El Gobierno prevé que los interesados en el proceso de regularización de migrantes que aprobará este martes el Consejo de Ministros puedan iniciar sus solicitudes a partir del 16 de abril, fecha en la que estará disponible el trámite de forma telemática. Ese mismo día también podrán pedir cita para la tramitación presencial, aunque no será hasta el 20 de abril cuando puedan acudir físicamente a formalizar su petición.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en una entrevista en la Cadena SER que esta medida supone un avance en términos sociales. En sus palabras, convierte a España en "un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos".
Según ha detallado la titular de Migraciones, los requisitos para acogerse a la regularización serán encontrarse en situación irregular, residir en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado al menos cinco meses de estancia continuada en el país. Se trata de los criterios básicos que deberán cumplir los solicitantes para entrar en el procedimiento.
Saiz ha subrayado además que se trata de un proceso "absolutamente dimensionado", para el que se han reforzado los equipos administrativos. La resolución de las solicitudes corresponderá a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio y con sede en Vigo.
No obstante, para facilitar la presentación de solicitudes, se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el territorio. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio, con el objetivo de que el Ejecutivo pueda dar respuesta a todas las peticiones en un periodo aproximado de dos meses y medio, "vengan las que vengan", según ha señalado el Gobierno.
Quedan excluidos del proceso los solicitantes del estatuto de apátrida, ya que el Ejecutivo considera que no se encuentran en situación irregular y cuentan con un régimen jurídico específico. Tampoco está dirigido a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra, al disponer de mecanismos de protección temporal. En ambos casos, el Gobierno ha recalcado que ello no implica "desprotección" para estos colectivos.
La acreditación de antecedentes
El Ejecutivo prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros el real decreto que regula la regularización de personas migrantes en situación irregular en España. La medida fue anunciada el pasado 26 de enero y responde, según el Gobierno, al espíritu de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 600.000 firmas, aunque posteriormente bloqueada por falta de acuerdo político.
Uno de los puntos que ha sido objeto de revisión durante la tramitación ha sido la acreditación de los antecedentes penales. El principal problema detectado es la dificultad para obtener rápidamente en los países de origen el certificado correspondiente, debido al funcionamiento de muchas administraciones consulares y a la imposibilidad de viajar. El Gobierno había planteado inicialmente que, si no se lograba el certificado en plazo, pudiera bastar una declaración responsable del interesado, pero el Consejo de Estado rechazó esta fórmula al considerarla "inadecuada" y susceptible de "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso".