionamiento de vehículos ocupando los carriles de circulación".

La vigilancia también se extenderá a los accesos a los polígonos industriales, donde los agentes deberán facilitar la entrada y salida de quienes decidan acudir a sus puestos de trabajo, "evitando la actuación coercitiva de los piquetes que utilicen la violencia".

Estas medidas alcanzarán igualmente a las áreas comerciales y los mercados centrales de abastecimiento, donde deberá garantizarse el movimiento de personas y mercancías.

La instrucción presta especial atención a los pequeños establecimientos comerciales, cuya actividad deberá protegerse "ante la posible acción de piquetes coercitivos o violentos".

Protección del transporte público y las infraestructuras críticas

El dispositivo también contempla actuaciones específicas en el transporte. En las cocheras de autobuses urbanos e interurbanos y del metro, los agentes deberán proteger a los trabajadores encargados de los servicios mínimos y a aquellos conductores que quieran continuar trabajando.

En cuanto al ferrocarril, Interior ha pedido evitar interrupciones del tráfico ferroviario y posibles daños materiales tanto en estaciones como en las vías.

La vigilancia se reforzará, además, en las infraestructuras críticas y estratégicas, "evitando cualquier acción que pretenda alterar su normal funcionamiento".

A estas medidas se suma una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de noviembre, que establece que al menos el 80% del personal de seguridad privada adscrito a servicios esenciales deberá trabajar durante la jornada de huelga.

Esta obligación afecta a la protección de instalaciones especialmente sensibles, entre ellas centrales nucleares, refinerías, plantas petroquímicas y depósitos de combustible.

 

El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Policía Nacional y la Guardia Civil para desplegar los dispositivos de seguridad necesarios durante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre. La orden busca garantizar el ejercicio del derecho de huelga y el desarrollo de las manifestaciones, pero también impedir cortes de tráfico, barricadas y actuaciones violentas de piquetes que puedan afectar a trabajadores, establecimientos comerciales o servicios esenciales.

La instrucción, fechada el pasado 6 de octubre y dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, establece que los cuerpos policiales deberán "vigilar y garantizar el normal desarrollo de las concentraciones y manifestaciones que se celebren con ocasión de la huelga", según han señalado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Para ello, las direcciones generales de ambos cuerpos deberán diseñar los operativos y las correspondientes órdenes de servicio dentro de sus respectivas competencias.

Barricadas, piquetes violentos y accesos a polígonos industriales

Uno de los principales ámbitos de actuación será la red de carreteras. Interior ha ordenado "evitar la interrupción del tráfico rodado e impedir la colocación de barricadas o el estacionamiento de vehículos ocupando los carriles de circulación".

La vigilancia también se extenderá a los accesos a los polígonos industriales, donde los agentes deberán facilitar la entrada y salida de quienes decidan acudir a sus puestos de trabajo, "evitando la actuación coercitiva de los piquetes que utilicen la violencia".

Estas medidas alcanzarán igualmente a las áreas comerciales y los mercados centrales de abastecimiento, donde deberá garantizarse el movimiento de personas y mercancías.

La instrucción presta especial atención a los pequeños establecimientos comerciales, cuya actividad deberá protegerse "ante la posible acción de piquetes coercitivos o violentos".

Protección del transporte público y las infraestructuras críticas

El dispositivo también contempla actuaciones específicas en el transporte. En las cocheras de autobuses urbanos e interurbanos y del metro, los agentes deberán proteger a los trabajadores encargados de los servicios mínimos y a aquellos conductores que quieran continuar trabajando.

En cuanto al ferrocarril, Interior ha pedido evitar interrupciones del tráfico ferroviario y posibles daños materiales tanto en estaciones como en las vías.

La vigilancia se reforzará, además, en las infraestructuras críticas y estratégicas, "evitando cualquier acción que pretenda alterar su normal funcionamiento".

A estas medidas se suma una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de noviembre, que establece que al menos el 80% del personal de seguridad privada adscrito a servicios esenciales deberá trabajar durante la jornada de huelga.

Esta obligación afecta a la protección de instalaciones especialmente sensibles, entre ellas centrales nucleares, refinerías, plantas petroquímicas y depósitos de combustible.

 
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