La Familia Real, en una imagen de archivo.
La Familia Real, en una imagen de archivo.

Al margen de su realidad semántica o política algunos términos de nuestra gramática pública son, lo que podríamos denominar, significantes vacíos. Tienen un sentido y un perímetro pero cada cual los completa con su propia imagen mental del concepto. Monarquía y República son, en la España de hoy, dos de esos significantes. Son además términos muy connotados emocionalmente, grandes activadores de campos políticos. 

Para el campo de la derecha la monarquía evoca no solo estabilidad y orden sino también una suerte de marchamo de su doble triunfo sobre la izquierda: primero en la Guerra Civil, aniquilando el intento democrático más logrado de avanzar hacia una República federal; décadas más tarde durante la Transición, cuando nuestra dictadura en lugar de caer como la portuguesa o la argentina, permitió a sus gestores gobernar buena parte del tránsito al posfranquismo. 

Así, cuando se impide abrir comisiones parlamentarias sobre negocios ilícitos de la casa real, cuando se silencia en el CIS el menguante apoyo a esta institución eludiendo preguntar sobre ella, o cuando los medios de comunicación extranjeros desvelan que el monarca se gastó 500.000 euros en una luna de miel que no pagó de su bolsillo y que a la larga aún no sabemos cuánto nos costará en favores diferidos a los españoles… ¿es a la monarquía a la que tan ferozmente se defiende?

Quizá la feroz resistencia estriba en que revisar la forma de Estado equivale a cuestionar en su vástago más logrado la propia dictadura franquista y su legado. Porque efectivamente revisar la forma de Estado supone cuestionar los privilegios y ventajas acumulados durante la dictadura por buena parte de nuestra aristocracia empresarial y principalmente los privilegios y ventajas simbólicos y reales de Madrid como Corte y sede de la centralización absoluta del poder franquista en la capital de España.  Se resisten en definitiva a rendir cuentas de un periodo de nuestra historia sobre el que muchos se esfuerzan por evitar que se haga verdadera pedagogía y memoria.

Y en tanto que símbolo del actual status quo, en cierta medida, cuestionar la monarquía es también cuestionar, o al menos hacer zozobrar, el actual reparto de poderes en nuestro país. De ahí que la defensa del monarca alcance apoyos no solo en el campo de las derechas.

Por contra para el campo de la izquierda y de las fuerzas nacionalistas la República remite a la imagen de una caída, la de una democracia arrebatada, la de la anulación de unos estatutos de autonomía aprobados antes del golpe de Estado franquista, al desvanecimiento del camino hacia un Estado genuinamente federal —recordemos que la posibilidad de aprobar el Estatuto de autonomía de Andalucía avanzaba en julio de 1936 cuando tuvo lugar el golpe—.

Este fuerte vínculo emocional con ambos conjuntos de ideas es la razón por la cual cuando se avizoran posibles reformas de la Constitución para corregir un sistema político institucional que a todas luces ya no da más de sí, en España somos incapaces de sostener un debate serio. Un debate que reconozca, por ejemplo, que el Senado no es una verdadera cámara territorial y que precisamos una; que asuma que la ultracentralización en Madrid de todos los poderes del Estado (Banco Central, Bolsa de Valores, Gobierno, Congreso, altos Tribunales, sedes de los principales medios de comunicación, principal hub aeroportuario y 19 de las 35 sedes del IBEX) es ineficaz para nuestro desarrollo económico; que entienda que nuestro sistema de representación político tiene que renovarse para garantizar la democracia interna de los partidos políticos y el vínculo de los diputados con sus representantes; que decida corregir y perseguir los mecanismos clientelares que llevan a absurdos como tener la red radial de AVE más infrautilizada del mundo mientras el Estado sigue invirtiendo lo mismo en más y más nuevos kilómetros de AVE que en investigación y desarrollo.

En 2014 muchos pensábamos que esos cambios políticos integrales que demandaba a gritos y en las plazas la sociedad española podrían llegar de la mano del fin del bipartidismo. En consecuencia nos fijamos esa meta y no otras como prioridad. Hoy, seis años más tarde, se hace evidente que no fue suficiente. Necesitamos liberarnos de la última rémora, destrabar el último candado de nuestro pasado. 

Mientras nos debatimos por salir de esta crisis repensando nuestro futuro, hoy ya sabemos que mientras no revisemos nuestra forma de Estado y avancemos hacia un Estado federal no podremos trazar horizontes como sociedad cohesionada. Además solo así dejaremos definitivamente atrás nuestro oscuro siglo XX. Hoy sabemos también que hacerlo exigirá inevitablemente revisar la monarquía, y con ella, nuestro pasado no democrático. La cuestión está servida: ¿sobrevivirá la caduca, desigualitaria y hereditaria institución medieval y lo que ella representa también a esta transición?

Sergio Pascual, ingeniero y antropólogo, fue diputado en las legislaturas XI y XII

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