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Nueva polémica en torno a la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne. Facua ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la que acusa a Española de Telefonía de no atender las peticiones de usuarios que solicitan la eliminación de sus datos personales o información sobre qué datos tiene almacenados la compañía.
Según denuncia la asociación, la firma estaría incumpliendo tanto la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, al no responder a los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que deberían permitir a los consumidores controlar el uso de su información personal.
La organización asegura llevar meses documentando cómo la empresa tampoco contestaría a peticiones expresas de alta en sus servicios. Según FACUA, Española de Telefonía sería la única compañía del sector que no permite darse de alta online: ni su web ni su teléfono de información tramitan contrataciones, limitándose a solicitar los datos personales del interesado, tras lo cual, según numerosos usuarios consultados por la asociación y comprobaciones de sus propios técnicos, no llegaría respuesta alguna ni por llamada, correo o WhatsApp.
¿Un simple revendedor?
Facua también sostiene que Española de Telefonía no figura como operador de telecomunicaciones en el Registro de la CNMC, y afirma que en realidad actuaría como revendedora de servicios de Movistar, a través de la intermediación de la empresa tecnológica Aire, cuyo principal accionista sería la firma de capital riesgo francés Ardian.
Según la asociación, esto contrastaría con el discurso publicitario de la compañía, que se presenta con lemas como "orgullosamente Españoles, comprometidos con España" y asegura, entre sus valores, "priorizar la contratación de proveedores españoles" o garantizar que "cada euro invertido en nuestros servicios permanece en España".
Por el momento, la denuncia se encuentra en manos de la AEPD, que deberá determinar si existen o no las presuntas irregularidades señaladas por FACUA.
Nueva polémica en torno a la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne. Facua ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la que acusa a Española de Telefonía de no atender las peticiones de usuarios que solicitan la eliminación de sus datos personales o información sobre qué datos tiene almacenados la compañía.
Según denuncia la asociación, la firma estaría incumpliendo tanto la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, al no responder a los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que deberían permitir a los consumidores controlar el uso de su información personal.
La organización asegura llevar meses documentando cómo la empresa tampoco contestaría a peticiones expresas de alta en sus servicios. Según FACUA, Española de Telefonía sería la única compañía del sector que no permite darse de alta online: ni su web ni su teléfono de información tramitan contrataciones, limitándose a solicitar los datos personales del interesado, tras lo cual, según numerosos usuarios consultados por la asociación y comprobaciones de sus propios técnicos, no llegaría respuesta alguna ni por llamada, correo o WhatsApp.
¿Un simple revendedor?
Facua también sostiene que Española de Telefonía no figura como operador de telecomunicaciones en el Registro de la CNMC, y afirma que en realidad actuaría como revendedora de servicios de Movistar, a través de la intermediación de la empresa tecnológica Aire, cuyo principal accionista sería la firma de capital riesgo francés Ardian.
Según la asociación, esto contrastaría con el discurso publicitario de la compañía, que se presenta con lemas como "orgullosamente Españoles, comprometidos con España" y asegura, entre sus valores, "priorizar la contratación de proveedores españoles" o garantizar que "cada euro invertido en nuestros servicios permanece en España".
Por el momento, la denuncia se encuentra en manos de la AEPD, que deberá determinar si existen o no las presuntas irregularidades señaladas por FACUA.
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