La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha rechazado este lunes "el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) camuflado" que planea Paradores a raíz de la crisis de la Covid-19 y que afectaría a un millar de trabajadores en Andalucía, donde existen 16 establecimientos de esta entidad pública estatal. El Sector de las Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Andalucía ha lamentado que la empresa se haya levantado de la mesa de negociación y haya anunciado que pretende reducir el sueldo hasta en un 50% a la plantilla de la empresa pública, que lleva cerrada desde el 16 de marzo y que desconoce cuándo podrá reanudar su actividad.
CSIF ha explicado a través de una nota que los trabajadores ya han consumido los días que les correspondían por exceso de horas realizadas en 2019 así como el permiso retribuido recuperable que aprobó el Gobierno desde el 30 de marzo hasta el 11 de abril. CSIF ha lamentado que, de cumplirse la propuesta de Paradores, habría un amplio colectivo de trabajadores que no llegarían a cobrar ni el salario mínimo interprofesional dados los sueldos que existen en la empresa pública, por lo que el sindicato ha exigido al Gobierno una solución digna para los trabajadores de Paradores, que figuran como empleados públicos en el Convenio.
El sindicato ha exigido que se respeten las mismas condiciones laborales y que las jornadas que no se puedan realizar hasta que se reanude la actividad se compensen en los próximos años ampliando el horario de los trabajadores. Sin embargo, la empresa se ha negado a negociar este punto, lo que dejaría a los trabajadores al límite de la supervivencia económica. Paradores pretende quitarles la prima de producción que es lo que permite llegar o acercarse, en el caso de determinados colectivos, a los 1.000 euros brutos mensuales.
El sindicato recuerda que Paradores ha cerrado el ejercicio 2019 con unos beneficios netos de 16,7 millones euros. Un colchón que debería utilizarse ahora en lugar de realizar un "ERTE camuflado" sin emplear esa palabra que el Gobierno ha prohibido realizar a las empresas públicas.
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