El Gobierno ha acordado posponer hasta el mes de septiembre la aprobación del real decreto ley deVivienda, que tenía previsto abordar este martes en el Consejo de Ministros, ante la falta de apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación en el Congreso, según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda. La decisión llega tras semanas de intensa negociación con los distintos grupos parlamentarios, en un intento por alcanzar un acuerdo que el propio Ejecutivo calificaba de "amplio" y "transversal".

El principal obstáculo ha sido la falta de respaldo de Podemos, cuyos cinco votos resultan imprescindibles para la convalidación del decreto. La formación se niega a apoyar el texto al considerar que incluía una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, incrementaría los "pelotazos urbanísticos" y la "especulación". Pese a ello, desde el Ministerio de Vivienda se reafirman en que aún es posible "sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible".

Según las fuentes del Gobierno, "la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura", aunque reconocen que "se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto". Por este motivo, el Ejecutivo ha optado por dar más margen a la negociación y ha decidido priorizar, en el último Consejo de Ministros del curso político, la lucha contra los incendios derivados de la emergencia climática.

Las medidas del decreto

Entre las medidas que incluía el texto figuraba una prórroga forzosa de dos años de los contratos de alquiler, promovida por Sumar. Esta ampliación de los arrendamientos había sido introducida por el socio minoritario del Gobierno en el paquete de medidas extraordinarias aprobado el pasado mes de marzo con motivo de la guerra de Irán, aunque fue rechazada en abril por el Congreso al no contar con suficientes apoyos parlamentarios.

Esta nueva prórroga de los contratos de arrendamiento, que incluía el decreto de vivienda, podía ser solicitada por los inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 30 de junio de 2028, lo que ampliaría en casi un millón el número de potenciales beneficiarios de la medida. Según fuentes de Sumar, entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 podrían beneficiarse de esta prórroga cerca de cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

El texto contemplaba también otras medidas ya anunciadas, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, con el objetivo de acabar con el uso fraudulento de este tipo de arrendamientos como vía para eludir el régimen del alquiler de vivienda habitual y los límites de precios establecidos en las zonas tensionadas. Asimismo, incluía un aumento de la tributación de los pisos turísticos, hasta un IVA del 21%, y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas digitales, medidas orientadas a desincentivar el alquiler turístico.