Un desahucio ha servido para que miles de personas salgan a la calle, acampen en plazas y demuestren un hartazgo que viene de largo, hay poca vivienda y cara y uno de los sectores implicados mira a través del escaparate como si no fuera con nosotros la cosa. El sector inmobiliario tiene la obligación de no sólo poner las llaves sobre la mesa de la notaría, sino de levantarlas y hacerlas sonar uniéndonos a miles de personas. 

Las inmobiliarias llevamos mucho tiempo refugiándonos detrás de una frase absurda que nadie —ni nosotros mismos— nos creemos. Y lo expreso desde la perspectiva de quien trabaja en el sector como agente y como perito judicial: “Nosotros no ponemos los precios”. 

El mercado no es una tormenta que llega del Atlántico. No es una fuerza de la naturaleza. El mercado lo formamos personas, empresas, bancos, fondos, propietarios, compradores, administraciones y también nosotros, las inmobiliarias.

Y cada uno tiene una responsabilidad distinta y la nuestra existe. 

Y ante todo eso no vale decir que somos intermediarios, si una inmobiliaria acepta cualquier precio porque su comisión subirá con él, está tomando una decisión, está colaborando con el desahucio de familias y es responsable igual que los gobiernos, los bancos y el resto de implicados y por supuesto está creando un índice que hará que el resto de propiedades de alrededor incrementen el costo de las viviendas, explicado de otra manera más clara: está ayudando a establecer el “precio de mercado” de la zona que abarca.

Si infla una valoración para quitarle una captación a la competencia, está tomando una decisión. Si convence al propietario de que puede sacar cien euros más porque «hay gente haciendo cola», está tomando una decisión.

Y si mira hacia otro lado cuando detrás de una operación hay una familia que va a ser expulsada de la casa en la que lleva veinte años, también está tomando una decisión.

Que sea legal, no significa que sea decente.

Ese es el debate que el sector inmobiliario debería atreverse a tener. Porque resulta muy cómodo reclamar profesionalización, reconocimiento, regulación y respeto mientras rechazamos cualquier responsabilidad social y comprometida. Queremos que no nos llamen comisionistas. Muy bien. Entonces comportémonos como algo más que comisionistas.

Un verdadero profesional inmobiliario no es el que consigue vender más caro. Tiene que ser  saber valorar, negociar, mediar y, cuando hace falta, decirle también al propietario algo que quizá no quiera escuchar: mire, su casa no vale eso o ese alquiler es desproporcionado.  

Eso es parte de nuestro oficio. No propongo convertir las inmobiliarias en servicios sociales. Ni negar al propietario el derecho a obtener rendimiento de su patrimonio.

En Andalucía hay miles de pequeños propietarios. Personas que heredaron la casa de sus padres, familias que compraron un segundo piso después de toda una vida trabajando o jubilados para quienes un alquiler completa una pensión. Y confundirlos deliberadamente es tergiversar la historia y desviar el problema.

Pero precisamente porque la realidad es más compleja que una pancarta, el sector inmobiliario debería estar preparado para asumir esa complejidad, no para refugiarse siempre en el precio máximo que alguien esté dispuesto a pagar.

Porque una casa no es un coche, un bolso o un televisor, cosas con las que puedes vivir si no las tienes. Una vivienda es un elemento fundamental y esa diferencia nos obliga. Obliga a los gobiernos a construir vivienda pública, obliga a los ayuntamientos a decidir si la ciudad que quieren es para sus ciudadanos o para los turistas, obliga a los propietarios a entender que una vivienda tiene una función que supera la mera rentabilidad. Obliga a los bancos y a los grandes fondos a asumir responsabilidades proporcionales al poder económico que tienen y nos obliga a las inmobiliarias a valorar y tratar la vivienda como lo que es y será: hogares, no meros objetos comerciales y transaccionales. 

Hay una parte del sector que ha convertido la escalada de precios en una celebración permanente. Cada nuevo récord del metro cuadrado en alguna ciudad andaluza se anuncia casi como si hubiera ganado una medalla: “Nuevo máximo histórico”, “El precio vuelve a subir”, “Gran oportunidad de inversión”. 

¿Nos hemos preguntado qué hay exactamente qué celebrar? ¿Qué ese máximo histórico o que ese precio inflado por el que hemos vendido un piso para ganar dos mil euros más significa que cerramos puertas a que la gente tenga una vivienda? ¿O a que mañana, cuando esa familia no pueda pagar la hipoteca porque uno de los miembros ha sido despedido los van a desahuciar? ¿Eso celebramos?  

Para una inmobiliaria puede significar una comisión un poco más alta, para una familia puede significar tener que dejar su casa. 

Por eso me interesan poco las inmobiliarias que se proclaman “profesionales” en Instagram pero aceptan todo lo que le diga un propietario. La profesionalidad no es un eslogan para colocar debajo del logotipo. Se demuestra cuando perdemos una captación porque nos negamos a inflar una valoración o cuando le explicamos a un inversor que hay negocios que, aunque sean legales, no queremos hacer porque estamos “jodiendo” a nuestros vecinos.

Cuando entendemos que aunque el cliente sea quien paga, nuestra actividad está dentro de una comunidad que también pagará las consecuencias de lo que estamos haciendo, seremos profesionales, porque enarbolar una bandera no significa nada si no protegemos a nuestra gente por encima de los especuladores. ¿Imagináis un dentista que para ganar más dinero os dice que tiene que quitaros todos los dientes y ponerlos nuevos sin que sea verdad? Mínimo lo llamaríais con calificativos muy duros y poco honrosos. Yo no quiero ser ese dentista. 

Y seguramente habrá profesionales inmobiliarios que no estén de acuerdo conmigo, seguramente muchos y ya era hora de que tuviéramos esta discusión.

Porque mientras nosotros debatimos sobre captaciones, exclusivas, honorarios y rentabilidades, miles de andaluces están discutiendo algo bastante más elemental: si podrán seguir viviendo aquí.

Podemos pensar que eso no tiene nada que ver con nosotros. Podemos cerrar la puerta de la oficina, encender el escaparate y esperar la siguiente llamada.

O podemos entender de una vez que cuando una sociedad entera empieza a preguntarse para qué sirve el mercado de la vivienda, quienes vivimos profesionalmente de ese mercado tenemos la obligación de contestar.

Una inmobiliaria puede defender su negocio y, al mismo tiempo, decidir que no todo negocio merece ser defendido.