A diferencia de las aguas torrenciales, que son cosa de unas horas, las mansas aguas de nuestros grifos provocan también pérdidas de vidas humanas y daños no menos cuantiosos. Un buen ejemplo nos lo proporciona estos días Benalmádena, municipio malagueño de 80.000 habitantes en el que un sector del PP pretende estos días quitarnos dinero y salud a beneficio del megarrico mexicano Carlos Slim, propietario de Aqualia/FCC, y de sus lacayos locales. Cuando el agua alcanza niveles de calidad que la convierten en muy dura, la salud se resiente y todo lo que toca se estropea, desde los calentadores a las lavadoras. La causa de que Benalmádena como otros muchos municipios de las provincias de Málaga y de Almería tengan aguas de consumo muy duras no es de la naturaleza. En Almería capital, como en su área metropolitana o en municipios malagueños como Vélez-Malaga o Torremolinos donde el agua es muy dura coincide que su gestión está en manos de empresas privadas, con Aquelia/FCC a la cabeza. Por eso, es significativo lo que está pasando estos días en el Ayuntamiento de Benalmádena, cuya agua gestiona desde hace 25 años Aqualia/FCC. En junio pasado acababa el contrato de 25 años, que era improrrogable. Pero un poco antes el alcalde Lara ( PP) cambió los estatutos de la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa) cuya propiedad comparte el Ayuntamiento con Aqualia/FCC para permitir su prórroga. A la vez, el alcalde Lara encargó a dedo un informe que recomienda la gestión privada. Y el jueves 30 de octubre Lara lleva al pleno municipal una moción para aprobar ese informe y la gestión privada del agua. De ese informe, sin firma identificada, hecho por una empresa canaria (Eguesan SL) habitual subcontratista de Aqualia/FCC, se deriva una clara voluntad, por otra parte publicitada en su web: la mejor gestión del agua la hace el sector privado. Mejor gestión para Carlos Slim, cierto. Para los usuarios, no. Pues quitarle dureza al agua cuesta dinero. Y eso es precisamente lo que busca la gestión privada. El informe desvía millones a Aqualia de forma burda, incrementando el gasto anual de personal (un millón), disminuyendo los ingresos (otro millon), afirmando que los gastos financieros de un privado son menores que los de un Ayuntamiento, absurda afirmación que hace reír a cualquiera que sepa de dinero, pero de donde en otros 25 años Aqualia/FCC sacará sobre los 54 millones de inversiones anunciadas, pero no detalladas, otro millón al año. Más lo que saquen de encargar esas obras a otras empresas de ese grupo constructor, su auténtica negocio. Por el contrario, si los ayuntamientos gestionan su agua, como hace por ejemplo la capital malagueña, también con mayoría del PP, aparte de no tener que pagar millones cada año a Aqualia/FCC, se ahorra el 10% del IVA, el 3% que cobra Aqualia por sus supuestos conocimientos... y los sobresueldos que se pagan a alcaldes Lara y sus allegados. La capital malagueña tiene desde hace muchos años una planta desalobradora. Los malagueños no consumen agua muy dura. Benalmádena no dispone de equipos para quitar dureza al agua y sus ciudadanos pagan con su salud esa carencia. Ahora sabemos por qué. Jaén, Barbate, La Línea, Moguer, Sanlúcar, Tarifa... son algunos municipios que han tenido que llevar sus casos contra Aqualia/FCC ante la justicia. Ante la justicia informes sin firmar, cambios de estatutos, adjudicaciones a dedo y todo este tipo de maniobras pueden acabar con carreras políticas y cargos administrativos que las pasan por alto. Pero el daño económico y los efectos penales y administrativos palidecen cuando los ponemos junto a las litiasis, las piedras en los riñones, la consecuencia mas directa del agua muy dura que padecen unos 840.000 andaluces, de los cuales más de 11.000 ya necesitan diálisis. Y de los que 255 mueren cada año. Nuestra Dana de cada día.
