Opinión

El cuento del gallo Kiriko

La huelga general anunciada para este otoño no es un capricho y será masiva. Es la consecuencia lógica de un sistema que ha decidido que el derecho a la vivienda no existe

  • La acampada por la vivienda en las Setas de la plaza de la Encarnación de Sevilla, en imágenes. -

Érase una vez un abuelo que preguntó a su nieto:

—¿Quieres que te cuente el cuento del gallo Kiriko?

—Sí, abuelo.

—Yo no pregunto si sí o si no. Pregunto si quieres que te cuente el cuento del gallo Kiriko.

Y así, varias veces, hasta que el nieto, aburrido, soltó:

—Haz lo que quieras, abuelo.

Y el abuelo, con ironía sarcástica sin que ello implicara mala educación, maldad o desprecio hacia su nieto, dijo:

—Esto es como lavar la cabeza a un burro: pierdes el tiempo y el jabón.

Eso es lo que pasa en Andalucía con la vivienda, donde el gobierno del PP tiene competencia exclusiva sobre la materia. Los ayuntamientos andaluces también tienen lo suyo en suelo y urbanismo. Todos pueden, legalmente, expropiar, movilizar viviendas vacías y, el Gobierno puede intervenir los precios del alquiler. Y todos, uno detrás de otro, responden al mismo sonsonete: “Yo no puedo”, “eso no me corresponde”, “la culpa es del otro”.

Mientras, los datos, según el INE, dicen que en Andalucía hay 641.437 viviendas vacías, el 16,7% de todas las del Estado español. Málaga lidera el ranking provincial con 152.774 inmuebles sin ocupar. Y al mismo tiempo, el precio de la vivienda libre sube un 11,9% interanual y el alquiler se sitúa en 14.1 euros por metro cuadrado, un 4,8% más que el año anterior. Traducción para el nieto: nadie mueve un dedo.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y regularán el suelo para impedir la especulación. Es un principio rector y un mandato constitucional incumplido por décadas con una alegría que asusta.

El gobierno del PP en Andalucía ha planteado un conflicto de competencia contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 porque dice que invade sus atribuciones. Los Ayuntamientos, por su parte, miran para otro lado cuando se les pide que actúen para poner en circulación las viviendas vacías de los grandes tenedores. Todo es parte de la misma partitura elaborada por PP y PSOE: sostener la vivienda como activo financiero, no como derecho.

Los dos han gestionado el ladrillo como motor económico, los dos ponen cara de póker cuando, después de reunirse con ellos, los fondos buitre compran a mansalva viviendas, incluso del parque público, los dos han permitido que el alquiler se convierta en una renta extractiva que asfixia a jóvenes y trabajadores. Las diferencias son solo de photo opportunity.

Por eso la huelga general anunciada para este otoño no es un capricho y será masiva. Es la consecuencia lógica de un sistema que ha decidido que el derecho a la vivienda no existe. Los sindicatos de inquilinas han llamado a la huelga general y, los sindicatos mayoritarios, han secundado. Y la respuesta de la patronal ha sido la previsible: que si no es un conflicto laboral, que si es inadmisible, que si el coste no puede recaer en las empresas. Pero, la crisis de la vivienda no es un debate abstracto: es la nevera vacía después de pagar el alquiler, es el contrato de temporada que no deja empadronarte, es el barrio que se convierte en parque temático para turistas mientras las personas y familias residentes son expulsadas.

El abuelo del cuento lo tenía claro. El gallo Kiriko va de la caca a la hierba, de la hierba a la oveja, del palo al fuego, buscando que alguien resuelva el problema que él mismo se ha creado. Y al final, nadie le limpia el pico, se lleva una coz y llega tarde y mojado a la boda. La moraleja no es que el gallo sea tonto, sino que, un sistema basado en pasarse la pelota nunca resuelve nada: se pierde el tiempo y el jabón.

El gobierno del PP en Andalucía, los ayuntamientos andaluces y el Gobierno PSOE-Sumar tienen o han tenido las herramientas legales para actuar. Tienen el mandato constitucional. Lo que no tienen, ni han tenido, es la voluntad política de dejar de lavar la cabeza al burro. Y mientras tanto, el nieto —que ya no es tan nieto, que tiene treinta y cinco años, que cobra mil doscientos euros mensuales y paga seiscientos por una habitación— mira al abuelo y le dice:

—Abuelo, cuéntame otro cuento.

¿Quieres que te cuente el de la vivienda?

—No. Ese ya me lo sé y no tiene final.

Érase una vez un abuelo que preguntó a su nieto:

—¿Quieres que te cuente el cuento del gallo Kiriko?

—Sí, abuelo.

—Yo no pregunto si sí o si no. Pregunto si quieres que te cuente el cuento del gallo Kiriko.

Y así, varias veces, hasta que el nieto, aburrido, soltó:

—Haz lo que quieras, abuelo.

Y el abuelo, con ironía sarcástica sin que ello implicara mala educación, maldad o desprecio hacia su nieto, dijo:

—Esto es como lavar la cabeza a un burro: pierdes el tiempo y el jabón.

Eso es lo que pasa en Andalucía con la vivienda, donde el gobierno del PP tiene competencia exclusiva sobre la materia. Los ayuntamientos andaluces también tienen lo suyo en suelo y urbanismo. Todos pueden, legalmente, expropiar, movilizar viviendas vacías y, el Gobierno puede intervenir los precios del alquiler. Y todos, uno detrás de otro, responden al mismo sonsonete: “Yo no puedo”, “eso no me corresponde”, “la culpa es del otro”.

Mientras, los datos, según el INE, dicen que en Andalucía hay 641.437 viviendas vacías, el 16,7% de todas las del Estado español. Málaga lidera el ranking provincial con 152.774 inmuebles sin ocupar. Y al mismo tiempo, el precio de la vivienda libre sube un 11,9% interanual y el alquiler se sitúa en 14.1 euros por metro cuadrado, un 4,8% más que el año anterior. Traducción para el nieto: nadie mueve un dedo.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y regularán el suelo para impedir la especulación. Es un principio rector y un mandato constitucional incumplido por décadas con una alegría que asusta.

El gobierno del PP en Andalucía ha planteado un conflicto de competencia contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 porque dice que invade sus atribuciones. Los Ayuntamientos, por su parte, miran para otro lado cuando se les pide que actúen para poner en circulación las viviendas vacías de los grandes tenedores. Todo es parte de la misma partitura elaborada por PP y PSOE: sostener la vivienda como activo financiero, no como derecho.

Los dos han gestionado el ladrillo como motor económico, los dos ponen cara de póker cuando, después de reunirse con ellos, los fondos buitre compran a mansalva viviendas, incluso del parque público, los dos han permitido que el alquiler se convierta en una renta extractiva que asfixia a jóvenes y trabajadores. Las diferencias son solo de photo opportunity.

Por eso la huelga general anunciada para este otoño no es un capricho y será masiva. Es la consecuencia lógica de un sistema que ha decidido que el derecho a la vivienda no existe. Los sindicatos de inquilinas han llamado a la huelga general y, los sindicatos mayoritarios, han secundado. Y la respuesta de la patronal ha sido la previsible: que si no es un conflicto laboral, que si es inadmisible, que si el coste no puede recaer en las empresas. Pero, la crisis de la vivienda no es un debate abstracto: es la nevera vacía después de pagar el alquiler, es el contrato de temporada que no deja empadronarte, es el barrio que se convierte en parque temático para turistas mientras las personas y familias residentes son expulsadas.

El abuelo del cuento lo tenía claro. El gallo Kiriko va de la caca a la hierba, de la hierba a la oveja, del palo al fuego, buscando que alguien resuelva el problema que él mismo se ha creado. Y al final, nadie le limpia el pico, se lleva una coz y llega tarde y mojado a la boda. La moraleja no es que el gallo sea tonto, sino que, un sistema basado en pasarse la pelota nunca resuelve nada: se pierde el tiempo y el jabón.

El gobierno del PP en Andalucía, los ayuntamientos andaluces y el Gobierno PSOE-Sumar tienen o han tenido las herramientas legales para actuar. Tienen el mandato constitucional. Lo que no tienen, ni han tenido, es la voluntad política de dejar de lavar la cabeza al burro. Y mientras tanto, el nieto —que ya no es tan nieto, que tiene treinta y cinco años, que cobra mil doscientos euros mensuales y paga seiscientos por una habitación— mira al abuelo y le dice:

—Abuelo, cuéntame otro cuento.

¿Quieres que te cuente el de la vivienda?

—No. Ese ya me lo sé y no tiene final.

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