La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, decía Nelson Mandela. Quizás esta declaración hoy todavía sería fruto de discusiones en el panorama social y político, y es que tenemos un contexto en el que la escuela pública está sometida al abandono y a un menosprecio consecutivo desde las esferas institucionales y ciertos sectores sanguinarios de la sociedad.
La Educación está reconocida universalmente como uno de los derechos fundamentales de la DUDH de 1948. Por este sentido, desde la ONU, y en especial a través del organismo de la Unesco, a través de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, ratificada por más de 100 Estados y con origen en 1960, y con otros marcos internacionales, tratan de garantizar este derecho, tal vez el más importante de todos los protegidos, tras el Derecho a la Vida.
Sin embargo, y según datos de la propia organización internacional, más de 250 millones de niños siguen privados de la Educación, por factores económicos, culturales y sociales, señalando que solo el 70% de los países garantiza legalmente por lo menos 9 años de educación básica, obligatoria y gratuita. Un verdadero desastre y fracaso como sociedad internacional, o mejor dicho, un fracaso como humanidad. Una sociedad que no centra todos sus esfuerzos en alcanzar un mundo más justo, solidario y mejor, es una sociedad derrotada.
Estamos ante un abismo derrotista muy difícil de superar, pero la guerra aún no ha terminado y tenemos posibilidad de cambiar las preocupaciones sociales para centrarnos en que ningún niño del mundo se tenga que quedar en su hogar porque no puede ir a la escuela.
En España, el artículo 27 de la Constitución garantiza este Derecho, desarrollado y protegido también con la ley orgánica 8/1985. En el primer artículo de la ley se establece que “todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de Educación General Básica (...)”. Posteriormente también se les reconoce a los extranjeros residentes en España, porque es un derecho de naturaleza universal. Así, en nuestro Estado se garantiza la Educación básica desde los 6 hasta los 16 años.
El principal problema al que se somete la educación española es que los niños de las familias más desfavorecidas ni siquiera consiguen hacer efectivo su derecho a la educación. Según el Ministerio de Educación, España tiene una tasa del 13,3% en 2021 de abandono temprano de la educación y la formación, debido a múltiples razones, entre las que destacamos el nivel socioeconómico de las familias y el fracaso escolar.
En cuanto al nivel socioeconómico de las familias como causa del abandono escolar, a la edad de los 15 años y en tasas del informe PISA, se produce una brecha de 82 puntos entre el estudiante de familia con bajo nivel económico y la media del estudiante con alto nivel económico. Una brecha de vital importancia para entender el fracaso de la Educación en países como España. Además, el hecho de pertenecer a una familia de bajos recursos multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo. No podemos permitir que en pleno 2023 todavía haya niños que fracasen en el sistema educativo por la falta de recursos de su familia.
Estos datos, unidos a la situación del país en una perspectiva comparada con otros Estados, concluimos en que España es uno de los países europeos con peores datos académicos. Nos encontramos por debajo de la media de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Educativo) en datos PISA, tanto en análisis de Ciencias como Matemáticas.
En este sentido la causa más importante del fracaso se centra en la baja inversión económica en la Educación, es decir, en un incumplimiento del Derecho a la Educación. España es la cuarta potencia europea, y sin embargo se encuentra en el puesto 14 en inversión de 27 Estados, con una media de 4000€ por alumno. Si nos vamos al mapa de España, la brecha educativa se expande por todo el territorio, y como siempre las más perjudicadas se encuentran en el sur. Andalucía con un presupuesto destinado a la Educación de 1017€ per cápita, frente a los 1445€ destinados por el País Vasco. Esto conlleva que Andalucía tenga uno de los peores datos en el informe PISA frente a los altos datos de País Vasco o Navarra.
La propugnación de España como un Estado social y democrático de Derecho es un compromiso que obliga a todas las instancias del Estado de bienestar español. Debemos, como país, centrar todos los esfuerzos en formar una juventud fuerte y cohesionada en su profesión, personalidad y desarrollo como humano.
Más aún, es increíble como en 40 años de democracia se han promulgado ocho leyes educativas distintas, desde la Loece a la incipiente Lomloe. Cada vez que se cambia de Gobierno, en este sistema lamentablemente bipartidista, cambian de ley, de contenido, metodología…. a su libre antojo, mirando a sus intereses y no a los verdaderos perjudicados: los estudiantes y profesores, la comunidad educativa.
La Educación debe ir orientada al desarrollo de la personalidad y formación de la juventud, pero aún seguimos estancados en un sistema retrógrado basado en la memorización y vomitar en los exámenes, un modelo para nada positivo para el verdadero sentido de la Educación y la Formación de los futuros profesionales del Estado.
Los alumnos tienen, reconocido en el artículo 6 de la LO, el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el respectivo Estatuto de Autonomía. ¡Ojalá los estudiantes de Andalucía conocieran su Estatuto de Autonomía! Frente a la desinformación, Historia y educación. Frente a quienes inundan de bulos y de ignorancia el sentido del pueblo andaluz, solo cabe alegar la historia de nuestro Estatuto, las luchas alcanzadas para conseguirlo y su artículo primero… “Andalucía, como nacionalidad histórica”. O que supieran que todos los españoles tienen el derecho y deber de trabajar, derecho a una vivienda digna o que la riqueza está subordinada al interés general.
Una de las piezas vitales para la reconstrucción de nuestro anhelado derecho son las asociaciones y colectivos en defensa de la Escuela Pública, como la Marea Verde, que surgió en 2011 en Madrid, frente a los recortes educativos y que rápidamente se expandió por todo el territorio del Estado. En Andalucía ha tenido, y sigue teniendo, un papel imprescindible en las luchas sociales. Sus reclamaciones son varias, pero todas orientadas al alcance de una Escuela Pública, de calidad, digna, pacifista, igualitaria y universal.
La bajada de ratios siempre ha sido la reclamación más llamativa y primordial de los movimientos educativos: disminuir el número de alumnos por aula. Esto debe ir encaminado con un aumento en la inversión a lo público, que permita aumentar el número de docentes y personal educativo, mejorar las infraestructuras y por lo tanto bajar la ratio, permitiendo una atención más individualizada y acorde al alumno. Y no es una utopía cuando países como Grecia tienen una ratio de 8,7 alumnos por profesor en Primaria. En España la ratio llega hasta los 40 alumnos por profesor en algunas clases de Bachillerato, un auténtico disparate.
Nuestro sistema educativo, sin lugar a dudas, tiene grandes carencias. Un Derecho que a nivel universal ha fracasado, con países en los que los niños ni siquiera tienen la posibilidad de ver una pizarra o sentarse en un pupitre. Y a nivel nacional ya vemos, con sus más y sus menos sigue siendo un sistema caducado, anticuado e insuficiente para formar al mañana del país. Pero sin duda alguna, si alguien intenta hacer que todo eso cambie, que lucha por un modelo distinto y que da todo de sí por los estudiantes, es el profesor, el maestro, el personal educativo que día tras día se levanta para crear un mundo distinto, para hacer de la educación su arma luchando por un mundo sin guerras, en paz y libertad.
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