Hay silencios que se explican por el miedo. Otros, por la prudencia. Y algunos, los más difíciles de justificar, por la esperanza de que, si uno procura no molestar demasiado, todavía le toque algo de lo que va quedando en el reparto. Por eso me dirijo a la Red de Integración Social de Jerez con esta carta.
Hace unos meses advertía en estas mismas páginas sobre la pinza regulatoria de PP y Vox y el riesgo de que la asfixia financiera terminara convirtiéndose en una forma de desahucio ideológico del asociacionismo andaluz. No hacía falta prohibir asociaciones ni clausurar locales. Bastaba con establecer las condiciones para que algunas organizaciones dejaran de resultar convenientes y otras aprendieran a comportarse.
El mecanismo es más eficaz de lo que parece. No necesita una orden expresa ni una llamada telefónica. Es suficiente con que las entidades comprendan que determinadas críticas pueden salirles caras. A partir de ahí, cada cual aprende a medir sus palabras, a rebajar sus comunicados y a evitar preguntas que puedan incomodar a quienes deciden sobre las convocatorias de subvenciones. La autocensura termina haciendo el trabajo que el poder ni siquiera necesita ordenar.
La reciente alianza entre CEAin y Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, ante la incertidumbre generada por la retirada de apoyos a las ONG anunciada por la Junta de Andalucía, merece reconocimiento por lo que representa de cooperación y compromiso social. Pero también debería servirnos para formular una pregunta incómoda: ¿dónde está el conjunto del del RIS ante una amenaza que afecta a su autonomía y a su capacidad de intervención? ¿Solo deben reforzarse en sus mecanismos de funcionamiento o deben, además, exigir cambios en los planteamientos políticos que atentan contra la integración social? ¿Por qué no resuenan las quejas? ¿Hay miembros beneficiados en el nuevo reparto?
No se trato de exigir heroísmo a quienes sostienen servicios esenciales, mantienen puestos de trabajo y atienden a personas que no pueden quedarse desamparadas. Sería demasiado fácil escribir desde la comodidad de una tribuna sin tener que cuadrar las nóminas a final de mes. El problema comienza cuando la supervivencia de la estructura se convierte en el objetivo último de una organización que nació para transformar la realidad y que, ante el escenario, solo reacciona procurando su supervivencia.
Cuando el miedo a perder la financiación pesa más que la obligación de denunciar una injusticia; cuando se confunde la interlocución institucional con la obediencia y la prudencia con una discreción permanente, el poder ya no necesita silenciar a las asociaciones. Ellas mismas terminan haciéndolo, como parece que está pasando.
Y así, mientras cada entidad protege su pequeño espacio (véase un contrato como el del nuevo albergue para personas sin techo), la sociedad pierde una de sus voces fundamentales. El tejido asociativo se fragmenta, las organizaciones compiten por recursos cada vez más escasos y la defensa de los derechos colectivos queda subordinada a la preocupación individual por no quedarse fuera del reparto de lo que va quedando. Nadie pone el grito en el cielo, al menos de momento, ante la desprotección de las personas.
Además, hay una contradicción especialmente dolorosa cuando hablamos del asociacionismo cristiano, que en el caso del RIS viene a ser más de la mitad del conjunto de las entidades de forma más o menos directa. Hoy conviene volver a una pregunta elemental: ¿qué sentido tiene invocar el Evangelio si, cuando las decisiones políticas amenazan la dignidad de las personas (migrantes o no), la prudencia presupuestaria pesa más que la obligación moral de defenderlas? ¿Es miedo?
El Levítico (19:33-34) no deja demasiado margen para la ambigüedad: “El extranjero que resida con ustedes será para ustedes como uno de sus naturales, y lo amarás como a ti mismo”. En el Evangelio de Mateo (25:35), Jesús recuerda: “Fui forastero, y me recogisteis”. No son frases para adornar memorias anuales, campañas de comunicación o discursos institucionales. Son compromisos que incomodan porque obligan a elegir.
Y el libro de los Proverbios (31:8-9) lo expresa con una claridad todavía más directa: “Abre tu boca por el mudo” y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No dice que abramos la boca siempre que resulte conveniente, ni que defendamos al desprotegido mientras hacerlo no ponga en peligro nuestros presupuestos.
Por supuesto que las organizaciones sociales necesitan financiación pública y precisamente por eso debemos defender un sistema estable, transparente y basado en criterios objetivos, que garantice la continuidad de los servicios sin convertirlos en instrumentos de disciplina política. Los fondos públicos no pertenecen al gobierno de turno: son recursos de la ciudadanía. Recibirlos no debería exigir silencio, del mismo modo que concederlos no debería depender de afinidades ideológicas.
La respuesta, por tanto, no puede limitarse a buscar nuevas fuentes de financiación y negociar individualmente la supervivencia de cada proyecto. Hace falta una respuesta colectiva: compartir información, defender criterios transparentes, denunciar posibles discriminaciones y establecer mecanismos de solidaridad entre entidades. Hace falta, sobre todo, comprender que lo que hoy le ocurre a una organización puede afectar mañana al conjunto.
No todas las asociaciones callan. Muchas llevan años denunciando estas amenazas y otras carecen de recursos para afrontar solas un conflicto de esta naturaleza. No se trata de repartir certificados de valentía, sino de preguntarnos por qué un tejido asociativo tan extenso encuentra tantas dificultades para actuar como sujeto colectivo cuando se cuestionan sus propias condiciones de existencia.
El asociacionismo no nació para convertirse en una gestoría externalizada de las necesidades que la Administración no atiende. Nació también para organizar a la sociedad, cuestionar decisiones y defender derechos, incluso cuando hacerlo resulta incómodo para quienes gobiernan.
Porque, al final, cuando se reparte lo que va quedando, no solo se distribuyen subvenciones. También se distribuyen silencios. Y una sociedad civil que aprende a callar para no quedarse sin su parte corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que, mientras esperaba su turno, se había quedado sin voz.
Hay silencios que se explican por el miedo. Otros, por la prudencia. Y algunos, los más difíciles de justificar, por la esperanza de que, si uno procura no molestar demasiado, todavía le toque algo de lo que va quedando en el reparto. Por eso me dirijo a la Red de Integración Social de Jerez con esta carta.
Hace unos meses advertía en estas mismas páginas sobre la pinza regulatoria de PP y Vox y el riesgo de que la asfixia financiera terminara convirtiéndose en una forma de desahucio ideológico del asociacionismo andaluz. No hacía falta prohibir asociaciones ni clausurar locales. Bastaba con establecer las condiciones para que algunas organizaciones dejaran de resultar convenientes y otras aprendieran a comportarse.
El mecanismo es más eficaz de lo que parece. No necesita una orden expresa ni una llamada telefónica. Es suficiente con que las entidades comprendan que determinadas críticas pueden salirles caras. A partir de ahí, cada cual aprende a medir sus palabras, a rebajar sus comunicados y a evitar preguntas que puedan incomodar a quienes deciden sobre las convocatorias de subvenciones. La autocensura termina haciendo el trabajo que el poder ni siquiera necesita ordenar.
La reciente alianza entre CEAin y Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, ante la incertidumbre generada por la retirada de apoyos a las ONG anunciada por la Junta de Andalucía, merece reconocimiento por lo que representa de cooperación y compromiso social. Pero también debería servirnos para formular una pregunta incómoda: ¿dónde está el conjunto del del RIS ante una amenaza que afecta a su autonomía y a su capacidad de intervención? ¿Solo deben reforzarse en sus mecanismos de funcionamiento o deben, además, exigir cambios en los planteamientos políticos que atentan contra la integración social? ¿Por qué no resuenan las quejas? ¿Hay miembros beneficiados en el nuevo reparto?
No se trato de exigir heroísmo a quienes sostienen servicios esenciales, mantienen puestos de trabajo y atienden a personas que no pueden quedarse desamparadas. Sería demasiado fácil escribir desde la comodidad de una tribuna sin tener que cuadrar las nóminas a final de mes. El problema comienza cuando la supervivencia de la estructura se convierte en el objetivo último de una organización que nació para transformar la realidad y que, ante el escenario, solo reacciona procurando su supervivencia.
Cuando el miedo a perder la financiación pesa más que la obligación de denunciar una injusticia; cuando se confunde la interlocución institucional con la obediencia y la prudencia con una discreción permanente, el poder ya no necesita silenciar a las asociaciones. Ellas mismas terminan haciéndolo, como parece que está pasando.
Y así, mientras cada entidad protege su pequeño espacio (véase un contrato como el del nuevo albergue para personas sin techo), la sociedad pierde una de sus voces fundamentales. El tejido asociativo se fragmenta, las organizaciones compiten por recursos cada vez más escasos y la defensa de los derechos colectivos queda subordinada a la preocupación individual por no quedarse fuera del reparto de lo que va quedando. Nadie pone el grito en el cielo, al menos de momento, ante la desprotección de las personas.
Además, hay una contradicción especialmente dolorosa cuando hablamos del asociacionismo cristiano, que en el caso del RIS viene a ser más de la mitad del conjunto de las entidades de forma más o menos directa. Hoy conviene volver a una pregunta elemental: ¿qué sentido tiene invocar el Evangelio si, cuando las decisiones políticas amenazan la dignidad de las personas (migrantes o no), la prudencia presupuestaria pesa más que la obligación moral de defenderlas? ¿Es miedo?
El Levítico (19:33-34) no deja demasiado margen para la ambigüedad: “El extranjero que resida con ustedes será para ustedes como uno de sus naturales, y lo amarás como a ti mismo”. En el Evangelio de Mateo (25:35), Jesús recuerda: “Fui forastero, y me recogisteis”. No son frases para adornar memorias anuales, campañas de comunicación o discursos institucionales. Son compromisos que incomodan porque obligan a elegir.
Y el libro de los Proverbios (31:8-9) lo expresa con una claridad todavía más directa: “Abre tu boca por el mudo” y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No dice que abramos la boca siempre que resulte conveniente, ni que defendamos al desprotegido mientras hacerlo no ponga en peligro nuestros presupuestos.
Por supuesto que las organizaciones sociales necesitan financiación pública y precisamente por eso debemos defender un sistema estable, transparente y basado en criterios objetivos, que garantice la continuidad de los servicios sin convertirlos en instrumentos de disciplina política. Los fondos públicos no pertenecen al gobierno de turno: son recursos de la ciudadanía. Recibirlos no debería exigir silencio, del mismo modo que concederlos no debería depender de afinidades ideológicas.
La respuesta, por tanto, no puede limitarse a buscar nuevas fuentes de financiación y negociar individualmente la supervivencia de cada proyecto. Hace falta una respuesta colectiva: compartir información, defender criterios transparentes, denunciar posibles discriminaciones y establecer mecanismos de solidaridad entre entidades. Hace falta, sobre todo, comprender que lo que hoy le ocurre a una organización puede afectar mañana al conjunto.
No todas las asociaciones callan. Muchas llevan años denunciando estas amenazas y otras carecen de recursos para afrontar solas un conflicto de esta naturaleza. No se trata de repartir certificados de valentía, sino de preguntarnos por qué un tejido asociativo tan extenso encuentra tantas dificultades para actuar como sujeto colectivo cuando se cuestionan sus propias condiciones de existencia.
El asociacionismo no nació para convertirse en una gestoría externalizada de las necesidades que la Administración no atiende. Nació también para organizar a la sociedad, cuestionar decisiones y defender derechos, incluso cuando hacerlo resulta incómodo para quienes gobiernan.
Porque, al final, cuando se reparte lo que va quedando, no solo se distribuyen subvenciones. También se distribuyen silencios. Y una sociedad civil que aprende a callar para no quedarse sin su parte corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que, mientras esperaba su turno, se había quedado sin voz.
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