Durante años, como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha mantenido distintos encuentros en Nueva York con los principales representantes del capital financiero internacional. Un presidente debe buscar inversión exterior y presentar las posibilidades económicas de su país. La cuestión política empieza cuando nos preguntamos qué modelo económico se ha ofrecido a esos inversores y qué límites establece el Estado cuando la rentabilidad acordada entra en conflicto con derechos básicos.

En julio de 2021, el Gobierno informó de una reunión con representantes de Blackstone, Lone Star, JP Morgan, Morgan Stanley, Ares Management, Providence Equity y Soros Fund, entre otros, además de un encuentro de Sánchez con Larry Fink, presidente de BlackRock. Estos contactos, con los llamados “fondos buitre” se han repetido posteriormente y, como resultado, se ha entregado a esos grandes especuladores la vivienda en España, segando, así, las oportunidades y derechos de millones de personas para acceder a una vivienda, a pesar de que, el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a impedir la especulación. Y, el artículo 33 establece, además, de la función social delimita la propiedad y contempla la expropiación por causa de utilidad pública o interés social mediante indemnización.

En 2013, durante la alcaldía de Ana Botella, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid regaló 1.860 viviendas a Fidere, vinculada a Blackstone, por 128,5 millones de euros. Pero, este modelo no es exclusivo del PP. El PSOE tampoco ha alterado esa estructura donde se considera a la vivienda como bien de mercado y, es ahí cuando aparece la brutal realidad que hoy padecen millones de personas: la vivienda ya no es para vivir es para especular. Como dejó claro la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, nada más asumir el cargo: “aquí hay negocio”.

Los salarios han perdido frente al coste del alquiler y la compra, cada vez más desproporcionado. Tener empleo ya no garantiza poder emanciparse. Esto retrasa la formación de hogares, reduce la capacidad de ahorro, condiciona las decisiones laborales y obliga a muchas familias a sostener económicamente a hijos adultos que trabajan pero no pueden independizarse.

El rentismo inmobiliario es un grave problema económico. Así lo consideraron los "padres del capitalismo", principalmente Adam Smith y David Ricardo que, criticaron duramente el rentismo. Afirmaban que era una actividad parasitaria que mermaba la riqueza real de las naciones. Esto llevado a nuestro momento actual, significa que una parte creciente de las rentas procedentes del trabajo termina remunerando la propiedad de activos usureros. Una economía en manos del rentismo, como la española, no solo produce desigualdad; compromete su propio futuro.

La solución no está en construir, de hecho, ir por ese camino empeoraría el problema. España, hasta la crisis de 2008, la de la burbuja inmobiliaria, era el país de la UE que construía tanto como Alemania, Francia e Italia juntos. Hay que decidir qué vivienda se construye, quién será su propietario y bajo qué régimen permanecerá. Construir vivienda protegida para que posteriormente termine en los fondos buitre significa agrandar el problema.

La situación exige una política de vivienda diferente, que intervenga los precios de los alquileres, que amplíe sustancialmente un parque público que permanezca siempre público, movilizar vivienda vacía de grandes tenedores, limitar los usos turísticos que desplaza a la población residente e impedir desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

También exige recuperar sin complejos la expropiación por interés social, prevista constitucionalmente. No como actuación indiscriminada contra pequeños propietarios, sino como instrumento garantista para incorporar determinados inmuebles de grandes tenedores al parque público cuando exista una necesidad social justificada. Reconocer la función social de la propiedad obliga a asumir las consecuencias jurídicas de esa afirmación.

En este contexto adquiere especial significado la movilización social en torno a la vivienda. Su importancia trasciende a una convocatoria concreta, sino que se trata un conflicto colectivo que tiene mucho que ver con la justa distribución de riqueza, lo que, reúne a distintas generaciones. Jóvenes que no pueden emanciparse, padres que financian esa emancipación imposible y mayores que comprueban que décadas viviendo en un mismo lugar tampoco garantizan seguridad residencial.

España no puede postrarse al capital. Porque una sociedad en la que trabajar ya no garantiza disponer de un hogar exhibe un grave y profundo problema de expectativas vitales y, finalmente, de legitimidad democrática. Ahí encuentra su fundamento la movilización por la vivienda. Una huelga general más que justificada y necesaria para que la vivienda se considere un derecho y no un negocio. Una huelga que, evidentemente es contra el rentismo, los grandes tenedores y los fondos buitre, pero también contra quienes defienden esas políticas, todas las derechas declaradas, y, sí, también el PSOE, que ha actuado como freno a cualquier avance social en esta materia.

No se trata solo de acabar con los alquileres abusivos. Se trata de recuperar una jerarquía política básica: la vivienda no es un activo de inversión es un bien social y un derecho que los poderes públicos tienen la obligación de hacer efectivo y material.