Quiero comenzar este artículo expresando mi pésame por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que el pasado 23 de septiembre fue sacada en camilla de su casa de Madrid, donde había vivido durante 71 años. Falleció este miércoles, después de quince días hospitalizada, sin haber podido regresar a su hogar y tras años de lucha que hicieron que empeorara su salud. Mi cariño y mi respeto para su familia y para quienes estuvieron acompañándola durante aquellos días y mi rotundo apoyo a quienes mantienen su recuerdo a través de la lucha por la vivienda.

Pienso en Maricarmen precisamente ahora, cuando se acerca el Día Mundial de la Salud Mental, porque su historia nos recuerda algo que olvidamos con demasiada frecuencia: el bienestar de una persona no puede separarse de las condiciones en las que vive. La inseguridad, la pobreza, el miedo a perder la vivienda o la soledad tienen consecuencias que ninguna campaña de concienciación debería ignorar.

El próximo sábado, 10 de octubre, la fachada del Parlamento de Andalucía se iluminará de verde para conmemorar esta jornada. Así lo anunció su presidenta, Ana Mestre, durante un encuentro celebrado esta semana con representantes de la Federación Salud Mental Andalucía. La iniciativa pretende contribuir a la sensibilización social y dar visibilidad a una realidad que afecta a miles de personas.

Durante demasiado tiempo, las enfermedades mentales han estado rodeadas de silencio, vergüenza y prejuicios. Muchas personas han tenido que soportar, además de su enfermedad, las sospechas de quienes confundían el sufrimiento psicológico con la debilidad, la falta de voluntad o un problema de carácter.

Pero hay algo más importante que el color de un edificio.

En aquella misma reunión, la Federación Salud Mental Andalucía entregó un documento con quince medidas prioritarias para mejorar la atención y garantizar los derechos de las personas afectadas y sus familias. No se trataba de una declaración de buenas intenciones, sino de necesidades concretas que las asociaciones conocen porque conviven diariamente con ellas.

Según sus cálculos, Andalucía necesitaría incorporar aproximadamente 196 profesionales de Psiquiatría, 86 de Psicología Clínica y 94 de Enfermería Especialista en Salud Mental para alcanzar las ratios del conjunto estatal.

La organización reclama una atención más cercana, equipos capaces de intervenir en el entorno de las personas, recursos residenciales y una mejor coordinación entre sanidad, servicios sociales y justicia. Pide reforzar la prevención del suicidio, la atención a niños y adolescentes y el acompañamiento de quienes tienen dificultades para acceder a los servicios convencionales.

Una persona con un trastorno mental grave puede necesitar tratamiento, pero también ayuda para conservar su empleo, mantener relaciones sociales o vivir con autonomía. Y una familia que lleva años cuidando a uno de sus miembros puede necesitar apoyo, descanso y orientación. No basta con prescribir un medicamento y confiar en que todo lo demás se resuelva solo.

Los datos oficiales ayudan a comprender parte del problema. En junio de 2025, el Servicio Andaluz de Salud registraba 15.814 personas pendientes de una primera consulta de salud mental, con una demora media de 48 días. De ellas, 2.367 llevaban más de sesenta días esperando. Son cifras correspondientes a aquella fecha, no a octubre de 2026, pero resultan suficientemente expresivas para exigir que conozcamos cómo ha evolucionado la atención.

Conviene reconocer, asimismo, que la Junta de Andalucía aprobó en mayo de este año el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2026-2029, con una dotación prevista de casi 195 millones de euros. Incluye medidas de prevención, atención comunitaria, coordinación asistencial y protección de los derechos de los pacientes. Su existencia es una buena noticia, aunque habrá que comprobar cuánto se ejecuta, qué profesionales se incorporan y cómo mejora la asistencia que recibe la ciudadanía.

Porque una cosa es aprobar un plan y otra conseguir que sus resultados lleguen a los centros de salud, a los hospitales y a las familias. La diferencia no se aprecia leyendo un documento institucional, sino comprobando cuánto tarda una persona en recibir atención, si puede continuar su tratamiento o si encuentra ayuda cuando su situación empeora.

Sería absurdo pretender resolver mediante tratamientos médicos todos los problemas que produce la desigualdad. Tan absurdo como negar asistencia sanitaria a quienes la necesitan porque su sufrimiento tiene causas sociales. Ambas responsabilidades deben asumirse, y ninguna debería servir como excusa para desentenderse de la otra.

Por eso considero importante la conmemoración del sábado, pero todavía más importante lo que suceda después. Me gustaría que el compromiso con la salud mental pudiera medirse en profesionales suficientes, tratamientos continuados, recursos comunitarios y familias que dejan de sentirse abandonadas.

Maricarmen no podrá regresar a su casa. El acuerdo llegó, pero ella ya no tuvo tiempo de aprovecharlo. Pienso en esa circunstancia con una tristeza difícil de apartar y en todas las ocasiones en que las soluciones llegan cuando el daño ya está hecho.

El sábado se encenderán las luces verdes del Parlamento andaluz. El domingo volverán a apagarse. Lo importante será lo que hayamos sido capaces de hacer cuando deje de haber una fecha que celebrar y continúen existiendo personas que necesitan ayuda.