En El Economista se puede consultar el ránking de empresas por volumen de facturación en el año 2021, vinculado a la provincia en la que tienen su sede social. De entre las doscientas primeras, solo ocho están radicadas en Andalucía. Ciento doce tienen su sede en Madrid, veinticinco en Cataluña, y catorce en Euskadi. Galicia tiene trece empresas entre las doscientas primeras del ranking. Navarra tiene seis. Cuatro Aragón. La Comunitat Valenciana tiene también cuatro, destacando Mercadona S.A que es la primera con 25.154.320.000 € de volumen de negocio en 2021, un 20% más que la segunda que es REPSOL Petróleo S.A. Murcia tres y Canarias dos.
Madrid, con el 14,4% de la población española acumula el 52% de todas las grandes empresas del país. La desproporción es brutal. Entre Madrid, Cataluña, Euskadi y Galicia, con el 41% de la población, acumulan el 82% de las sedes sociales de las doscientas primeras empresas de España. Andalucía con una población equivalente al 17,7% del total de España cuenta con la sede social de ocho empresas de entre las doscientas primeras, solo un 4% de tejido empresarial con alta facturación. Un fuerte contraste con Navarra que con el 1,40% de la población española alberga seis empresas de entre las doscientas primeras. Los datos no incluyen los de los bancos. Si los incluyese, entre los diez primeros solo estaría Unicaja con sede en Andalucía.
De las diez primeras empresas del ranking, siete están en Madrid, una en Valencia, una en A Coruña y una en Barcelona. Madrid se imputa el 64,5% del aporte fiscal al estado de las diez primeras empresas del país, sin contar la de los bancos. El desequilibrio es aterrador a favor de la capital del reino. Este es el verdadero significado del “Madrid es España y España es Madrid” de Isabel Díaz Ayuso. Las grandes empresas tienen su sede social allí, imputan su aportación al PIB y su fiscalidad en Madrid, con fiscalidad autonómica de paraíso fiscal, pero extraen el beneficio del resto de España.
Contra esto es contra lo que Andalucía necesita luchar. Andalucía es la gran perjudicada de un modelo de colusión entre el capitalismo castizo madrileño que vive del BOE, las grandes empresas extranjeras radicadas en Madrid para succionar capital de todo el estado, los grandes grupos de comunicación españoles que emiten desde Madrid y trabajan para justificar el colonialismo centralista y, por último pero no menos importante, el bipartidismo de régimen del 78 que ampara, mediante los pactos del PP y del PSOE con las derechas vasca y catalana, la desigualdad territorial.
Cuando el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ataca la amnistía con el argumento de que en España todos debemos ser iguales, oculta las causas de la desigualdad territorial de Andalucía. Los datos de paro, pobreza, pobreza infantil, bajos salarios, precariedad laboral, deterioro de los servicios públicos, infrafinanciación y desindustrialización, entre otros, que sitúan a Andalucía entre las comunidades autónomas más perjudicadas, no son más que la consecuencia de la concentración de poderes económicos, mediáticos e institucionales en Madrid, a los cuales tanto el PP andaluz como el PSOE andaluz les rinden pleitesía desde siempre.
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