El Gobierno financiará la 'guerra' al coche privado en las grandes ciudades antes de las municipales

Siete de los ocho municipios más poblados de la provincia de Cádiz podrán solicitar ayudas antes de octubre. Cádiz es la que tiene más proyectos avanzados y El Puerto se quedaría fuera de los fondos por no tener un Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) en vigor

Un coche privado circulando por Cádiz.
Un coche privado circulando por Cádiz. MANU GARCÍA

La Ley de Cambio Climático aprobada en mayo pasado exige a las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes del país, 29 en el conjunto de Andalucía, que cuenten con áreas de acceso restringido al tráfico antes de 2023. De este modo, como ya se conocía hace más de año y medio, las llamadas zonas de bajas emisiones, generalmente en los centros urbanos, deberán ser implantadas sí o sí, de forma irrenunciable.

Una medida muy positiva para lucha contra la emergencia climática y para recuperar espacio público para el peatón y los medios no contaminantes, pero con un importante impacto en las perspectivas electorales de quienes gobiernan en estas ciudades. Este tipo de transformaciones drásticas, pese a sus efectos positivos a largo plazo, suelen generar un ruido importante a corto plazo en el debate público que inquieta a los representantes políticos con vistas a las municipales de mayo de 2023, apenas unos meses después de que estos proyectos entren en vigor.

Sin embargo, no solo es que la decisión estatal esté tomada, es que esta misma semana el Ministerio de Transportes ha emitido la primera línea de ayudas para que los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes puedan financiar los proyectos para crear dichas zonas, compren autobuses eléctricos y construyan más carriles bici y áreas peatonales.

En total, son 1.000 millones procedentes del Plan de Recuperación que servirán para financiar hasta el 90% de los proyectos que se presenten antes de final de septiembre. Y no valdrá cualquier proyecto. El ministerio quiere medidas contundentes e iniciativas “maduras” por lo que la condición indispensable para acceder a las subvenciones pasa por tener previamente aprobado un Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) en el municipio.

El Puerto, sin acceso por ahora a ayudas

En el caso de la provincia de Cádiz, de los ocho municipios más poblados solo uno a día de hoy no podría acceder a estas ayudas, El Puerto de Santa María. Su Plan de Movilidad data de 2007 y, además, no dispone de una ordenanza municipal que lo desarrolle. La idea, cuentan fuentes del Consistorio portuense (gobernando por PP. y Cs), era que el nuevo PGOU contemplase ya el nuevo PMUS, pero al ser derribado en el Tribunal Supremo, la realidad es que en El Puerto no hay por ahora un documento que diseñe de forma estratégica la movilidad en el municipio acorde a criterios de sostenibilidad ambiental.

“Estamos trabajando sin dilación en la redacción del nuevo PGOU y ahí iba a ir encajado el nuevo PMUS, pero ante la noticia que abre la posibilidad de la convocatoria de ayudas europeas, el equipo de gobierno del alcalde Germán Beardo ha decidido redactar un PMUS, independiente del Plan General de Ordenación Urbana, y adherirnos a esta convocatoria, aprovechando la financiación”. Otra cosa es que haya tiempo material de tenerlo en vigor —casi imposible— y que se pueda hacer, llegado el caso, una excepción en caso de municipios que anden rezagados en sus planes.

En busca de la utopía en Jerez: el "máximo consenso"

Sin que haya definición exacta de lo que puede considerarse una zona de bajas emisiones, municipios como Jerez, el más poblado de Cádiz, trabaja con 53 unidades vecinales en todo el núcleo urbano donde quiere reducir el tráfico. El responsable municipal de Movilidad, el socialista Rubén Pérez, confirma a lavozdelsur.es que se trabaja en busca de un “equilibrio” que “no es sencillo, y que también depende de la mejora de la red de autobuses, algo que también vamos a rediseñar”. “Queremos recibir aportaciones y generar el máximo consenso”, asegura, a la vista del último intento, en 2008, que acabó en sonado fracaso del anterior gobierno socialista de Pilar Sánchez.

Del centro o de un posible ‘Jerez Central’ no habla, pero sí hace ya mucho que se baraja la implantación de lectores de matrículas que restrinjan el tráfico en la zona medular de la ciudad, reservando la circulación solo para transporte público, residentes, acceso a parkings, carga y descarga. y emergencias.

El Plan de Movilidad Urbana y Sostenible de Jerez, confeccionado el pasado año por la consultora granadina experta en estas lides Contorno —ha elaborado al menos tres documentos para el municipio en los últimos veinte años—, asegura que en Jerez, del total de viajes de residentes en un día laboral medio, 667.480 viajes/día, el 61,5% se realizan en modos motorizados, pero de ellos, apenas el 5% se mueve en transporte público.

Cambiar esta dinámica, este círculo tóxico, no será sencillo, para empezar porque la transformación no solo consiste en algo físico, sino también mental. “Por algo hay que empezar, hay que tomar medidas”, asegura Pérez, muy reservado a la hora de adelantar actuaciones porque, probablemente, sea verdad que a día de hoy no hay nada cerrado.

Cádiz capital, a la cabeza en proyectos: desde centro intermodal en Zona Franca y Puerto hasta peatonalizaciones

Con el aparcamiento como gran caballo de batalla —algunos no entienden que Cádiz capital tiene los kilómetros cuadrados que tiene, no hay más—, Martín Vila, responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital gaditana (gobernado por Adelante Cádiz), tiene entre sus objetivos desde hace cinco años reconvertir a la Tacita en una ciudad amable con el peatón. Con la reforma integral que peatonalizará la plaza España como símbolo, el municipio insular ha apostado sí o sí por la movilidad sostenible, con el carril bici a la cabeza, y analiza ahora qué proyectos presenta para seguir avanzando en su movilidad futura, donde obviamente el coche cada vez tendrá menos espacio. Su PMUS comenzó a diseñarse en 2012 y ya se marcaba el objetivo de una reducción de un 20% en las emisiones de CO2 para el pasado 2020.

Los avances de dicho Plan, no obstante, no llegaron hasta el mandato anterior, mientras que los proyectos de futuro ya se esbozaron en marzo pasado. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de las Delegaciones de Urbanismo y Movilidad, registró cinco propuestas ante el Ministerio de Transportes relativas al Plan de Choque de Movilidad Urbana Sostenible del Plan de Recuperación y Resiliencia. La sustitución completa de la flota municipal de vehículos, en su totalidad vehículos con motor diésel, por vehículos híbridos, y la implementación de una plataforma digital con la información de las diferentes líneas de bus urbano, el tiempo de espera real en parada, la localización y monitorización de cada vehículo, sistema de audio y video, monética, cobro y recarga de bonos de transporte. Se establecía entonces un año para la ejecución del mismo, de enero de 2022 a enero de 2023, y un presupuesto total de 21 millones de euros.

Otra iniciativa que se presentó, con 2,3 millones de presupuesto, fue la de un modelo de gestión de acceso a las zonas de bajas emisiones o de tráfico restringido que permita gestionar las autorizaciones en función de las características de los vehículos y los tipos de colectivos, en la cual éstos y los ciudadanos autogestionen sus propios datos y solicitudes de acceso. El sistema se complementa con la gestión de los aparcamientos de rotación, la información al ciudadano a través de paneles de mensaje variable, y la implantación y gestión de medidores medioambientales para la monitorización de la calidad del aire.

Con más de 20 kilómetros de carriles bici por toda la ciudad, la red está casi completa, por lo que el otro proyecto que se presentó pasaba por mejorar la infraestructura y promocionar el uso de la bici como medio protagonista para los desplazamientos por Cádiz (sistema público de alquiler de bicis con 46 estaciones y 460 bicicletas; aparcamientos tipo hangar como aparcabicis…). Este proyecto se valoró en 3,2 millones y su desarrollo también iría desde principios del próximo año hasta diciembre de 2023.

Vila señala que la implantación de este proyecto “mejoraría la calidad urbana ambiental, en términos de reducción de ruidos y de emisión de gases de efecto invernadero, además de mejorar la salud al favorecer la movilidad activa combatiendo hábitos de vida sedentarios. Igualmente supondría una mejora en los tiempos de desplazamiento de los modos de transporte en la ciudad, así como la recuperación del espacio público en favor del peatón y de modos de transporte sostenible”. Y apunta también “el fomento de la economía local, pymes vinculadas al comercio de proximidad y de las empresas relacionadas con la venta y reparación de bicicletas”. Más ambiciosas aún son las propuestas de una infraestructura ciclista metropolitana que conecte Cádiz con San Fernando y Puerto Real (4 millones de presupuesto) y la creación de una Red de Aparcamientos de Carácter Disuasorio/Frontera en la Zona Franca y Puerto. Centros intermodales que no estarían concluidos en su totalidad hasta 2025 y cuyo presupuesto se estima en18 millones de euros.

Algeciras, Chiclana, San Fernando y Sanlúcar

Aprobado en el BOP en diciembre pasado, el PMUS de San Fernando, financiado con cargo a los fondos europeos de la Edusi, también incluye entre sus objetivos básicos una mejora en la red motorizada, mejora de la accesibilidad al transporte público, promoción de la movilidad no motorizada y la gestión del sistema de aparcamiento. En todo ello, cobrará especial relevancia para el futuro de la movilidad en el municipio que de una vez por todas entre en funcionamiento el Tranvía de la Bahía de Cádiz, una infraestructura que sigue “en pruebas” y que la conectará con Chiclana.

Precisamente esta localidad de la Bahía gaditana, con el alcalde socialista José María Román a la cabeza, aprobó en 2014 su PMUS, un documento que tiene muy en cuenta el considerable aumento demográfico de un municipio que en una década ha crecido algo más del 25% frente al 9% de crecimiento medio de la provincia y la Bahía de Cádiz. Un crecimiento, en muchos casos, disperso que condiciona la movilidad del municipio y que, a través de dicho documento, quiere comenzar a ordenarse de forma más racional y sostenible. Muy ambicioso, el Plan se marca como objetivo una disminución de unos 36.000 viajes en coche en 2023 respecto al escenario actual (un 16% menos) y la reducción de la emisión de 3.400 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Otra de las poblaciones con más de 50.000 habitantes que debe poner en marcha estas zonas de bajas emisiones es Sanlúcar de Barrameda. En diferentes fases, el municipio de la Costa Noroeste parte de un PMUS que, en el marco de la Estrategia Europea de la EDUSI, “se han establecido una serie de prioridades basadas en el desarrollo de iniciativas de eficiencia y movilidad sostenible que cambiarán la manera de consumir los servicios y forma de desplazarnos por la ciudad, favoreciendo las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

En Algeciras, con un PMUS en vigor desde junio de 2019, las medidas son similares al resto de municipios de mayor población de la provincia: carriles exclusivos para transporte público, fomento del coche compartido, sistema de préstamo de bicicletas a trabajadores municipales, renovación de la flota de autobuses, establecer la red Algeciras 30 (control de los límites de velocidad)… En total, las medidas se cifran hasta 2028 en 74,6 millones de euros y se estima una rebaja de 57.000 viajes menos en día laborable (un 25% del escenario actual), liberando a la atmósfera de  unas 11.200 toneladas de CO2 al año.

La Línea: el problema de tráfico hacia el Peñón

Redactado en 2016, el PMUS de la ciudad fronteriza de La Línea de la Concepción se extiende hasta 2023 y define tres escenarios a corto, medio y largo plazo. Peatonalización de calles e itinerarios peatonales, caminos escolares seguros, creación de vías con preferencia para los modos sostenibles: peatón, bicicleta y transporte público, ampliación de los carriles-bici y aparcamientos para bicicletas, renovación de la flota de autobuses y habilitación de aparcamientos disuasorios (Park & walk o Park & ride) son algunas de las 25 propuestas que recoge el documento.

En el caso de la particularidad de La Línea, frontera con Gibraltar, uno de los objetivos perseguidos por el Plan de Movilidad del municipio es reducir el impacto medioambiental del transporte hacia el Peñón, “que ha sido y es el principal problema de La Línea de la Concepción”. De hecho, relata el informe, “a pesar de la favorable situación geográfica y climatológica, con fuertes vientos de Levante y Poniente es la ciudad más contaminada de España. Anualmente, pasan por la frontera de Gibraltar más de 4.000.000 de vehículos, según datos de la Dirección de la Guardia Civil. Estos vehículos no solo atraviesan el municipio por la única vía de entrada desde Algeciras, sino que forman una cola que colapsa esta entrada en la que están a veces durante horas con la consiguiente contaminación”.

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