El debate sobre las viviendas de uso turístico (VUT) da un nuevo paso en Cádiz con el inicio de una campaña de recogida de firmas para intentar llevar a consulta popular municipal una propuesta que afecta directamente al futuro de estos alojamientos. El grupo promotor, integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero, ha comenzado a recabar apoyos y necesita reunir alrededor de 3.000 firmas para activar el procedimiento. Su objetivo es que el Ayuntamiento modifique las normas urbanísticas para que todas las VUT necesiten una licencia urbanística municipal y que, en consecuencia, aquellas que no cumplan con el PGOU vigente dejen de operar como viviendas turísticas.

La iniciativa parte de una cuestión concreta. Actualmente, las viviendas de uso turístico se inscriben en el Registro de Turismo de Andalucía y los promotores de la consulta consideran necesario añadir un control urbanístico municipal. Su propuesta consiste en que el Ayuntamiento compruebe, mediante una licencia, si cada inmueble destinado a VUT es compatible con el planeamiento vigente. De esta manera, las viviendas que cumplan las condiciones podrían continuar con la actividad, mientras que las que incumplan el PGOU tendrían que abandonarla y sus propietarios podrían destinar posteriormente esos inmuebles a otros usos, como el alquiler residencial o la venta.

El origen de la propuesta está en la regulación aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz en 2022. La modificación del PGOU incorporó las viviendas de uso turístico al planeamiento y estableció limitaciones a su implantación. En el Casco Histórico se establecieron restricciones especialmente severas, mientras que en determinadas zonas de Extramuros se permitía su implantación en plantas baja, primera y segunda. El grupo promotor sostiene que durante la tramitación de aquella modificación se produjo la inscripción de numerosas VUT en el Registro de Turismo de Andalucía antes de que entraran en vigor las nuevas limitaciones. A su juicio, esa situación generó una "anomalía" entre las viviendas que ya figuraban en el registro y las condiciones urbanísticas posteriores.

Los impulsores calculan que ese proceso permitió que entre 1.500 y 2.000 viviendas quedaran registradas como VUT en el Casco Histórico y consideran que ahí existe un parque que podría revisarse si se incorpora la licencia urbanística municipal. La idea no consiste, según explican, en eliminar automáticamente todas las viviendas turísticas, sino en comprobar cuáles cumplen las condiciones urbanísticas vigentes. El planteamiento es que el Ayuntamiento autorice las que sean compatibles con el PGOU y retire de la actividad aquellas que no lo sean.

La regulación municipal ha continuado modificándose desde entonces. En mayo de 2025, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente una nueva modificación del PGOU que amplía las restricciones y contempla una moratoria de tres años para nuevas viviendas de uso turístico. El Gobierno municipal ha defendido que desde su llegada se han dado de baja 547 VUT que incumplían la normativa urbanística y que actualmente existen 2.384 registradas en la ciudad. También sostiene que desde mayo de 2025 no se pueden registrar nuevas viviendas turísticas en Cádiz.

Quién está detrás de este movimiento

El grupo promotor considera, sin embargo, que esas medidas no resuelven la situación de las viviendas que ya estaban inscritas antes de las modificaciones del planeamiento. Por eso plantea utilizar una herramienta de participación ciudadana para que la población se pronuncie sobre la creación de esa licencia urbanística municipal. La pregunta que propone someter a votación es: "¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento modifique las normas urbanísticas y someta a licencia urbanística municipal las viviendas de uso turístico, y por tanto, se deban de retirar de la actividad aquellas que incumplen con el PGOU vigente?".

Detrás de la iniciativa se encuentra el grupo promotor denominado La Consulta, integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida (IU), Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero. Sus integrantes presentan la iniciativa como una alianza plural de carácter político y social y defienden que el mecanismo puede servir para que los ciudadanos tengan capacidad de pronunciarse directamente sobre el modelo de ciudad y sobre las políticas relacionadas con el acceso a la vivienda. Durante las semanas previas al inicio de la recogida de firmas, el grupo también ha mantenido contactos con diferentes sectores del tejido social gaditano para explicar la propuesta y recabar apoyos.

Para activar el procedimiento, los promotores han iniciado una campaña de recogida de firmas entre los vecinos de Cádiz. Su hoja de ruta contempla alcanzar el número de apoyos exigido por la normativa de participación ciudadana y presentar posteriormente las firmas ante el Ayuntamiento. El grupo sostiene que el Reglamento de Participación Ciudadana municipal permite activar este mecanismo mediante la iniciativa ciudadana y que, una vez celebrada la consulta, aunque su resultado no tenga carácter jurídicamente vinculante, el Ayuntamiento tendría que llevar el resultado al Pleno y adoptar una posición teniendo en cuenta la participación y el sentido de la votación. El calendario planteado sitúa la entrega de las firmas en octubre o noviembre de 2026.

La recogida de firmas continuará durante los próximos días en distintos puntos de Cádiz. Este jueves se instalará una mesa en El Palillero, de 18:00 a 20:00 horas; el día 19, en la Plazoleta de las Brigadas, de 18:30 a 20:30; el 22, en La Merced, de 12:00 a 14:00; el 24, en Candelaria, de 18:00 a 20:00; el 26, en el Mercado Central, de 11:00 a 13:00; el 28, en el Piojito, de 11:00 a 13:00; el 29, en la plaza del Mentidero, de 18:00 a 20:00; y el 30 de septiembre, en Virgen del Rosario, de 11:00 a 13:00 horas.

Las dificultades para acceder a la vivienda

La propuesta se desarrolla en paralelo a una reflexión más amplia sobre el acceso a la vivienda en Cádiz. Los promotores sostienen que la pérdida de población y las dificultades para acceder a una vivienda hacen necesario adoptar medidas que reduzcan la presión turística, especialmente en el centro histórico. En su argumentación también reclaman un incremento de la vivienda pública y del alquiler asequible y defienden que el suelo público no debería destinarse a operaciones que terminen reduciendo el parque residencial disponible. Según los datos manejados por el grupo, existen zonas del casco histórico con una elevada presencia de VUT sobre el parque residencial.

La iniciativa también ha generado una respuesta desde el sector de las viviendas turísticas. Convive Cádiz, plataforma que agrupa a propietarios y gestores de VUT, rechaza el planteamiento y sostiene, a partir de un informe jurídico encargado al bufete Themis, que una consulta popular no puede por sí misma modificar el planeamiento urbanístico, crear una nueva licencia municipal ni eliminar las viviendas turísticas preexistentes. La plataforma considera además que las VUT que cumplen actualmente la normativa no pueden ser consideradas responsables del problema de acceso a la vivienda.

El Ayuntamiento, por su parte, recuerda que ya ha endurecido la regulación y que ha dado de baja cientos de viviendas turísticas que incumplían la normativa. El Gobierno municipal sostiene que la modificación aprobada en 2025 impide nuevas altas y que las medidas adoptadas han reducido el número de VUT existentes. El grupo promotor pretende ahora ir un paso más allá mediante la consulta y centrar el debate en aquellas viviendas que, según su planteamiento, continúan operando pese a no ajustarse al PGOU. El resultado de la recogida de firmas determinará si la iniciativa consigue activar el procedimiento para que los gaditanos puedan pronunciarse sobre esta cuestión.