Pelayo: "No podíamos prestar un servicio si no teníamos los autobuses"

La regidora popular declara "de manera voluntaria" en el Juzgado de Instrucción 4 por la demanda interpuesta contra ella por Urbanos Amarillos. Defiende la legalidad de la actitud tomada por el Ayuntamiento al señalar que no se pretendía la apropiación de los autobuses, sino "mantenerlos adscritos al servicio"

  Bajo gritos de "choriza" "delincuente" o "a la cárcel", por parte de los afectados por el ERE del Ayuntamiento, entraba esta mañana la alcaldesa, María José García-Pelayo, a los juzgados de Tomás García Figueras para prestar declaración por la denuncia interpuesta contra ella por la empresa Urbanos Amarillos. Tras cuarenta minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 4, la alcaldesa destacaba ante la prensa la situación "un tanto compleja" que se había producido, ya que, debido a su condición de aforada, es el Tribunal Supremo el que decide si debe declarar o no. Así y todo, Pelayo afirmó que lo hizo de manera voluntaria, tras presentar un escrito solicitándolo, ya que "cuanto antes se aclare esta cuestión, mucho mejor", accediendo finalmente el juez a tomarle declaración. De esta manera, la alcaldesa defendió que hasta ahora, la actitud que ha tomado el Ayuntamiento "está ajustada a derecho" y afirmó que lo que le ha destacado al juez es que "tal y como establece la ley de contratos del Estado y la propia base del pliego", el Consistorio "optó por mantener la adscripción de los autobuses al servicio. No podíamos prestar un servicio si no teníamos los autobuses, y eso no quiere decir que pretendiéramos apropiarnos los autobuses, simplemente mantenerlos adscritos al servicio". Además, la alcaldesa volvió a insistir en que el de los autobuses "es un servicio que nosotros nos encontramos al llegar al gobierno que se había firmado prácticamente cuatro días antes de las elecciones municipales. El servicio desde el primer momento no funcionaba, Urbanos Amarillos estaba incumpliendo lo que venía en el contrato y en el pliego y como es lógico nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Estamos hablando de una competencia que es municipal, la ley de base establece que los ayuntamientos son los que tienen la obligación de garantizar y prestar el servicio de transporte público y en base a esa obligatoriedad tomamos una serie de decisiones que han pasado por reclamar los incumplimientos a la empresa, que en algunos casos el Contencioso nos ha dado la razón y en otros no, y fundamentalmente, ante la persistencia en los incumplimientos tomamos la decisión del secuestro". Por su parte, el portavoz de los afectados por el ERE municipal, Pedro Grimaldi, denunció la manera "obscena" en la que el PP está gestionando el Ayuntamiento, criticando además que se esgriman "argumentos económicos" en sus despidos "cuando se están despilfarrando recursos públicos", haciendo hincapié en el encarecimiento del alumbrado navideño de este año o la cesión gratuita de inmuebles a colectivos como la Unión de Hermandades. Por último, Grimaldi destacó que entre enero y febrero se van a señalar los juicios de las demandas individuales y señaló que en el pleno de diciembre se va a promover una moción para que, en caso de que los tribunales estimen la improcedencia de los despidos, cada trabajador pueda elegir entre reincorporarse a su puesto de trabajo o ser indemnizado.