La Administración de Donald Trump ha ordenado abrir una investigación a través de su Embajada en Madrid para esclarecer la actuación del Gobierno español en el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que falleció la pasada semana tras someterse a la eutanasia.
Según ha revelado el diario New York Post, el Departamento de Estado ha solicitado recabar información detallada sobre el proceso judicial, sanitario y policial que rodeó su muerte, en un movimiento que añade presión diplomática sobre el Ejecutivo español.
En este sentido, Washington ha mostrado inquietud, según el citado medio, por posibles fallos en materia de derechos humanos. En particular, se reclama información sobre cómo se gestionaron las denuncias de agresiones sexuales que la joven habría sufrido en el pasado. En ese contexto, el documento recoge que "estamos profundamente preocupados por las denuncias de que la señora Castillo fue agredida sexualmente de forma reiterada mientras estaba bajo tutela del Estado y de que ningún responsable ha sido llevado ante la Justicia".
Además, la Administración estadounidense ha instado a sus diplomáticos a trasladar al Gobierno español sus "serias preocupaciones" por lo que considera "numerosos fallos sistémicos en derechos humanos". La misma información apunta que Castillo "expresó dudas" antes de la eutanasia y que estas "fueron ignoradas", lo que, a juicio de Washington, plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley, especialmente en casos no terminales o con componente psiquiátrico. Sin embargo, en declaraciones previas, la joven no manifestó públicamente vacilaciones sobre su decisión.
Una investiación para recabar datos sobre los presuntos agresores
La investigación también contempla recabar datos sobre los presuntos agresores, incluyendo su identidad y estatus migratorio, así como posibles obstáculos legales que habrían impedido procesarlos. El documento menciona además acusaciones de que los hechos podrían estar vinculados a personas de origen migrante, enmarcando el caso dentro de preocupaciones más amplias sobre "migración masiva e ilegal".
La muerte de Noelia Castillo, producida en Barcelona tras un prolongado proceso judicial, fue avalada por los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, que reconocieron su derecho a la eutanasia al considerar acreditado un sufrimiento grave, crónico e incurable. La joven defendió su decisión hasta el final y aseguró buscar "paz".
No obstante, la intervención de Estados Unidos ha reabierto el debate sobre los límites de la legislación vigente desde 2021, en un escenario marcado también por tensiones políticas entre Washington y el Gobierno de Pedro Sánchez por la guerra de Irán tras la negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón.