En julio se publicó el libro Desigualdad y Pacto Social, coordinado por el profesor Luis Ayala que nos ofrece pistas muy interesantes de porqué debe importarnos la desigualdad y cómo combatirla.
La investigación realizada por el equipo que ha redactado el informe se centra en España, pero no podemos perder de perspectiva que la desigualdad afecta tanto a los países empobrecidos como a los propios países ricos, entre los que se encuentra España. Las desigualdades provocadas por un capitalismo transnacional, voraz, extractivista y especulativo se extienden hoy al conjunto del planeta.
Según el estudio citado, España es desde las últimas décadas uno de los países más desiguales de la UE en la distribución de los ingresos, el quinto más desigual entre los 27 de la UE. Y esa desigualdad no ha parado de crecer a partir de la crisis de 2008 y se ha acentuado con la pandemia del covid y amenaza con dispararse por las consecuencias de la nueva crisis que ya padecemos, en parte derivada de la guerra de Ucrania, pero sobre todo por las consecuencias de la crisis climática y de los combustibles fósiles que se agotan y por cuyo control se desatan nuevos conflictos (políticos, económicos y militares) de cada vez mayor envergadura.
Es interesante señalar que, como se remarca en el estudio, en los tiempos de crisis la desigualdad se dispara, los pobres se hacen más pobres y los ricos se enriquecen aún más. En cambio, cuando se dinamiza la actividad económica los ricos se hacen aún más ricos, pero los pobres nunca recuperan lo perdido.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE del pasado julio confirmaba que el 20% de la población con mayores ingresos multiplicaba por 6,2 los ingresos del 20% de la población con menores ingresos. Y que esa cifra no paraba de crecer desde 2009.
Una de las consecuencias es obvia y también la señalaba la ECV: se incrementa la pobreza en nuestro país. El 27,8% de la población residente en España en 2021 se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 27,0% registrado el año anterior.
Pero el estudio coordinado por Luis Ayala nos señala otras consecuencias no menos perturbadoras que convierten a la desigualdad desatada en un polvorín social. Más allá de la enorme vulneración de los derechos humanos provocada, se degrada la cohesión social, se socava la calidad democrática y se pervierten las instituciones y se fragmenta la sociedad.
Es absolutamente injusto y a la vez intolerable que durante las crisis ya casi estructurales que padecemos los ricos sigan enriqueciéndose a costa de la gente más vulnerable y desfavorecida. Son indecentes los beneficios estratosféricos por ejemplo de la banca o de las empresas energéticas, o el sueldo de sus directivos, mientras miles de familias apenas si pueden llegar a fin de mes o tienen que subsistir de las ayudas sociales.
El crecimiento sin control de la inflación es otro factor de desigualdad. Los indicadores están dando cuenta ya de la profundidad de la crisis y la imposibilidad de acceso a derechos como la vivienda, la energía o internet.
Como dice la Fundación Foessa, es primordial actuar de manera muy rápida tanto por la vía de los ingresos como de la vivienda. Es necesario recuperar el empleo, un empleo estable y digno, pero mientras tanto necesitamos de una garantía de ingresos y políticas de vivienda suficientes.
Resulta imprescindible así actuar desde los poderes públicos, y así lo reclamamos al Gobierno de España y a los de las Comunidades Autónomas para el control de los precios ya. Y que sean quienes se enriquecen quienes asuman esa contención.
Al tiempo es imprescindible una reforma en profundidad del sistema fiscal (una de las grandes asignaturas pendientes en este país: recuérdese el art. 31 de la Constitución que establece un “sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”), de forma que cumpla su función redistributiva de los ingresos. No podemos seguir tolerando que los ricos apenas paguen o evaden impuestos y sean los trabajadores y trabajadoras los que soporten todo el peso de la fiscalidad y por tanto todo el coste de la necesaria actuación social del Estado.
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