Andalucía comienza a tener un auténtico problema con el transporte ferroviario, tanto con Renfe como con Adif (la empresa responsable del mantenimiento de las infraestructuras y las inversiones). Son varios los frentes que hay abiertos, el último como consecuencia de los dos accidentes del pasado fin de semana –Álora y Setenil de las Bodegas–, ambos afortunadamente sin consecuencias graves, pero como claro síntoma de que algo no funciona.
A los continuos retrasos en el servicio en la línea de Media Distancia Cádiz-Sevilla-Jaén, la escasa disponibilidad de billetes de venta ‘libre’ en dicha línea debido al abuso de los abonos o el servicio reducido en el Alvia que conecta la Bahía de Cádiz y Jerez con Madrid, se vienen a sumar ahora estos dos accidentes, uno motivo de preocupación real.
Es lógico que las autoridades de la Junta (también la izquierda ha llevado parte de estas cuestiones al Congreso de los Diputados) pida soluciones. De hecho, han tardado mucho en hacerlo, ya que Cádiz y Jerez no han recuperado nunca el servicio normal tras la pandemia y es una de las líneas de Larga Distancia que, en mayor medida, están acusando la falta de nuevos Alvia, que aún tardarán meses en estar operativos. Respecto a los accidentes, las quejas vía tuit del presidente Moreno no han encontrado más que nuevos exabruptos por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, en línea con lo ocurrido también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García-Ayuso, que asimismo imputa los descarrilamientos producidos recientemente en sus Cercanías a la falta de inversiones del Gobierno central.
Estos hechos y el enfrentamiento político que le ha sucedido contrasta poderosamente con una información aparecida en The Objective, en la que el medio digital mantiene que desde 2020 Rodalies de Cataluña ha recibido por parte de Adif ni más ni menos que el triple de inversión que Andalucía y el doble que la Comunidad de Madrid, en línea con otras informaciones que ponen de relieve la magnitud de las inversiones estatales en las Cercanías catalanas antes de su traspaso. Es cierto que el propio medio habla de la disponibilidad de unos 2.500 millones de euros procedentes de la Unión Europea (Next Generation), pero los datos están ahí y ya no se trata de un posible trato de favor hacia una comunidad en virtud de los acuerdos de esta y de la anterior investidura de Pedro Sánchez, sino en qué medida podrían estar afectando a la calidad del servicio y a la seguridad en Andalucía.
Comentarios