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La Audiencia Nacional ha paralizado este miércoles de forma cautelar la decisión del Ministerio de Transportes de instalar un campamento de acogida para migrantes en el puerto de Ceuta. La infraestructura, prevista en una superficie de 16.000 metros cuadrados en la zona del muelle de Poniente, estaba destinada inicialmente a atender a alrededor de un millar de personas, aunque desde Moncloa se señala que el operativo tenía capacidad para alojar a 1.700 migrantes. La resolución judicial deja en suspenso una instalación cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para las próximas horas.
El origen de la medida se remonta al pasado 5 de septiembre, cuando el ministerio dirigido por Óscar Puente tomó el control de parte del puerto de Ceuta con el propósito de desplegar carpas de acogida temporal. La decisión se produjo después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlada por la ciudad autónoma, rechazara la instalación del campamento en esos terrenos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió la actuación y reclamó como medida cautelar su paralización, alegando la "falta de publicación y notificación" de la decisión de Transportes, que, según sostenía, no constaba "en el BOE".
El tribunal reclama toda la documentación al Ministerio
Antes de pronunciarse de forma definitiva sobre el recurso presentado por el SUP, la Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio de Transportes "la mencionada resolución u orden, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado al efecto". El tribunal solicita que esa información sea remitida "a la mayor urgencia", "antes de las 12 horas del día de hoy". La decisión llega cuando los trabajos de instalación de las carpas estaban prácticamente terminados y el traslado de los migrantes podía comenzar de forma inminente.
Fuentes de Moncloa han expresado su "perplejidad" ante "una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno". Según estas fuentes, la resolución judicial interrumpe un dispositivo logístico preparado para ejecutarse de inmediato y concebido "con criterios estrictamente humanitarios y de orden público". Desde el Gobierno se sostiene que los terrenos portuarios reúnen las condiciones de seguridad necesarias y se reclama que la complejidad de la situación no derive en "inacción o parálisis institucional".
Cruce de posiciones políticas por el futuro del operativo
Las mismas fuentes han defendido que la prioridad pasa por retirar a los migrantes de las calles y proporcionarles unas condiciones adecuadas de acogida. En ese sentido, han señalado: "Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta. Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida".
Desde el PP, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha sostenido que "algunos ya habían avisado desde Ceuta que la decisión no era la adecuada". El dirigente ha aludido a la oposición de parte de los vecinos y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ambos contrarios al despliegue del campamento en el puerto. Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha considerado que "los tribunales no están ayudando a rebajar la presión a los y las ceutíes" y ha reiterado la posición de su formación: "Hay que trasladar urgentemente a la Península a todas estas personas".
La Audiencia Nacional ha paralizado este miércoles de forma cautelar la decisión del Ministerio de Transportes de instalar un campamento de acogida para migrantes en el puerto de Ceuta. La infraestructura, prevista en una superficie de 16.000 metros cuadrados en la zona del muelle de Poniente, estaba destinada inicialmente a atender a alrededor de un millar de personas, aunque desde Moncloa se señala que el operativo tenía capacidad para alojar a 1.700 migrantes. La resolución judicial deja en suspenso una instalación cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para las próximas horas.
El origen de la medida se remonta al pasado 5 de septiembre, cuando el ministerio dirigido por Óscar Puente tomó el control de parte del puerto de Ceuta con el propósito de desplegar carpas de acogida temporal. La decisión se produjo después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlada por la ciudad autónoma, rechazara la instalación del campamento en esos terrenos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió la actuación y reclamó como medida cautelar su paralización, alegando la "falta de publicación y notificación" de la decisión de Transportes, que, según sostenía, no constaba "en el BOE".
El tribunal reclama toda la documentación al Ministerio
Antes de pronunciarse de forma definitiva sobre el recurso presentado por el SUP, la Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio de Transportes "la mencionada resolución u orden, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado al efecto". El tribunal solicita que esa información sea remitida "a la mayor urgencia", "antes de las 12 horas del día de hoy". La decisión llega cuando los trabajos de instalación de las carpas estaban prácticamente terminados y el traslado de los migrantes podía comenzar de forma inminente.
Fuentes de Moncloa han expresado su "perplejidad" ante "una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno". Según estas fuentes, la resolución judicial interrumpe un dispositivo logístico preparado para ejecutarse de inmediato y concebido "con criterios estrictamente humanitarios y de orden público". Desde el Gobierno se sostiene que los terrenos portuarios reúnen las condiciones de seguridad necesarias y se reclama que la complejidad de la situación no derive en "inacción o parálisis institucional".
Cruce de posiciones políticas por el futuro del operativo
Las mismas fuentes han defendido que la prioridad pasa por retirar a los migrantes de las calles y proporcionarles unas condiciones adecuadas de acogida. En ese sentido, han señalado: "Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta. Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida".
Desde el PP, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha sostenido que "algunos ya habían avisado desde Ceuta que la decisión no era la adecuada". El dirigente ha aludido a la oposición de parte de los vecinos y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ambos contrarios al despliegue del campamento en el puerto. Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha considerado que "los tribunales no están ayudando a rebajar la presión a los y las ceutíes" y ha reiterado la posición de su formación: "Hay que trasladar urgentemente a la Península a todas estas personas".
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