La crisis migratoria de Ceuta derivada del asalto masivo de migrantes sucedido a finales del pasado julio también mantiene abierto un nuevo frente político en Andalucía.

Mientras el debate a escala nacional estriba en si el Gobierno tenía alertas suficientes sobre la mesa que pudieran haber evitado la entrada masiva, la crisis en Ceuta también tiene un componente humanitario, en relación especialmente a los menores no tutelados que llegaron a territorio español a finales de julio pasado y podrían ser repartidos entre comunidades autónomas en caso de no poder ser repatriados.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lanzado este jueves, "como andaluza", un llamamiento directo al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) para que "acoja a los menores migrantes que le corresponden por la situación que se vive en Ceuta".

"Menos dar golpes de pecho y más actuar cuando realmente queremos mostrar solidaridad ofreciendo lo que tenemos y, por tanto, mejorando las condiciones de los niños", ha afirmado la dirigente socialista en una atención a medios en Sevilla, antes de reunirse con el secretario general de UGT-A, Óskar Martín.

Montero ha cargado con dureza contra lo que ha calificado como el "fariseísmo" de la derecha y la ultraderecha, a quienes ha acusado de hacer "permanentemente" llamamientos a la solidaridad "pero eso sí, que la solidaridad la ejerza otro, que la confrontación esté por delante, y cuando me toca a mí poner mis instalaciones al servicio de los demás, entonces no toca".

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha pedido "la colaboración de todas las administraciones" para "normalizar la situación en Ceuta" y ha reclamado espacios de acogida como polideportivos —"ya descartados"— o la zona del Puerto ceutí, siempre "respetando los derechos humanos". Además, ha advertido de que ni la derecha ni la ultraderecha pueden pretender que España se salte los tratados internacionales que amparan el derecho de asilo.

El alcalde de Lubrín ofrece su centro municipal para 15 o 20 menores

En paralelo, el alcalde de Lubrín (Almería), Domingo Ramos (PSOE), ha planteado que el centro municipal destinado a menores migrantes en su localidad pueda acoger a entre 15 y 20 jóvenes más, al considerar que las instalaciones están "infrautilizadas". "Está muy bien manifestarse, pero vamos a apoyar con cuestiones reales", ha señalado Ramos, aunque ha aclarado que la propuesta —surgida tras una publicación suya en Facebook— aún no se ha trasladado formalmente a la Junta, ya que es esta administración la competente para autorizar nuevas llegadas. El inmueble, ubicado en El Pocico y antigua granja escuela, llegó a albergar entre 50 y 60 niños tras destinarse en 2018 a un operativo de emergencia; actualmente acoge a unos 20 menores, aunque podría llegar a 40 con dos ocupantes por habitación.

Frente a las peticiones socialistas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central y a Marruecos. En declaraciones en Granada, Moreno ha confiado en que el Ejecutivo esté "trabajando ya" para que los menores "vuelvan con sus familias", tal y como se comprometieron "públicamente" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Exteriores, José Manuel Albares.

El presidente andaluz, en línea con las exigencias de su socio de Gobierno, Vox, ha recordado que "el Reino de Marruecos dijo que estaba dispuesto a admitir a todos los migrantes" que entraron de forma irregular, y ha apuntado que ese país, organizador de un Mundial y con un estadio de "casi mil millones de euros" en construcción, "tiene recursos suficientes" para hacerse cargo de los menores.

Moreno ha insistido en que no puede haber "improvisación permanente" en la gestión de la crisis y ha reclamado al Gobierno central que cumpla "la palabra dada" sobre el retorno de los menores. El dirigente popular también ha destacado el carácter "pacífico" de las manifestaciones ciudadanas en Ceuta pese a la "máxima tensión" y ha condenado las "agresiones" sufridas por trabajadores de los medios de comunicación durante las protestas, pidiendo "máximo respeto" hacia su labor.

Sánchez no descarta el reparto entre CCAA y pide "solidaridad"

Desde el Gobierno central, el presidente Pedro Sánchez ha evitado cerrar puertas. "Nosotros no descartamos ninguna opción", afirmó este pasado miércoles en una entrevista en La 1 de RTVE al ser preguntado por la posible distribución de los migrantes entre comunidades autónomas.

Sánchez explicó que la prioridad actual es "la reubicación de todos los migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta", para lo que ya se han habilitado 3.500 plazas con el objetivo de llegar a 6.000, y reclamó "infraestructuras de acogida de mayor envergadura", en paralelismo con la crisis migratoria de Canarias de 2020-2021.

Sobre los menores no acompañados, el jefe del Ejecutivo ha detallado que se está a la espera de que la ciudad autónoma de Ceuta nombre a sus representantes legales, tal y como exige el Pacto Europeo de Migración y Asilo, para poder iniciar su filiación y determinar si procede la reagrupación familiar en Marruecos o la permanencia en España, para lo que ha pedido de nuevo "la solidaridad por parte de las comunidades autónomas". Sánchez respondió también al PP: "Yo les pido menos hipérbole y un poco más de solidaridad y de responsabilidad".

"Instrumentalizar el Parlamento"

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado este jueves a PP y Vox de "querer instrumentalizar" la Cámara para hablar de la crisis de Ceuta "en términos de racismo y xenofobia", después de que la Junta de Portavoces excluyera del próximo Pleno una PNL del PP-A y cinco puntos de otra de Vox sobre la crisis.

Maíllo ha defendido que en la sesión "se va a hablar de Ceuta, pero no de racismo, de xenofobia ni de incumplir normas clasistas", y ha acusado a ambos partidos de utilizar el Parlamento "como han utilizado" la FEMP "para el uso partidista" del conflicto.

El coordinador federal de IU ha reclamado el "cumplimiento de la norma del reparto" de menores entre comunidades autónomas, advirtiendo de que negarse a ello supondría una "prevaricación" ante la que su formación presentaría "denuncias en Fiscalía". Maíllo ha propuesto además el traslado a la península de las personas que han cruzado la frontera en Ceuta, señalando que existen "10.000 vacantes en toda la península" para atenderlas con dignidad mientras se tramitan sus expedientes, lo que permitiría "distender la relación en Ceuta".