El cambio climático se ha revelado imparable y nadie duda del calentamiento global que viene sufriendo el planeta y que provoca fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y graves efectos en la biodiversidad y en núcleos poblacionales. Un problema que ha encontrado, sin embargo, en las nuevas generaciones todo el apoyo y adhesión y que ha obligado a gobiernos nacionales y supranacionales a una legislación que ponga coto a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la utilización de combustibles fósiles. Desde Europa, el Paquete de Invierno recoge un conjunto de normas que establecen la política energética de los estados miembros de la Unión Europea hasta 2030. Directivas del rendimiento energético en edificios, de las energías renovables, de la eficiencia energética o de la electricidad conforman un grupo de normas que, desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, deben adoptar con una reciente aprobada Ley del Cambio Climático.

Dicha Ley obligará, por ejemplo, a los municipios de más 50.000 habitantes a tener antes de 2023 planes de movilidad que apuesten por la peatonalización de las localidades y otras medidas que reduzcan las emisiones y hagan las ciudades más sostenibles. Eso, junto con la descarbonización de la economía, la reducción de los combustibles fósiles y la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, señalan a éste, como el momento histórico para que las energías renovables y la transición energética sean una realidad y una nueva forma de relacionarnos con el planeta.

Así las cosas, la revolución verde y lo sostenible han pasado a formar parte de discursos políticos, del lenguaje coloquial y, sobre todo, del comercial, hasta el punto de que ha surgido un fenómeno contrario, el greenwhasing, que alerta de que todo lo verde no es ni mucho menos sostenible y que, en definitiva, no es más que una estrategia publicitaria de determinadas compañías para presentarse como respetuosas con el medio ambiente.

Y es que el negocio está ahora aquí. Los capitales, que siguen siendo los mismos, han cambiado el objeto de deseo y, sobre todo, de especulación, que ahora se llama energía renovable. Por toda España pero, especialmente, en Andalucía, la fiebre fotovoltaica amenaza con desecar tierras, acabar con la biodiversidad, el patrimonio histórico, cultural y etnográfico y, finalmente, con la población que termina siendo expulsada. Ladrillos y hormigón por placas fotovoltaicas, pero siempre, el suelo como medio para ganar.

Así lo denuncian plataformas ciudadanas que se han creado por Andalucía, integradas en Aliente, un colectivo estatal que nace con el apoyo inicial de decenas de organizaciones y de personas a título individual que luchan por una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo.

“Nosotros no estamos en contra de las renovables, soy ecologista”, aclara nada más empezar a hablar Juan Rebodello, portavoz de la Plataforma SOS Campiña de Jimena y Gaucín. “El otro día nos presentaron en una televisión como Plataforma Stop Fotovoltaicas”, lamenta el portavoz de una de las organizaciones más beligerantes en la actualidad en la provincia de Cádiz. “En nuestra zona hay proyectadas 3.000 hectáreas de megaproyectos fotovoltaicos”. En el Campo de Gibraltar ahora mismo se cuentan 18 proyectos de energía fotovoltaica, liderados por grandes multinacionales y fondos de inversión. Ignis o Cepsa, por ejemplo, que presentan 13 y dos proyectos respectivamente en la comarca.

#Renovablessiperonoasi es mucho más que un hashtag. Es una denuncia de cómo se están haciendo estos proyectos y de la necesidad de regular la implantación de las renovables en los territorios. “Nos encontramos con un páramo legal y un Plan Nacional de Energía y Clima  que favorece la especulación”, asegura Rebolledo. “Es el mismo fenómeno especulativo que vivimos con el urbanismo”. Una nueva burbuja que vuelve a crecer en el medio rural, asolando esta vez las tierras, los recursos hídricos, la agricultura y ganadería y, en definitiva, la forma de vida de sus habitantes.

En eso insiste Marisa Casal, portavoz de la Asociación Valle Natural Río Grande, que representa a los vecinos y vecinas afectadas por las plantas fotovoltaicas en el Valle del Guadalhorce, en donde hay proyectadas megaplantas fotovoltaicas que ocupan una superficie de 10.000.000 de metros cuadrados. “El Paquete de Invierno de la UE  obliga al desarrollo de un modelo energético en el que prime el ahorro y eficiencia energéticas y el autoconsumo de renovables en un modelo distribuido, y que regule la capacidad máxima de producción, así como el establecimiento de criterios sostenibles de utilización, algo que el Gobierno de España no está cumpliendo puesto que en su Plan Nacional de Energía y Clima no lo aplica”. Al contrario, “las mismas compañías petroleras y energéticas que controlaban el sector, se suben ahora al carro de las energías renovables para, de nuevo, seguir ganando y continuar con el modelo centralizado en grandes ciudades”.

En lugar de eso, Casal insiste en que el modelo para que la transición energética sea una realidad, sea sostenible y respetuoso con los territorios, la biodiversidad y sus gentes es el modelo de distribución, basado en el autoconsumo, en las cooperativas y en las comunidades energéticas. “Pero las eléctricas eso no lo quieren”. Y así, hectáreas de tierra colmatadas de placas solares mientras que la factura de la luz sube hasta el límite más alto de su historia, pagando el megavatio a 200 euros. Es el negocio.

Un negocio que pretende implantarse en más de un millón de hectáreas del territorio español a través de recalificaciones del suelo. “Tenemos que retrotraernos a la desamortización de Mendizábal para hablar de una extensión similar”, explica Casal. La fiebre eólica ha azotado a la España Vaciada que ahora quieren dejar seca, y a Andalucía por sus altos niveles de insolación. En la comunidad autónoma andaluza hay ahora mismo 790 proyectos presentados. “Vamos a producir diez veces más energía fotovoltaica de lo que nos pide la Unión Europea de aquí a 2030”, porque de lo que se trata es de “especular con ella y venderla para la fabricación del hidrógeno verde. Como dice el profesor Antonio Turiel, España va a ser el Congo de Alemania, el país de sacrificio para que la electricidad de los parques solares sea transformada luego en hidrógeno que mueva sus fábricas”.

La portavoz de esta asociación malagueña, ahora mismo líder en Andalucía, pone encima de la mesa además dos cuestiones fundamentales. “¿De dónde van a sacar el agua?”, pregunta, “porque uno de los proyectos del Valle, por ejemplo, lleva incorporada una balsa de 5 millones de litros y la limpieza de las placas conlleva 20 toneladas por cada megavatio”. El otro tema importante es el de las expropiaciones. Y aquí entran las dinámicas que ya se vieron con la burbuja inmobiliaria. Las compañías arrendan a precios altos a los propietarios hectáreas o fincas enteras, acabando así con la actividad agrícola y la ganadera. “Aquí en la campiña de Jimena somos 58 ganaderos y aseguran que el ganado ovino puede coexistir con estas placas, pero ¿quién va a tener a sus ovejas en un erial?”, pregunta Rebolledo. Además, “corren el riesgo de que posteriormente sean declaradas de utilidad y puedan ser expropiadas”.

Los ayuntamientos se encuentran solos ante esta avalancha que, a priori, trae puestos de trabajo para sus pueblos y dinero para las arcas municipales. La propia Junta de Andalucía contabiliza en 774 los empleos que se crearán durante la fase de construcción de cinco de los parques solares de Jerez. Sin embargo, desde las asociaciones advierten: “Son trabajos que tienen una duración de uno a dos años, a lo sumo, y que son muy especializados porque lo que muchas compañías traerán su personal. El mantenimiento de las plantas corre a cargo luego, a lo sumo, de cuatro personas”. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) calcula que el modelo de distribución -autoabastecimiento, cooperativas y comunidades energéticas- generaría siete veces más puestos de trabajo que el actual modelo centralizado.

Sin embargo, la recaudación obtenida por la instalación de estas plantas es un caramelo “envenenado” para muchos ayuntamientos. “Ni el Gobierno central ni el de la Junta ponen coto a esta proliferación y dejan caer la responsabilidad en los ayuntamientos que, a pesar de las limitaciones, sí tienen la capacidad para suspender licencias. Y eso es lo que pedimos”, explica el representante del Campo de Gibraltar. “Las medidas compensatorias no compensan”, algo en lo que coinciden ambos y de lo que alerta Marisa Casal. “No sólo tienen los efectos que hemos dicho en el entorno paisajístico, en los sectores productivos primarios y en el propio municipio, sino los efectos que puedan ocasionar los movimientos de tierra para las obras y que pueden afectar a las infiltraciones de agua naturales y la propia contaminación que provocan: por los materiales de los que están hechas las placas y por los contaminantes del suelo y del agua que utilizan en su mantenimiento y durante la vida de las megaplantas”. Esto supone que, “los campos, ahora cultivables, quedarían inutilizados, incluso cuando el plazo de la vida útil de las plantas terminara. No va crecer nada”, asegura tajante.

En el caso de Cádiz, la provincia ha doblado en diez años la energía fotovoltaica que producía, pasando de 65 a 126 Mw, según el Informe de Infraestructuras Energéticas de la Agencia Andaluza de Energía y, aunque es líder de generación de energía eólica, no es de las provincias andaluzas más ‘afectadas’ por los parques solares. El crecimiento exponencial más señalado es el de Sevilla pero aún así, 18 proyectos de megaparques se ciernen sobre el Campo de Gibraltar y 13 en Jerez, donde ya el paisaje está cambiando.

Desde la Plataforma SOS Campiña de Jimena insisten en la regulación y explican que están trabajando a nivel nacional y andaluz en moratorias que paralicen este boom descontrolado. En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha puesto alfombra roja a la venta de suelo con la nueva ley del suelo e introduciendo mecanismos como la Unidad Aceleradora de Proyectos para que el hormigón y el modelo urbanístico de segundas residencias, parques de golf y megaproyectos hoteleros sea la salvación de Andalucía. Con respecto a las fotovoltaicas, “lo ven como una inversión y no va a poner freno”, cuenta Rebodello tras la reunión que mantuvieron con el consejero de Economía, Rogelio Velasco. De hecho, la Junta ha retirado su mapa de parques solares de Andalucía tras la presión de los inversores. “Es un auténtico lobby y tanto el gobierno central como el autonómico nos han vendido”, completa Casal.

Por eso, están trabajando en una iniciativa legislativa para presentarla en el Parlamento de Andalucía que recoja una moratoria andaluza en la que piden un modelo descentralizado, basado en la democratización energética, la planificación, la zonificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana, al tiempo que denuncian su postura contraria a la instalación de renovables en áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, que se haga sin planificación y basado en prácticas fraudulentas habituales como el fraccionamiento de proyectos. “Nos han vendido pero no nos van a engañar. Tienen que contar con la ciudadanía, tenemos que sentarnos y ver esa planificación y esa ordenación que es urgente hacer y, además vamos a iniciar movilizaciones, en Sevilla y Madrid, el próximo 16 de octubre”, informa Casal. La portavoz más conocida en el asociacionismo andaluz insiste: “Yo no tenía ni idea de esto pero nos fuimos enterando, leyendo a expertos, documentándonos. Son nuestros pueblos, es nuestra tierra y nos enfrentamos a lo que llamamos colonialismo energético. No podemos no hacer nada”.