Recientemente, el Comité de la Cedaw publicó un avance sin editar de sus Observaciones finales al séptimo informe periódico de los Países Bajos. Lo que debería haber sido una supervisión rigurosa del cumplimiento de la Cedaw, se convirtió en un documento que vulnera abiertamente los estándares del Derecho Internacional que ese mismo Comité tiene el mandato imperativo de custodiar.
Un texto que cruza líneas rojas
Las Observaciones sobre Países Bajos no contienen simples imprecisiones, contienen infracciones normativas de fondo. El documento describe la prostitución como "trabajo sexual", sugiere ampliar los márgenes de actuación del proxenetismo y, en la formulación más grave, llega a referirse a "trabajadoras sexuales menores". Cada una de estas expresiones contraviene instrumentos jurídicos vinculantes y décadas de construcción normativa internacional orientada a proteger a mujeres y niñas.
El término "trabajo sexual" no existe en ningún instrumento universal de derechos humanos. Lo que sí existe, consolidado y sin ambigüedad, es el reconocimiento de que la prostitución constituye una forma de violencia de género estructuralmente ligada a la trata. En 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer y la niña, Reem Alsalem, presentó un informe monográfico ante el Consejo de Derechos Humanos con una conclusión nítida: la prostitución no encaja en los parámetros del trabajo decente y el uso del término sex work oculta violencias, legitima a intermediarios y revictimiza a las supervivientes, es violencia contra las mujeres.
Menores víctimas, no "trabajadoras"
Si hay algo que el Derecho Internacional no admite discutir es la protección de la infancia frente a la explotación sexual. El Protocolo de Palermo establece que toda captación o acogida de una persona menor de dieciocho años con fines de explotación constituye trata, sin necesidad de acreditar coacción ni engaño. Llamar a esas víctimas "trabajadoras sexuales menores" no es solo un error jurídico: es una inversión moral inaceptable que convierte a la víctima en trabajadora, y al explotador en empleador.
El artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a prevenir la utilización de niños en la prostitución, y el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños refuerza esas obligaciones sin margen de interpretación. Un niño o una niña en situación de prostitución es, siempre, una víctima. No existe categoría jurídica que valide la violencia sexual que supone la prostitución de menores.
El Comité contradice su propia normativa y doctrina
La paradoja más difícil de sostener es que el propio Comité ha dicho, en sede oficial, exactamente lo contrario de lo que ahora publica. Su Recomendación General número 38, de 2020, dedicada a la trata de mujeres y niñas, es inequívoca: los Estados tienen la obligación de desalentar la demanda que fomenta la explotación y la prostitución se analiza como fenómeno enraizado en la discriminación estructural por razón de sexo.
Ese mandato es incompatible con un documento que expresa preocupación por la reducción de locales con licencia y sugiere ampliar los espacios del mercado sexual. La realidad de Países Bajos lo ilustra: la mayor parte de las mujeres prostituidas en ese país son migrantes en contextos de alta vulnerabilidad. En aras de proteger a las mujeres y niñas, se debe reducir la demanda, perseguir a prostituidores y proxenetas, educar en igualdad para evidenciar que las mujeres no son objetos de usar y desechar con fines sexuales, luchar contra el racismo que supone la explotación de mujeres migrantes y, lo más importante, proteger a las mujeres y niñas prostituidas y garantizarles vías de salida reales y dignas de la prostitución.
¿Qué es la Cedaw?
La Cedaw es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la ONU (1979) y es el tratado internacional de referencia en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Obliga a los Estados parte a eliminar la discriminación en todas sus formas y a garantizar el ejercicio pleno de derechos en todos los ámbitos, incluida de forma expresa, la protección contra la violencia en todas sus formas, la trata de personas y la prostitución.
Rectificar con todas sus consecuencias
La situación exige medidas concretas. Primera: la retirada del documento y la publicación de uno nuevo que elimine los términos "trabajo sexual" y "trabajadoras sexuales menores", alineando el informe con el Protocolo de Palermo, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de 1949 para la represión de la trata. Segunda: la reformulación de las recomendaciones a Países Bajos conforme a la Recomendación General número 38, orientando las medidas para desincentivar la demanda y el fortalecimiento de los recursos de salida para las supervivientes. Tercera: la alineación explícita con las conclusiones de la Relatora Especial de 2024, reconociendo que normalizar terminológicamente la prostitución revictimiza.
En cumplimiento del deber de buena gobernanza, las miembros del Comité Cedaw deben dimitir, no como sanción simbólica, sino como acto de rendición de cuentas frente a las mujeres y niñas cuyos derechos deben defender y que han defraudado con este avance que comporta una infracción de la Cedaw.
La legitimidad de la Cedaw se construye con coherencia jurídica y lealtad a las víctimas. Cuando el órgano que supervisa el tratado más importante en materia de derechos de las mujeres y niñas publica un documento que normaliza la explotación sexual, no solo daña a quienes debería proteger, socava la autoridad de todo el sistema internacional. En carta abierta de la CATW Internacional, respaldada por la Relatora Especial de la ONU, se pide al Comité que modifique este informe de forma urgente. Puedes sumarte con tu firma aquí.