El PSOE comienza a virar rápidamente con el tema Zapatero. Oficialmente el discurso sigue basado en la presunción de inocencia del expresidente, que ya de por sí es un escalón menos de la reacción que se produjo hace un par de meses, cuando estalló el tema y la defensa de Rodríguez Zapatero y su legado progresista –el matrimonio igualitario, la ley de Dependencia o la de Memoria Histórica– era cerrada, mientras ahora se trabaja en aislar al Gobierno, especialmente a Moncloa, de cualquier salpicadura del 'caso Plus Ultra'. De hecho, la argumentación hacia la que se desliza el Ejecutivo va yendo de lo político a lo jurídico.

De las palabras del martes de la ministra portavoz Elma Saiz, cabe también reparar en el giro que se está produciendo. Si en un primer momento dijo que creía en la "inocencia" de Zapatero, en línea con el argumentario de defensa de hace dos meses, más adelante cambio a "la presunción de inocencia", algo mucho más laxo y simplemente jurídico, sin contenido político.

Elma Saiz, durante su intervención también hizo referencia a todo el soporte jurídico-económico, los informes, en definitiva, que llevaron al Ejecutivo a tomar la decisión de conceder los 53 millones de ayuda a la aerolínea Plus Ultra, desde los servicios técnicos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), informes financieros y jurídicos externos, la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y los análisis realizados tanto por la Comisión Europea como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno comienza a defender –o parapetarse, según la opinión que se tenga de lo ocurrido... e incluso de la simple evolución de los hechos– estrictamente su parcela, dejando a su suerte al expresidente Zapatero.

Esta tarde (estas líneas se han escrito por la mañana) comparece Alberto Núñez Feijóo para hablar sobre la marcha de la legislatura y, con toda seguridad, hará mención al 'caso Plus Ultra'. La argumentación ya la marcó claramente el PP ayer, tras el cambio en la línea de defensa de Julio Martínez Martínez, socio o presunto testaferro de Zapatero, al que acusó en su declaración ante el juez de mediar a cambio de una comisión de 1% para que Plus Ultra obtuviera dicha ayuda de 53 millones de euros. Desde este momento ya no se trata tanto de lo que ha hecho Zapatero como de con quién lo habló y todo apunta, como no puede ser otra forma, al Gobierno, de ahí el cambio de estrategia detectado en Moncloa.

Otra pista: el caso de Zapatero formó parte, en un principio, del grupo de temas que el PSOE y sus socios vienen denunciando como persecución judicial, el llamado lawfare. Sin embargo, comenzó a usarse de manera más intermitente cuando se destapó el tema de las joyas y su primera valoración en 1,2 millones de euros aproximadamente y esta semana dicho término ha desaparecido del vocabulario de la izquierda, mientras se ha mantenido para referirse a los dos casos que interesan de manera personal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de su hermano David y su esposa, Begoña Gómez.

Lo cierto es que la declaración de Julio Martínez lo cambia todo, abre un nuevo –y  evidentemente peor– escenario judicial para Zapatero pero no tanto para el Gobierno. El hecho de que Martínez, al menos por ahora, no haya dado –bien porque no quiere, bien porque no sabe– nombres de personas y/o instituciones con las que medió Zapatero en el 'caso Plus Ultra' hace que en Moncloa todavía se trabaje con margen.