escuela de salud

Votos por un Senado de progreso para defender la sanidad pública

La posibilidad de construir una mayoría de progreso en el Senado abre un debate necesario sobre la coordinación entre las fuerzas políticas, la defensa de los servicios públicos y la responsabilidad de proteger los derechos conquistados

  • Sánchez durante un debate en el Senado con Feijóo al fondo.

Hay debates que no deberíamos aplazar. Uno de ellos es qué papel queremos que desempeñe el Senado en la próxima legislatura y qué consecuencias puede tener que su mayoría política sea distinta de la del Congreso.

Durante demasiado tiempo, el Senado ha ocupado un lugar secundario en la conversación pública. Se habla mucho del Congreso, de la investidura y de los pactos de Gobierno. Sin embargo, el Senado también participa en la elaboración de las leyes, ejerce funciones de control y desempeña un papel relevante en la representación territorial y en determinados nombramientos institucionales. No es una Cámara irrelevante. Su composición puede influir en el desarrollo de una legislatura.

Por eso, conseguir una mayoría de progreso en el Senado merece una reflexión ya que afecta también a la composición del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.

Dos cámaras, dos papeletas y una responsabilidad

Hay una primera aclaración fundamental: votar al Congreso y votar al Senado no es necesariamente lo mismo. Son dos elecciones diferentes, con papeletas y sistemas electorales distintos. En el Congreso se votan listas cerradas y bloqueadas. En el Senado, la ciudadanía puede elegir directamente a las personas candidatas que considera oportunas. En las circunscripciones provinciales peninsulares se pueden marcar hasta tres nombres, incluso de candidaturas diferentes.

Esto permite mantener la pluralidad de opciones en el Congreso y, al mismo tiempo, debatir fórmulas de coordinación para el Senado. Un acuerdo para esta Cámara no debería interpretarse automáticamente como una petición de votar al mismo partido en las dos urnas, ni como una renuncia a las diferencias entre proyectos políticos.

La fragmentación también tiene consecuencias

La pluralidad es una riqueza democrática. Nadie debería renunciar a sus principios ni a su identidad para participar en un acuerdo. Pero reconocer la pluralidad tampoco significa ignorar las consecuencias que puede tener la dispersión del voto.

El sistema de elección del Senado es mayoritario y permite marcar nombres individuales. En ese contexto, la coordinación entre candidaturas puede ser relevante para que distintas sensibilidades políticas tengan representación.

La pregunta es sencilla: ¿pueden las fuerzas que comparten valores y prioridades encontrar fórmulas de entendimiento para esta Cámara sin renunciar a su autonomía en el Congreso? No se trata de que todas piensen igual, sino de identificar objetivos compartidos. Y eso exige diálogo, transparencia y respeto.

Un Gobierno de progreso y unos servicios públicos protegidos

El debate sobre el Senado no puede separarse de la importancia de las mayorías parlamentarias para la orientación política de un país.

La posibilidad de formar un Gobierno de progreso depende de la composición del Congreso y de los apoyos necesarios para la investidura. El Senado no elige al presidente del Gobierno, pero su mayoría puede influir en la tramitación legislativa y en el desarrollo de determinadas políticas.

Y aquí aparece una cuestión que debería estar en el centro de cualquier proyecto de progreso: la defensa de los servicios públicos. Hablamos de sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y pensiones. Derechos que sostienen la igualdad de oportunidades y permiten que la vida de las personas no dependa exclusivamente de su renta o de su lugar de residencia.

Quiero detenerme especialmente en la sanidad pública. Protegerla no consiste solamente en proclamar que creemos en ella. Significa garantizar financiación suficiente, reforzar las plantillas, fortalecer la Atención Primaria, reducir las listas de espera y apostar por la prevención y la salud pública. También significa evitar que la insuficiencia de recursos, la fragmentación de servicios o las externalizaciones sin garantías debiliten la capacidad del sistema público y aumenten las desigualdades.

No se trata de negar cualquier colaboración con proveedores privados, sino de defender que la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud corresponde a los poderes públicos y que la planificación sanitaria debe responder al interés general, no a la rentabilidad económica.

La sanidad no puede depender del código postal, de la cuenta corriente o de la posibilidad de contratar un seguro privado. La salud es un derecho, no un privilegio. Por eso importan las mayorías parlamentarias y la orientación política que defienden. El Senado no decide por sí solo el modelo sanitario, pero su composición también cuenta.

Una mayoría de progreso debería comprometerse con unos servicios públicos fuertes, universales, equitativos y de calidad, con medidas concretas y no solo con declaraciones.

La unidad no puede construirse desde arriba

También hay que escuchar las críticas. Quienes consideran que las candidaturas acordadas no representan suficientemente a los nuevos movimientos sociales, a las generaciones jóvenes o a quienes se movilizan por el derecho a una vivienda digna plantean una cuestión que merece atención.

La renovación democrática no consiste únicamente en cambiar nombres. Necesita abrir espacios, incorporar voces diferentes y reconocer que la ciudadanía organizada tiene mucho que aportar.

Un acuerdo entre partidos no puede sustituir a la sociedad civil. La participación de los movimientos sociales, de quienes defienden el derecho a la vivienda y de las nuevas generaciones no debería ser una fotografía para una campaña, sino parte de una conversación real sobre el futuro de los derechos y de las instituciones.

Un debate que merece la pena

Manuel Castells plantea la necesidad de mirar más allá de los pronósticos electorales y atender a la participación, la movilización social y la diversidad territorial del voto. Sus estimaciones son interpretaciones demoscópicas, no resultados anticipados. Pero hay una idea relevante: la política no se explica únicamente a través de las encuestas; también depende de la participación ciudadana y de la capacidad de las organizaciones para conectar con las preocupaciones reales de la sociedad.

La vivienda, los salarios, las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales forman parte de esas preocupaciones. No deberían ser solamente puntos de un programa electoral, sino compromisos que puedan ser evaluados por la ciudadanía.

Hablar de un voto de progreso en el Senado no significa pedir obediencia, uniformidad ni renuncia a la pluralidad. Significa abrir una conversación sobre las consecuencias de la dispersión del voto y sobre los acuerdos posibles entre quienes comparten determinados objetivos.

La democracia necesita diferencias, pero también capacidad de acuerdo. Un Gobierno de progreso necesita una mayoría para gobernar, pero una sociedad de progreso necesita proteger sus derechos, fortalecer sus servicios públicos y garantizar que nadie quede atrás.

Unir esfuerzos en el Senado es también defender la sanidad pública, la educación, la dependencia y todo aquello que sostiene nuestra convivencia. Se trata de qué país queremos construir y qué derechos estamos dispuestos a proteger.

Hay debates que no deberíamos aplazar. Uno de ellos es qué papel queremos que desempeñe el Senado en la próxima legislatura y qué consecuencias puede tener que su mayoría política sea distinta de la del Congreso.

Durante demasiado tiempo, el Senado ha ocupado un lugar secundario en la conversación pública. Se habla mucho del Congreso, de la investidura y de los pactos de Gobierno. Sin embargo, el Senado también participa en la elaboración de las leyes, ejerce funciones de control y desempeña un papel relevante en la representación territorial y en determinados nombramientos institucionales. No es una Cámara irrelevante. Su composición puede influir en el desarrollo de una legislatura.

Por eso, conseguir una mayoría de progreso en el Senado merece una reflexión ya que afecta también a la composición del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.

Dos cámaras, dos papeletas y una responsabilidad

Hay una primera aclaración fundamental: votar al Congreso y votar al Senado no es necesariamente lo mismo. Son dos elecciones diferentes, con papeletas y sistemas electorales distintos. En el Congreso se votan listas cerradas y bloqueadas. En el Senado, la ciudadanía puede elegir directamente a las personas candidatas que considera oportunas. En las circunscripciones provinciales peninsulares se pueden marcar hasta tres nombres, incluso de candidaturas diferentes.

Esto permite mantener la pluralidad de opciones en el Congreso y, al mismo tiempo, debatir fórmulas de coordinación para el Senado. Un acuerdo para esta Cámara no debería interpretarse automáticamente como una petición de votar al mismo partido en las dos urnas, ni como una renuncia a las diferencias entre proyectos políticos.

La fragmentación también tiene consecuencias

La pluralidad es una riqueza democrática. Nadie debería renunciar a sus principios ni a su identidad para participar en un acuerdo. Pero reconocer la pluralidad tampoco significa ignorar las consecuencias que puede tener la dispersión del voto.

El sistema de elección del Senado es mayoritario y permite marcar nombres individuales. En ese contexto, la coordinación entre candidaturas puede ser relevante para que distintas sensibilidades políticas tengan representación.

La pregunta es sencilla: ¿pueden las fuerzas que comparten valores y prioridades encontrar fórmulas de entendimiento para esta Cámara sin renunciar a su autonomía en el Congreso? No se trata de que todas piensen igual, sino de identificar objetivos compartidos. Y eso exige diálogo, transparencia y respeto.

Un Gobierno de progreso y unos servicios públicos protegidos

El debate sobre el Senado no puede separarse de la importancia de las mayorías parlamentarias para la orientación política de un país.

La posibilidad de formar un Gobierno de progreso depende de la composición del Congreso y de los apoyos necesarios para la investidura. El Senado no elige al presidente del Gobierno, pero su mayoría puede influir en la tramitación legislativa y en el desarrollo de determinadas políticas.

Y aquí aparece una cuestión que debería estar en el centro de cualquier proyecto de progreso: la defensa de los servicios públicos. Hablamos de sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y pensiones. Derechos que sostienen la igualdad de oportunidades y permiten que la vida de las personas no dependa exclusivamente de su renta o de su lugar de residencia.

Quiero detenerme especialmente en la sanidad pública. Protegerla no consiste solamente en proclamar que creemos en ella. Significa garantizar financiación suficiente, reforzar las plantillas, fortalecer la Atención Primaria, reducir las listas de espera y apostar por la prevención y la salud pública. También significa evitar que la insuficiencia de recursos, la fragmentación de servicios o las externalizaciones sin garantías debiliten la capacidad del sistema público y aumenten las desigualdades.

No se trata de negar cualquier colaboración con proveedores privados, sino de defender que la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud corresponde a los poderes públicos y que la planificación sanitaria debe responder al interés general, no a la rentabilidad económica.

La sanidad no puede depender del código postal, de la cuenta corriente o de la posibilidad de contratar un seguro privado. La salud es un derecho, no un privilegio. Por eso importan las mayorías parlamentarias y la orientación política que defienden. El Senado no decide por sí solo el modelo sanitario, pero su composición también cuenta.

Una mayoría de progreso debería comprometerse con unos servicios públicos fuertes, universales, equitativos y de calidad, con medidas concretas y no solo con declaraciones.

La unidad no puede construirse desde arriba

También hay que escuchar las críticas. Quienes consideran que las candidaturas acordadas no representan suficientemente a los nuevos movimientos sociales, a las generaciones jóvenes o a quienes se movilizan por el derecho a una vivienda digna plantean una cuestión que merece atención.

La renovación democrática no consiste únicamente en cambiar nombres. Necesita abrir espacios, incorporar voces diferentes y reconocer que la ciudadanía organizada tiene mucho que aportar.

Un acuerdo entre partidos no puede sustituir a la sociedad civil. La participación de los movimientos sociales, de quienes defienden el derecho a la vivienda y de las nuevas generaciones no debería ser una fotografía para una campaña, sino parte de una conversación real sobre el futuro de los derechos y de las instituciones.

Un debate que merece la pena

Manuel Castells plantea la necesidad de mirar más allá de los pronósticos electorales y atender a la participación, la movilización social y la diversidad territorial del voto. Sus estimaciones son interpretaciones demoscópicas, no resultados anticipados. Pero hay una idea relevante: la política no se explica únicamente a través de las encuestas; también depende de la participación ciudadana y de la capacidad de las organizaciones para conectar con las preocupaciones reales de la sociedad.

La vivienda, los salarios, las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales forman parte de esas preocupaciones. No deberían ser solamente puntos de un programa electoral, sino compromisos que puedan ser evaluados por la ciudadanía.

Hablar de un voto de progreso en el Senado no significa pedir obediencia, uniformidad ni renuncia a la pluralidad. Significa abrir una conversación sobre las consecuencias de la dispersión del voto y sobre los acuerdos posibles entre quienes comparten determinados objetivos.

La democracia necesita diferencias, pero también capacidad de acuerdo. Un Gobierno de progreso necesita una mayoría para gobernar, pero una sociedad de progreso necesita proteger sus derechos, fortalecer sus servicios públicos y garantizar que nadie quede atrás.

Unir esfuerzos en el Senado es también defender la sanidad pública, la educación, la dependencia y todo aquello que sostiene nuestra convivencia. Se trata de qué país queremos construir y qué derechos estamos dispuestos a proteger.

Comentarios