Mari Carmen, de 87 años y con un 50% de discapacidad, fue desahuciada por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversión SL del piso en el que vivía desde hacía 71 años, en el distrito madrileño de Retiro. Su contrato era de renta antigua, firmado en 1956. El día del desalojo fue trasladada en ambulancia al hospital. Solo se llevó una sábana. Su caso no es una excepción: según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 se produjeron 4.005 desahucios en España, una media de 44 al día, casi uno cada media hora. Mari Carmen tiene nombre porque vive en Madrid y su caso ha tenido (tiene) gran repercusión en TV. El resto, la inmensa mayoría, son estadísticas.

El desahucio de Mari Carmen no fue una catástrofe natural inevitable. Cuatro instituciones tenían capacidad para detenerlo y ninguna lo hizo. El Gobierno subestimó el resultado y prefirió pelotear la responsabilidad con el PP y dejar que antidisturbios hiciera el resto. La Comunidad de Madrid, no aplica la Ley de Vivienda y el día del lanzamiento su presidenta estaba en The District, la principal feria de inversión inmobiliaria del país, estrechando la mano de los directivos de fondos buitre que impulsan los desalojos. El Ayuntamiento de Madrid, su alcalde, se negó a ofrecer alternativa habitacional pese a contar con el servicio de mediación de la EMVS. Y el juzgado autorizó el desahucio sin haber alternativa habitacional, cuando pudo suspenderlo, algo que la ley permite. Ninguno quiso pararlo.

El patrón se repite en Andalucía. La Junta de Juanma Moreno presume de una Ley de Vivienda que promete "medidas alternativas" para personas desahuciadas, pero en Málaga una veintena de familias ha visto cómo un fondo buitre compra su edificio y rescinde contratos conforme vencen, entre ellos el de Salvador, que lleva 60 años pagando el alquiler subrogado al contrato de su abuelo. En Écija, 91 familias vulnerables que pagaban alquileres sociales han visto sus viviendas de protección oficial compradas por un fondo. En Manilva, un fondo buitre desahució a 62 familias tras comprar los activos baratos para revenderlos multiplicando el beneficio de la inversión.

Feijóo calificó el desahucio de "desgarrador" y añadió: "No voy a utilizar el desahucio de una anciana para hacer política". O sea, no voy a hacer nada. Gamarra, abogó por "simplificar la movilidad del suelo, acelerar la construcción y ofrecer incentivos fiscales", traduciendo: que el mercado lo decida todo. El Gobierno, por su parte, ni siquiera ha aplicado el control de precio de los alquileres.

La Obra Social de CaixaBank fue vendida a fondos especulativos, y comprar pisos de renta antigua para elevarlos o desahuciar a sus inquilinos es un negocio perfectamente legal bajo el marco jurídico que ambos partidos han creado.  Los fondos buitre no son la excepción, son el producto de una política de vivienda que el bipartidismo comparte, esta es, que la vivienda es un bien de mercado y de inversión, no un derecho. Por su parte, además de compartir ese criterio, Vox, añade odio y violencia: “Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa”. Deleznable.

El alquiler medio en España ha alcanzado un récord de 15,3 euros por metro cuadrado: un piso de 80 metros cuesta 1.224 euros al mes. En Andalucía el alquiler medio roza los 1.000 euros y hay 323.753 personas inscritas como demandantes con ingresos inferiores a 700 euros mensuales.

Granada ilustra la extensión del problema a las ciudades medias. El alquiler alcanzó su máximo histórico de 11,21 euros por metro cuadrado: 896,8 euros por un piso de 80 metros. La provincia sigue la misma tendencia (10,98 euros), y municipios como Armilla (11,20) y Almuñécar (11,63) ya superan a la capital, de modo que huir del centro no alivia nada. El salario medio granadino es de 20.000 euros anuales, lo que deja a la mitad de los trabajadores con menos de 1.667 euros al mes y una capacidad de pago de unos 500 euros de alquiler: casi 400 euros por debajo del precio real. La ciudad tiene 3.098 viviendas turísticas (2,19% del parque).

Un joven andaluz de 18 a 25 años tendría que destinar el 124,2% de su salario para alquilar un piso de 60 metros. El alquiler más común, puede llegar a  ascender a 1.355 euros, el 72,9% del sueldo medio, como pasa en Sevilla. El sistema no expulsa a los jóvenes, los excluye.

La única salida es intervenir: aplicar con carácter obligatorio el tope al alquiler, declarar la vivienda bien de necesidad pública y recuperar para el parque público los inmuebles vacíos o sometidos a dinámicas especulativas por grandes tenedores y fondos buitre, recurriendo a la expropiación por interés social. En Manilva, recuperar por esta vía 62 viviendas habría costado menos de un millón de euros. La pregunta no es por qué no se hace, sino quién impide que se haga.

La vivienda será la tumba política del bipartidismo. Solo son un mecanismo de gestión del capital, gobierne quien gobierne. Y gobernar, tampoco consiste solo en formar parte de un Gobierno; gobernar tiene que servir para convertir en realidad aquello para lo que llegaste a él. Y, apoyar un decreto mal minorista, es la muerte política súbita.

El día del desahucio de Mari Carmen, PSOE y PP se acusaban mutuamente, mientras, le cambiaban la cerradura a su casa. El Estado español está lleno de Maricármenes.