Opinión

El gobierno comunista del Reino Unido

Antes de pedirles el voto a esos 60 vecinos de Cantillana, a sus cuidadores y a sus familiares, el PSOE y el PP podrían acercarse a explicarles si el 13 de enero podrán desayunar en su casa

  • La residencia de Cantillana, en una imagen de Canal Sur.

En Marinaleda el ayuntamiento compra el suelo y los vecinos levantan las casas. En el Peñón las familias compran la mitad del piso y el Gobierno conserva la otra mitad; paralelismos obvios de unas políticas de vivienda dirigidas a garantizar habitación a sus ciudadanos sin especulaciones. 

El gobierno “comunista” del Reino Unido, con el “marxista” Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, han decidido unirse a las políticas de Marinaleda y comenzar a abordar la vivienda como si de un derecho social se tratara, aprobando la construcción de 2.162 pisos protegidos en Gibraltar a precios que van desde los 64.000 € los apartamentos a 183.000 € los pisos de cuatro dormitorios, con un plan de pago mediante cuotas mensuales para abonar el 50 % mientras se construyen y con créditos puente en los cuales solo se pagarán los intereses durante las obras. 

¿Y dónde está el truco? En dos promociones similares anteriores, el Gobierno gibraltareño dejó fuera el valor del suelo y el margen del promotor. También puso condiciones a la reventa y, después, según cuándo y cómo se vendiera el piso, al Gobierno le correspondía una parte de las ganancias. Si una vivienda se financia con dinero público, no se puede pretender que, al venderse, el Estado no recupere al menos lo invertido. 

Dejando aparte un posible delito medioambiental por daños a un área protegida, denunciado por Verdemar Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente, estamos ante un proyecto en el que un Gobierno se preocupa por el alojamiento de sus ciudadanos. 

Mientras, en Andalucía, el Gobierno estatal (el que está en Madrid), propietario de más del 50 % de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), promueve una demanda de desahucio contra la Residencia San Sebastián de Cantillana (Sevilla), un centro gestionado por la Fundación SAMU desde el año 2010 en concierto con el Gobierno andaluz (el que está en Sevilla). Al principio, la fundación alquilaba el inmueble a la empresa que lo construyó. En 2015 el edificio pasó a la Sareb. Diez años después se pidió el desahucio. En el centro  conviven 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales y tienen fecha de desalojo para el mes de enero de 2027. 

La Fundación SAMU intentó comprar la propiedad, ya que aparecía en portales inmobiliarios,  para garantizar la calidad del servicio y atender a los usuarios del centro, pero las ofertas y solicitudes de negociación ni tan siquiera han sido respondidas por la Sareb. Mire usté qué manera de vender un inmueble: tienen al comprador dentro y prefieren irse al juzgado antes que llegar a un acuerdo. 

Como perito y periodista especializado en el sector inmobiliario, mi primer pensamiento y duda ha sido qué diferencia existía entre el precio de compra ofrecido por la fundación y el precio de venta, pero reflexionando sobre el tema, he descartado investigar al respecto y me he planteado otras cifras. 

La Sareb pertenece en un 50,14 % al Estado español, que en un principio no tiene por qué buscar rentabilidad inmobiliaria cuando se trata de un proyecto social; pero es que el resto del capital pertenece al Banco de Santander, a CaixaBank, al Banco de Sabadell y otra serie de entidades bancarias y aseguradoras. Pero no olvidemos que esos bancos (y otros más) deben mucho dinero al Estado por un rescate que evitó una crisis muy grave que ellos mismos provocaron. Estamos hablando de que en junio de 2026 quedaban 48.901 millones de euros por recuperar, y los gestores de esta sociedad aún se atreven a cursar una demanda de desahucio contra un centro de atención a personas con discapacidades. 

La alcaldesa socialista de Cantillana, Rocío Campos, ya ha pedido a la Sareb que se siente a negociar. Sus compañeros de Madrid le han hecho poco o ningún caso; estamos en época de elecciones y dar mítines es más importante que solucionar problemas residenciales. 

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que concierta las plazas, tiene que explicar cómo piensa garantizar la continuidad de los cuidados y, a mes y medio de que los expulsen de la residencia donde viven y los cuidan, aún no se ha pronunciado. Si la residencia cierra, ¿podrán seguir juntos quienes hoy conviven? ¿A qué distancia quedará cada cual de su familia? ¿Seguirán atendiéndolos los profesionales que conocen sus rutinas y hábitos? Algo tan simple como saber si hay autobuses al posible nuevo centro depende de que una madre o un hermano siga realizando una visita. No es fácil realojar a 60 personas y sus cuidadores en tan poco espacio de tiempo, pero la Junta calla. 

El domingo 29 de noviembre hay elecciones generales. El lunes 30, la fundación tiene juicio. Digo yo que, antes de pedirles el voto a esos 60 vecinos de Cantillana, a sus cuidadores y a sus familiares, el PSOE y el PP podrían acercarse a explicarles si el 13 de enero podrán desayunar en su casa. Pero es que no estamos en Gibraltar. 

En Marinaleda el ayuntamiento compra el suelo y los vecinos levantan las casas. En el Peñón las familias compran la mitad del piso y el Gobierno conserva la otra mitad; paralelismos obvios de unas políticas de vivienda dirigidas a garantizar habitación a sus ciudadanos sin especulaciones. 

El gobierno “comunista” del Reino Unido, con el “marxista” Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, han decidido unirse a las políticas de Marinaleda y comenzar a abordar la vivienda como si de un derecho social se tratara, aprobando la construcción de 2.162 pisos protegidos en Gibraltar a precios que van desde los 64.000 € los apartamentos a 183.000 € los pisos de cuatro dormitorios, con un plan de pago mediante cuotas mensuales para abonar el 50 % mientras se construyen y con créditos puente en los cuales solo se pagarán los intereses durante las obras. 

¿Y dónde está el truco? En dos promociones similares anteriores, el Gobierno gibraltareño dejó fuera el valor del suelo y el margen del promotor. También puso condiciones a la reventa y, después, según cuándo y cómo se vendiera el piso, al Gobierno le correspondía una parte de las ganancias. Si una vivienda se financia con dinero público, no se puede pretender que, al venderse, el Estado no recupere al menos lo invertido. 

Dejando aparte un posible delito medioambiental por daños a un área protegida, denunciado por Verdemar Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente, estamos ante un proyecto en el que un Gobierno se preocupa por el alojamiento de sus ciudadanos. 

Mientras, en Andalucía, el Gobierno estatal (el que está en Madrid), propietario de más del 50 % de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), promueve una demanda de desahucio contra la Residencia San Sebastián de Cantillana (Sevilla), un centro gestionado por la Fundación SAMU desde el año 2010 en concierto con el Gobierno andaluz (el que está en Sevilla). Al principio, la fundación alquilaba el inmueble a la empresa que lo construyó. En 2015 el edificio pasó a la Sareb. Diez años después se pidió el desahucio. En el centro  conviven 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales y tienen fecha de desalojo para el mes de enero de 2027. 

La Fundación SAMU intentó comprar la propiedad, ya que aparecía en portales inmobiliarios,  para garantizar la calidad del servicio y atender a los usuarios del centro, pero las ofertas y solicitudes de negociación ni tan siquiera han sido respondidas por la Sareb. Mire usté qué manera de vender un inmueble: tienen al comprador dentro y prefieren irse al juzgado antes que llegar a un acuerdo. 

Como perito y periodista especializado en el sector inmobiliario, mi primer pensamiento y duda ha sido qué diferencia existía entre el precio de compra ofrecido por la fundación y el precio de venta, pero reflexionando sobre el tema, he descartado investigar al respecto y me he planteado otras cifras. 

La Sareb pertenece en un 50,14 % al Estado español, que en un principio no tiene por qué buscar rentabilidad inmobiliaria cuando se trata de un proyecto social; pero es que el resto del capital pertenece al Banco de Santander, a CaixaBank, al Banco de Sabadell y otra serie de entidades bancarias y aseguradoras. Pero no olvidemos que esos bancos (y otros más) deben mucho dinero al Estado por un rescate que evitó una crisis muy grave que ellos mismos provocaron. Estamos hablando de que en junio de 2026 quedaban 48.901 millones de euros por recuperar, y los gestores de esta sociedad aún se atreven a cursar una demanda de desahucio contra un centro de atención a personas con discapacidades. 

La alcaldesa socialista de Cantillana, Rocío Campos, ya ha pedido a la Sareb que se siente a negociar. Sus compañeros de Madrid le han hecho poco o ningún caso; estamos en época de elecciones y dar mítines es más importante que solucionar problemas residenciales. 

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que concierta las plazas, tiene que explicar cómo piensa garantizar la continuidad de los cuidados y, a mes y medio de que los expulsen de la residencia donde viven y los cuidan, aún no se ha pronunciado. Si la residencia cierra, ¿podrán seguir juntos quienes hoy conviven? ¿A qué distancia quedará cada cual de su familia? ¿Seguirán atendiéndolos los profesionales que conocen sus rutinas y hábitos? Algo tan simple como saber si hay autobuses al posible nuevo centro depende de que una madre o un hermano siga realizando una visita. No es fácil realojar a 60 personas y sus cuidadores en tan poco espacio de tiempo, pero la Junta calla. 

El domingo 29 de noviembre hay elecciones generales. El lunes 30, la fundación tiene juicio. Digo yo que, antes de pedirles el voto a esos 60 vecinos de Cantillana, a sus cuidadores y a sus familiares, el PSOE y el PP podrían acercarse a explicarles si el 13 de enero podrán desayunar en su casa. Pero es que no estamos en Gibraltar. 

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