La Apertura del Año Judicial –estamos a 11 de septiembre– ha servido para que los jueces devuelvan la pelota al Gobierno por sus continuas críticas y acusaciones de 'lawfare' (tomar una resolución por razones políticas y no jurídicas). La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, aprovechó la ocasión y la presencia del rey Felipe VI –por qué no habría de hacerlo– para referirse a las continuas acusaciones de lawfare del presidente Sánchez y de varios de sus ministros (frente en el que sobre todo destacan Óscar Puente, Óscar López y Elma Saiz), acusaciones que considera muy graves, ya que "atribuyen a los jueces delitos de prevaricación" sin decirlo expresamente cuando realizan dichas acusaciones. Desde su punto de vista, las acusaciones que reciben los jueces llegan a comportar "la atribución de una conducta delictiva" que comprometen al estado de derecho.

Perelló ha hecho una cerrada defensa de la independencia judicial ante los ataques a los jueces que han generado un clima de roce permanente y alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, siempre crítico con las resoluciones judiciales relacionadas con investigaciones que afectan al círculo familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE. 

Ahondando en su argumentación, Perelló ha tildado de "inadmisible" que la descalificación publica a la jueces se termine convirtiendo "en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción". La presidenta del CGPJ ha ido más lejos y ha dicho que "el respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad", señaló durante el transcurso del acto, celebrado en el Tribunal Supremo.

Gobierno, Presidencia, PSOE e izquierda

El Gobierno lleva toda la presente legislatura realizando acusaciones de lawfare. Las dos últimas han sido que se designara a la jueza María Tardón para investigar la avalancha en Ceuta, ya que Tardón pasó por política en las filas del PP, y la paralización por ahora de la denominada 'ley de nietos'. Otro caso muy significativo es todo lo que tiene que ver con el 'caso Begoña' y las continuas críticas que ha recibido el juez Peinado a lo largo del procesamiento de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno o, por no extendernos, también ha sido objeto de estas críticas el enjuiciamiento de David Sánchez, hermano del presidente, por su puesto en la Diputación de Badajoz.

Estos tres casos de supuesto lawfare hacen referencia a presiones enviadas directamente por el Gobierno, pero la izquierda ha venido denunciando también como lawfare distintos casos que se han sucedido durante las dos últimas legislaturas, como lo ocurrido con Mónica Oltra, Ada Colau o Victoria Rosell, con acusaciones que han quedado en nada pero que, en algunos casos, como el de Oltra, frenaron en seco la carrera de la dirigente de Compromís, que ahora ha decidido volver a la política.

Delante del jefe del Estado, hay que insistir, pero también del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la presidenta del CGPJ ha dicho que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto".