El desahucio de Maricarmen ha provocado un terremoto social en toda España. Desde el sábado, miles de personas están acampadas en la Puerta de Sol pidiendo soluciones para el problema de la vivienda. Esta protesta se está replicando poco a poco en otras ciudades y está previsto que en diferentes puntos de Andalucía este lunes se vean escenas parecidas. La situación ha sacudido el tablero político e, incluso, el Gobierno ha anunciado un Real Decreto 'a contrarreloj' para rebajar la tensión de las calles.
Mientras todo eso pasa, en Sevilla hay una especie de 'oasis' donde el problema que preocupa a gran parte de los españoles no se nota o, si lo hace, es con una intensidad mucho menor. Se trata de Marinaleda, el municipio sevillano que, dentro de sus posibilidades, mantiene un modelo socialista que huye de las lógicas de la economía de mercado.
Tal es así que el Ayuntamiento se prepara para entregar una promoción de 24 viviendas en la que los vecinos pagarán 20 euros al mes. Además, los contratos son indefinidos. "Tenemos la idea clara de que la vivienda no es una mercacía ni debe servir para especular, sino que debe ser un bien de primera necesidad para las personas", dice Sergio Gómez, el primer alcalde que tiene esta localidad de 2.600 habitantes tras la retirada de Sánchez Gordillo. En este sentido, el regidor de IU deja claro que no han inventado "nada" y que todo está en el artículo 47 de la Constitución. "Lo único que hay que tener es voluntad política".
El modelo de Marinaleda no es nuevo, lleva instalado durante décadas y ha permitido que el 30% de la vivienda que hay en el municipio sean públicas promovidas por el Ayuntamiento "en colaboración con la gente". Alrededor de 300 vecinos pagan entre 15 y 20 euros al mes.
Hay quien pensará que esto es posible al tratarse de un pueblo pequeño. Gómez, su alcalde, cree todo lo contrario. "Si un Ayuntamiento de 2.600 habitantes puede ponerlo en práctica, ayuntamientos más grandes con más recursos también pueden llevarlo a cabo, pero hay que tener volutad política y entender la vivienda como un derecho y no un negocio", señala el dirigente de IU al ser preguntado si es posible extrapolar esta forma de gestión al resto del país. Marinaleda se basa en dos modelos: la autoconstrucción donde los vecinos construyen sus viviendas con respaldo municipal (el Consistorio cede el suelo y los medios técnicos y humanos necesarios) y el modelo del alquiler social.
La prioridad en el gasto público
Esto también supone no gastar en otras cuestiones. "En vez de hacer obras banales que no sirven para nada tenemos la manía de hacer vivienda para la gente". El alcalde asegura que cuando se termina una promoción ya piensan en la siguiente y buscan el suelo para poder urbanizar. "Es un éxito, llevamos décadas haciéndolo y facilita mucho la vida de las personas porque no tienenn que estar pensando en si pueden o no pagar la hipoteca o el alquiler altísimo de otras zonas".
Algunas administraciones están denunciando la subida en el coste de los materiales y lo que esto supone para el precio de la vivienda pública. "Para nosotros también se han encarecido", dice Gómez. "Pero aquí tenemos la idea de que primero es hacer vivienda pública y luego otras obras. Y además los dirigentes damos ejemplo porque no percibimos céntimo alguno", señala mientras atiende a lavozdelsur.es desde el aula del instituto donde da clases.
El alquiler para los vecinos que adquieran esta vivienda será para toda la vida, aunque hay condiciones. "Lo primero que miramos es que no tengan otra vivienda en propiedad", señala. Las viviendas públicas son de primera ocupación por lo que las familias que tengan otra o adquieran otra quedan descartadas. Entendemos que si la pides es porque tienes esa necesidad. Así evitamos la especulación. Demostramos que hay alternativas al sistema capitalista".
El desahucio de Maricarmen ha provocado un terremoto social en toda España. Desde el sábado, miles de personas están acampadas en la Puerta de Sol pidiendo soluciones para el problema de la vivienda. Esta protesta se está replicando poco a poco en otras ciudades y está previsto que en diferentes puntos de Andalucía este lunes se vean escenas parecidas. La situación ha sacudido el tablero político e, incluso, el Gobierno ha anunciado un Real Decreto 'a contrarreloj' para rebajar la tensión de las calles.
Mientras todo eso pasa, en Sevilla hay una especie de 'oasis' donde el problema que preocupa a gran parte de los españoles no se nota o, si lo hace, es con una intensidad mucho menor. Se trata de Marinaleda, el municipio sevillano que, dentro de sus posibilidades, mantiene un modelo socialista que huye de las lógicas de la economía de mercado.
Tal es así que el Ayuntamiento se prepara para entregar una promoción de 24 viviendas en la que los vecinos pagarán 20 euros al mes. Además, los contratos son indefinidos. "Tenemos la idea clara de que la vivienda no es una mercacía ni debe servir para especular, sino que debe ser un bien de primera necesidad para las personas", dice Sergio Gómez, el primer alcalde que tiene esta localidad de 2.600 habitantes tras la retirada de Sánchez Gordillo. En este sentido, el regidor de IU deja claro que no han inventado "nada" y que todo está en el artículo 47 de la Constitución. "Lo único que hay que tener es voluntad política".
El modelo de Marinaleda no es nuevo, lleva instalado durante décadas y ha permitido que el 30% de la vivienda que hay en el municipio sean públicas promovidas por el Ayuntamiento "en colaboración con la gente". Alrededor de 300 vecinos pagan entre 15 y 20 euros al mes.
Hay quien pensará que esto es posible al tratarse de un pueblo pequeño. Gómez, su alcalde, cree todo lo contrario. "Si un Ayuntamiento de 2.600 habitantes puede ponerlo en práctica, ayuntamientos más grandes con más recursos también pueden llevarlo a cabo, pero hay que tener volutad política y entender la vivienda como un derecho y no un negocio", señala el dirigente de IU al ser preguntado si es posible extrapolar esta forma de gestión al resto del país. Marinaleda se basa en dos modelos: la autoconstrucción donde los vecinos construyen sus viviendas con respaldo municipal (el Consistorio cede el suelo y los medios técnicos y humanos necesarios) y el modelo del alquiler social.
La prioridad en el gasto público
Esto también supone no gastar en otras cuestiones. "En vez de hacer obras banales que no sirven para nada tenemos la manía de hacer vivienda para la gente". El alcalde asegura que cuando se termina una promoción ya piensan en la siguiente y buscan el suelo para poder urbanizar. "Es un éxito, llevamos décadas haciéndolo y facilita mucho la vida de las personas porque no tienenn que estar pensando en si pueden o no pagar la hipoteca o el alquiler altísimo de otras zonas".
Algunas administraciones están denunciando la subida en el coste de los materiales y lo que esto supone para el precio de la vivienda pública. "Para nosotros también se han encarecido", dice Gómez. "Pero aquí tenemos la idea de que primero es hacer vivienda pública y luego otras obras. Y además los dirigentes damos ejemplo porque no percibimos céntimo alguno", señala mientras atiende a lavozdelsur.es desde el aula del instituto donde da clases.
El alquiler para los vecinos que adquieran esta vivienda será para toda la vida, aunque hay condiciones. "Lo primero que miramos es que no tengan otra vivienda en propiedad", señala. Las viviendas públicas son de primera ocupación por lo que las familias que tengan otra o adquieran otra quedan descartadas. Entendemos que si la pides es porque tienes esa necesidad. Así evitamos la especulación. Demostramos que hay alternativas al sistema capitalista".
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