El Gobierno ha decidido exprimir al máximo los resortes de La Moncloa y del Boletín Oficial del Estado para reforzar su estrategia electoral, situando a los partidos de la oposición en una posición de evidente desventaja. En el quinto día de campaña y a once jornadas de las elecciones del 29 de noviembre, el Ejecutivo encadena la aprobación de un paquete de medidas económicas y sociales que afectan directamente a millones de ciudadanos y que se traducen en una auténtica lluvia de millones.
La sucesión de anuncios y decisiones adoptadas por el Gobierno, desde los decretos de vivienda que marcaron el inicio de su hoja de ruta electoral hasta las medidas aprobadas ayer, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, obliga a plantearse una pregunta: ¿dónde termina la acción de gobierno y dónde empieza la utilización electoral de las instituciones? La frontera entre ambas cosas es muy fina y no debería traspasarse.
Ayer, martes 17 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas que bien parece el Gordo de la Lotería por el momento en el que llega. Entre ellas, la subida del SMI para 2027, un 5,3 %, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, y el incremento del 4,5 % de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año.
La primera reflexión es que una medida tan importante como es la subida del salario mínimo sale adelante sin acuerdo con los agentes sociales y con el rechazo de las organizaciones empresariales, que habían pedido aplazar la decisión hasta después de las elecciones. Y es de entender la necesidad de un acuerdo cuando hablamos de una decisión que afecta directamente a las empresas, especialmente a las pequeñas, en un país donde el 98 % del tejido empresarial está formado por pymes. Mejorar los salarios más bajos es un objetivo legítimo y muy necesario, pero hacerlo sin consenso y en vísperas de unas elecciones añade un componente político difícil de ignorar.
Y todo ello con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, una circunstancia que obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre cómo va a financiar esta lluvia de millones, especialmente cuando las necesidades económicas y presupuestarias han cambiado sustancialmente desde entonces. No basta con anunciar incrementos salariales y comprometer nuevos gastos: también hay que explicar de forma muy clara de dónde saldrán los recursos para sostenerlos y qué mecanismos presupuestarios se van a utilizar.
Respetar las reglas del juego democrático
La Diputación Permanente del Congreso merece también una reflexión. El pasado 12 de noviembre convalidó uno de los decretos de vivienda y rechazó el que contemplaba la renovación automática de determinados contratos de alquiler, después de que ambos textos hubieran sido rechazados previamente por el Pleno del Congreso. Este órgano tiene funciones constitucionales y puede ejercerlas cuando las Cortes están disueltas. La cuestión no es cuestionar esa facultad, sino reflexionar sobre cómo se están utilizando los resortes institucionales disponibles para mantener la iniciativa política y marcar la agenda en plena campaña electoral.
Gobernar implica disponer de instrumentos y resortes institucionales que, por razones evidentes, no están al alcance de los partidos de la oposición. Esa diferencia forma parte de las reglas del juego democrático. Lo cuestionable es utilizar esa posición de ventaja para concentrar anuncios, aprobar medidas y marcar la agenda política en plena campaña electoral, con decisiones de un evidente trasfondo electoralista a menos de dos semanas de las elecciones.
Exclusiva en la prensa rosa
En el intento de cambiar el relato, la estrategia del presidente no termina en el anuncio de medidas que sitúan al Gobierno en una posición de ventaja en plena campaña electoral. Después de pasar por programas de entretenimiento y distintos platós de televisión, Pedro Sánchez ha sorprendido ahora con una aparición estelar en la prensa rosa. La portada de la revista Lecturas, que llega hoy a los quioscos, recoge una entrevista exclusiva al presidente con un titular que lo dice todo: «No imagino mi vida sin Begoña».
La esposa del presidente del Gobierno, que tiene abierto juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha entrado de lleno en la campaña. Sánchez ha apostado por una estrategia de victimización, incorporándola al centro de su relato electoral y presentándola como parte de una ofensiva contra su entorno familiar. Una jugada arriesgada en la que parece haber apostado todas sus cartas a una sola baza. Habrá que ver si la «Fuerza del Amor» le da resultado en las urnas. Lo que no me imagino es qué ocurriría si finalmente Begoña Gómez fuese condenada. ¿Tampoco entonces podría imaginar su vida sin ella?
“Hay casos de corrupción reales y ficticios”
Durante las campañas electorales suele apelarse a la prudencia para evitar que determinados asuntos judiciales interfieran en el debate político. Sin embargo, a la vista de las medidas aprobadas contrarreloj, esa contención parece desaparecer cuando se trata de utilizar la acción del Ejecutivo y los espacios mediáticos para construir un relato favorable.
La ciudadanía tiene derecho a valorar los anuncios del Consejo de Ministros, pero también el contexto político en el que se producen, marcado por condenas e investigaciones judiciales que afectan a personas de su círculo más estrecho.
Conviene hacer memoria: el caso de las mascarillas terminó con las condenas del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, mientras que siguen abiertas distintas investigaciones relacionadas con Santos Cerdán, el caso Mediador, contratos públicos, la SEPI, los hidrocarburos y las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez.
A ello se suman las investigaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y las joyas halladas en su despacho, así como la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Son asuntos con situaciones procesales muy diferentes, que no deben confundirse con condenas, pero que forman parte de una realidad política y judicial que no desaparece porque haya comenzado una campaña electoral.
Mientras escribo esta columna, estoy escuchando la entrevista en Espejo Público al presidente del Gobierno, en la que reconoce su responsabilidad política en todos los casos mencionados, si bien hace una matización digna de añadir al artículo: “Hay casos de corrupción reales y ficticios”. Ahí queda el titular.
España sigue conmocionada
Y hay algo que tampoco podemos pasar por alto en una campaña electoral. España sigue conmocionada por dos tragedias ferroviarias que han dejado 115 víctimas mortales. Detrás de esa cifra hay familias destrozadas, personas que todavía intentan asimilar la pérdida de sus seres queridos y que siguen esperando explicaciones.
El país necesita respuestas sobre lo ocurrido y sobre las posibles responsabilidades. Por eso resulta tan difícil entender que, una vez retomada la campaña tras los días de luto, todo haya continuado con una agenda política que apenas parece haber cambiado de tono ante la magnitud de lo sucedido.
No voy a detenerme en las imágenes del presidente bailando en los mítines porque me cuesta entender esa indiferencia y frialdad en medio de tanto dolor. Lo que sí tengo claro es que el presidente del Gobierno debe transmitir algo más que entusiasmo electoral. Debe transmitir humanidad, cercanía y responsabilidad. Hay momentos en los que un país necesita ver a un hombre de Estado, no a un candidato pendiente de su próximo acto. Tristemente, la situación no es la misma.
Como conclusión, por mucho que intenten cambiar el relato, hay algo que no pueden cambiar: la hemeroteca. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las decisiones del Gobierno, pero también a exigir explicaciones por su gestión y por las responsabilidades pendientes. El BOE puede llenarse de anuncios y medidas, pero no puede borrar lo sucedido ni sustituir el debate que merece una democracia. Las instituciones están para servir a los ciudadanos, no para ponerse al servicio de una estrategia electoral.
El Gobierno ha decidido exprimir al máximo los resortes de La Moncloa y del Boletín Oficial del Estado para reforzar su estrategia electoral, situando a los partidos de la oposición en una posición de evidente desventaja. En el quinto día de campaña y a once jornadas de las elecciones del 29 de noviembre, el Ejecutivo encadena la aprobación de un paquete de medidas económicas y sociales que afectan directamente a millones de ciudadanos y que se traducen en una auténtica lluvia de millones.
La sucesión de anuncios y decisiones adoptadas por el Gobierno, desde los decretos de vivienda que marcaron el inicio de su hoja de ruta electoral hasta las medidas aprobadas ayer, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, obliga a plantearse una pregunta: ¿dónde termina la acción de gobierno y dónde empieza la utilización electoral de las instituciones? La frontera entre ambas cosas es muy fina y no debería traspasarse.
Ayer, martes 17 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas que bien parece el Gordo de la Lotería por el momento en el que llega. Entre ellas, la subida del SMI para 2027, un 5,3 %, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, y el incremento del 4,5 % de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año.
La primera reflexión es que una medida tan importante como es la subida del salario mínimo sale adelante sin acuerdo con los agentes sociales y con el rechazo de las organizaciones empresariales, que habían pedido aplazar la decisión hasta después de las elecciones. Y es de entender la necesidad de un acuerdo cuando hablamos de una decisión que afecta directamente a las empresas, especialmente a las pequeñas, en un país donde el 98 % del tejido empresarial está formado por pymes. Mejorar los salarios más bajos es un objetivo legítimo y muy necesario, pero hacerlo sin consenso y en vísperas de unas elecciones añade un componente político difícil de ignorar.
Y todo ello con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, una circunstancia que obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre cómo va a financiar esta lluvia de millones, especialmente cuando las necesidades económicas y presupuestarias han cambiado sustancialmente desde entonces. No basta con anunciar incrementos salariales y comprometer nuevos gastos: también hay que explicar de forma muy clara de dónde saldrán los recursos para sostenerlos y qué mecanismos presupuestarios se van a utilizar.
Respetar las reglas del juego democrático
La Diputación Permanente del Congreso merece también una reflexión. El pasado 12 de noviembre convalidó uno de los decretos de vivienda y rechazó el que contemplaba la renovación automática de determinados contratos de alquiler, después de que ambos textos hubieran sido rechazados previamente por el Pleno del Congreso. Este órgano tiene funciones constitucionales y puede ejercerlas cuando las Cortes están disueltas. La cuestión no es cuestionar esa facultad, sino reflexionar sobre cómo se están utilizando los resortes institucionales disponibles para mantener la iniciativa política y marcar la agenda en plena campaña electoral.
Gobernar implica disponer de instrumentos y resortes institucionales que, por razones evidentes, no están al alcance de los partidos de la oposición. Esa diferencia forma parte de las reglas del juego democrático. Lo cuestionable es utilizar esa posición de ventaja para concentrar anuncios, aprobar medidas y marcar la agenda política en plena campaña electoral, con decisiones de un evidente trasfondo electoralista a menos de dos semanas de las elecciones.
Exclusiva en la prensa rosa
En el intento de cambiar el relato, la estrategia del presidente no termina en el anuncio de medidas que sitúan al Gobierno en una posición de ventaja en plena campaña electoral. Después de pasar por programas de entretenimiento y distintos platós de televisión, Pedro Sánchez ha sorprendido ahora con una aparición estelar en la prensa rosa. La portada de la revista Lecturas, que llega hoy a los quioscos, recoge una entrevista exclusiva al presidente con un titular que lo dice todo: «No imagino mi vida sin Begoña».
La esposa del presidente del Gobierno, que tiene abierto juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha entrado de lleno en la campaña. Sánchez ha apostado por una estrategia de victimización, incorporándola al centro de su relato electoral y presentándola como parte de una ofensiva contra su entorno familiar. Una jugada arriesgada en la que parece haber apostado todas sus cartas a una sola baza. Habrá que ver si la «Fuerza del Amor» le da resultado en las urnas. Lo que no me imagino es qué ocurriría si finalmente Begoña Gómez fuese condenada. ¿Tampoco entonces podría imaginar su vida sin ella?
“Hay casos de corrupción reales y ficticios”
Durante las campañas electorales suele apelarse a la prudencia para evitar que determinados asuntos judiciales interfieran en el debate político. Sin embargo, a la vista de las medidas aprobadas contrarreloj, esa contención parece desaparecer cuando se trata de utilizar la acción del Ejecutivo y los espacios mediáticos para construir un relato favorable.
La ciudadanía tiene derecho a valorar los anuncios del Consejo de Ministros, pero también el contexto político en el que se producen, marcado por condenas e investigaciones judiciales que afectan a personas de su círculo más estrecho.
Conviene hacer memoria: el caso de las mascarillas terminó con las condenas del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, mientras que siguen abiertas distintas investigaciones relacionadas con Santos Cerdán, el caso Mediador, contratos públicos, la SEPI, los hidrocarburos y las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez.
A ello se suman las investigaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y las joyas halladas en su despacho, así como la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Son asuntos con situaciones procesales muy diferentes, que no deben confundirse con condenas, pero que forman parte de una realidad política y judicial que no desaparece porque haya comenzado una campaña electoral.
Mientras escribo esta columna, estoy escuchando la entrevista en Espejo Público al presidente del Gobierno, en la que reconoce su responsabilidad política en todos los casos mencionados, si bien hace una matización digna de añadir al artículo: “Hay casos de corrupción reales y ficticios”. Ahí queda el titular.
España sigue conmocionada
Y hay algo que tampoco podemos pasar por alto en una campaña electoral. España sigue conmocionada por dos tragedias ferroviarias que han dejado 115 víctimas mortales. Detrás de esa cifra hay familias destrozadas, personas que todavía intentan asimilar la pérdida de sus seres queridos y que siguen esperando explicaciones.
El país necesita respuestas sobre lo ocurrido y sobre las posibles responsabilidades. Por eso resulta tan difícil entender que, una vez retomada la campaña tras los días de luto, todo haya continuado con una agenda política que apenas parece haber cambiado de tono ante la magnitud de lo sucedido.
No voy a detenerme en las imágenes del presidente bailando en los mítines porque me cuesta entender esa indiferencia y frialdad en medio de tanto dolor. Lo que sí tengo claro es que el presidente del Gobierno debe transmitir algo más que entusiasmo electoral. Debe transmitir humanidad, cercanía y responsabilidad. Hay momentos en los que un país necesita ver a un hombre de Estado, no a un candidato pendiente de su próximo acto. Tristemente, la situación no es la misma.
Como conclusión, por mucho que intenten cambiar el relato, hay algo que no pueden cambiar: la hemeroteca. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las decisiones del Gobierno, pero también a exigir explicaciones por su gestión y por las responsabilidades pendientes. El BOE puede llenarse de anuncios y medidas, pero no puede borrar lo sucedido ni sustituir el debate que merece una democracia. Las instituciones están para servir a los ciudadanos, no para ponerse al servicio de una estrategia electoral.
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