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El juicio por el brote de listeriosis de 2019 relacionado con la carne mechada contaminada de Magrudis, que dejó cuatro fallecidos y más de 200 personas intoxicadas, comienza este viernes, 16 de octubre, en la Audiencia Provincial de Sevilla. La causa busca esclarecer las responsabilidades por una de las crisis sanitarias más graves registradas en Andalucía en los últimos años, con consecuencias que afectaron a cientos de personas y a sus familias.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de enjuiciar los hechos, en un procedimiento que se prolongará durante meses. El calendario contempla un total de 43 sesiones y fija como fecha prevista para su conclusión el 27 de enero de 2027. Las tres primeras jornadas, del 16 al 19 de octubre, estarán dedicadas a las cuestiones previas planteadas por las partes antes de entrar en el fondo de la causa.
La composición del tribunal sufrió cambios antes de la celebración de la vista. Tras la abstención del magistrado Jesús Manuel Madroñal Navarro para ocupar la ponencia, José Luis Ramírez Ortiz fue designado para ese cometido en 2024. Posteriormente, tras el cese del anterior ponente, la Sección Séptima nombró a Alejandro Vián Ibáñez, que será finalmente el encargado de la causa.
Los responsables de Magrudis, ante el tribunal por la crisis sanitaria
Entre los principales encausados figura José Antonio Marín Ponce, considerado administrador de hecho de Magrudis. También se sentarán en el banquillo su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, vinculada a la producción y al sistema de autocontrol de la empresa, y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez y Mario Marín Rodríguez. El primero era administrador único de Magrudis, mientras que el segundo figuraba al frente de Elaborados Cárnicos Mario.
El procedimiento incluye también al arquitecto técnico Sergio L. G., contratado por la empresa, y a María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal. Junto a las personas físicas, están encausadas Magrudis S. L. y Elaborados Cárnicos Mario S. L., además de las aseguradoras AXA S. A., AIG Europe S. A., a través de su sucursal en España, y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, declaradas responsables civiles en la causa.
El Ayuntamiento de Sevilla comparece como responsable civil subsidiario, ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal. La causa deberá determinar tanto las responsabilidades penales individuales como las eventuales obligaciones económicas de los acusados, las sociedades implicadas y las entidades aseguradoras por las consecuencias del brote.
Las peticiones de la Fiscalía alcanzan los once años y medio de prisión para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez. Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez reclama diez años de cárcel. La acusación pública no ha presentado cargos contra la veterinaria municipal, aunque esta figura como acusada en el procedimiento a raíz de las actuaciones impulsadas por otras partes.
El Ministerio Público atribuye a los hechos presuntos delitos contra la salud pública, en concurso con cuatro homicidios por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto y 235 delitos de lesiones por imprudencia grave. La calificación incluye también un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial. Para los cuatro principales responsables de la empresa, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión por el delito contra la salud pública y otros seis por los homicidios imprudentes, además de las penas correspondientes a los restantes delitos. Por la falsedad documental, solicita un año y medio adicional para José Antonio Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y el arquitecto técnico.
Facua reclama penas de hasta 12 años e indemnizaciones para los afectados
La asociación de consumidores Facua ejerce la acusación particular en representación de 64 personas afectadas y solicita penas de prisión de entre cuatro y doce años, según los delitos atribuidos a cada encausado. También reclama las indemnizaciones que se determinen durante el procedimiento. Para José Antonio Marín Ponce pide doce años de cárcel: nueve por el conjunto de delitos relacionados con la salud pública y las lesiones, incluidos los homicidios imprudentes, y tres por falsedad en documento oficial.
La organización reclama además para el administrador de hecho de Magrudis trece años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer actividades relacionadas con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano. A esta petición suma una multa de 15 euros diarios durante un año.
Para Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de Magrudis, Facua solicita diez años y un día de prisión, así como diez años de inhabilitación para desarrollar actividades relacionadas con la producción y distribución de alimentos. La petición incluye una multa de 15 euros diarios durante ocho meses. Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez reclama seis años y un día de cárcel por los delitos contra la salud pública y las lesiones, además de nueve años y un día de inhabilitación profesional en ese ámbito.
Las peticiones de Facua también alcanzan a la inspectora veterinaria municipal María José Ojeda, para quien reclama diez años y un día de prisión por los delitos que le atribuye, incluidos los relacionados con la salud pública, las lesiones y la falsedad documental. La acusación particular pide además nueve años y un día de inhabilitación para actividades de inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, así como cuatro años y seis meses de inhabilitación para ejercer como autoridad o funcionaria pública y una multa de 15 euros diarios durante diez meses.
En cuanto al arquitecto técnico Sergio L. G., Facua solicita dos años de prisión y una multa de 15 euros diarios durante ocho meses por falsedad en documento oficial. Para Magrudis S. L. y Elaborados Cárnicos Mario S. L., la asociación pide multas de 150 euros diarios durante tres años y la disolución de ambas personas jurídicas por los delitos que les atribuye. Todas estas solicitudes corresponden a la acusación particular y deberán ser valoradas por el tribunal.
Las indemnizaciones por las muertes y las secuelas del brote
La responsabilidad económica constituye otro de los puntos centrales del juicio. La Fiscalía solicita que los acusados, con la excepción del arquitecto técnico, indemnicen al Ayuntamiento de Sevilla con 141.040 euros y a la Junta de Andalucía con 800.000 euros por los gastos ocasionados a ambas administraciones. AXA, como aseguradora de Magrudis, respondería directamente en los términos planteados por el Ministerio Público. La compañía ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor para las víctimas y las personas afectadas.
Las reclamaciones incluyen también una indemnización de 5.861 euros a Endesa, además de las compensaciones que correspondan por los cuatro fallecimientos, los abortos y las lesiones y secuelas sufridas por el resto de afectados. La Fiscalía vuelve a señalar a AXA como responsable directa en materia aseguradora y al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario, de acuerdo con su escrito de acusación.
El juicio deberá esclarecer las responsabilidades por una crisis que tuvo consecuencias irreparables para varias familias y dejó a numerosos afectados con secuelas. Tras años de procedimiento, las 43 sesiones previstas permitirán examinar las actuaciones de los responsables de la empresa, las circunstancias de la contaminación alimentaria y las posibles responsabilidades derivadas de los controles sanitarios. La resolución determinará las condenas que procedan y las indemnizaciones que correspondan a las víctimas.
El juicio por el brote de listeriosis de 2019 relacionado con la carne mechada contaminada de Magrudis, que dejó cuatro fallecidos y más de 200 personas intoxicadas, comienza este viernes, 16 de octubre, en la Audiencia Provincial de Sevilla. La causa busca esclarecer las responsabilidades por una de las crisis sanitarias más graves registradas en Andalucía en los últimos años, con consecuencias que afectaron a cientos de personas y a sus familias.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de enjuiciar los hechos, en un procedimiento que se prolongará durante meses. El calendario contempla un total de 43 sesiones y fija como fecha prevista para su conclusión el 27 de enero de 2027. Las tres primeras jornadas, del 16 al 19 de octubre, estarán dedicadas a las cuestiones previas planteadas por las partes antes de entrar en el fondo de la causa.
La composición del tribunal sufrió cambios antes de la celebración de la vista. Tras la abstención del magistrado Jesús Manuel Madroñal Navarro para ocupar la ponencia, José Luis Ramírez Ortiz fue designado para ese cometido en 2024. Posteriormente, tras el cese del anterior ponente, la Sección Séptima nombró a Alejandro Vián Ibáñez, que será finalmente el encargado de la causa.
Los responsables de Magrudis, ante el tribunal por la crisis sanitaria
Entre los principales encausados figura José Antonio Marín Ponce, considerado administrador de hecho de Magrudis. También se sentarán en el banquillo su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, vinculada a la producción y al sistema de autocontrol de la empresa, y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez y Mario Marín Rodríguez. El primero era administrador único de Magrudis, mientras que el segundo figuraba al frente de Elaborados Cárnicos Mario.
El procedimiento incluye también al arquitecto técnico Sergio L. G., contratado por la empresa, y a María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal. Junto a las personas físicas, están encausadas Magrudis S. L. y Elaborados Cárnicos Mario S. L., además de las aseguradoras AXA S. A., AIG Europe S. A., a través de su sucursal en España, y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, declaradas responsables civiles en la causa.
El Ayuntamiento de Sevilla comparece como responsable civil subsidiario, ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal. La causa deberá determinar tanto las responsabilidades penales individuales como las eventuales obligaciones económicas de los acusados, las sociedades implicadas y las entidades aseguradoras por las consecuencias del brote.
Las peticiones de la Fiscalía alcanzan los once años y medio de prisión para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez. Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez reclama diez años de cárcel. La acusación pública no ha presentado cargos contra la veterinaria municipal, aunque esta figura como acusada en el procedimiento a raíz de las actuaciones impulsadas por otras partes.
El Ministerio Público atribuye a los hechos presuntos delitos contra la salud pública, en concurso con cuatro homicidios por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto y 235 delitos de lesiones por imprudencia grave. La calificación incluye también un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial. Para los cuatro principales responsables de la empresa, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión por el delito contra la salud pública y otros seis por los homicidios imprudentes, además de las penas correspondientes a los restantes delitos. Por la falsedad documental, solicita un año y medio adicional para José Antonio Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y el arquitecto técnico.
Facua reclama penas de hasta 12 años e indemnizaciones para los afectados
La asociación de consumidores Facua ejerce la acusación particular en representación de 64 personas afectadas y solicita penas de prisión de entre cuatro y doce años, según los delitos atribuidos a cada encausado. También reclama las indemnizaciones que se determinen durante el procedimiento. Para José Antonio Marín Ponce pide doce años de cárcel: nueve por el conjunto de delitos relacionados con la salud pública y las lesiones, incluidos los homicidios imprudentes, y tres por falsedad en documento oficial.
La organización reclama además para el administrador de hecho de Magrudis trece años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer actividades relacionadas con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano. A esta petición suma una multa de 15 euros diarios durante un año.
Para Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de Magrudis, Facua solicita diez años y un día de prisión, así como diez años de inhabilitación para desarrollar actividades relacionadas con la producción y distribución de alimentos. La petición incluye una multa de 15 euros diarios durante ocho meses. Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez reclama seis años y un día de cárcel por los delitos contra la salud pública y las lesiones, además de nueve años y un día de inhabilitación profesional en ese ámbito.
Las peticiones de Facua también alcanzan a la inspectora veterinaria municipal María José Ojeda, para quien reclama diez años y un día de prisión por los delitos que le atribuye, incluidos los relacionados con la salud pública, las lesiones y la falsedad documental. La acusación particular pide además nueve años y un día de inhabilitación para actividades de inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, así como cuatro años y seis meses de inhabilitación para ejercer como autoridad o funcionaria pública y una multa de 15 euros diarios durante diez meses.
En cuanto al arquitecto técnico Sergio L. G., Facua solicita dos años de prisión y una multa de 15 euros diarios durante ocho meses por falsedad en documento oficial. Para Magrudis S. L. y Elaborados Cárnicos Mario S. L., la asociación pide multas de 150 euros diarios durante tres años y la disolución de ambas personas jurídicas por los delitos que les atribuye. Todas estas solicitudes corresponden a la acusación particular y deberán ser valoradas por el tribunal.
Las indemnizaciones por las muertes y las secuelas del brote
La responsabilidad económica constituye otro de los puntos centrales del juicio. La Fiscalía solicita que los acusados, con la excepción del arquitecto técnico, indemnicen al Ayuntamiento de Sevilla con 141.040 euros y a la Junta de Andalucía con 800.000 euros por los gastos ocasionados a ambas administraciones. AXA, como aseguradora de Magrudis, respondería directamente en los términos planteados por el Ministerio Público. La compañía ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor para las víctimas y las personas afectadas.
Las reclamaciones incluyen también una indemnización de 5.861 euros a Endesa, además de las compensaciones que correspondan por los cuatro fallecimientos, los abortos y las lesiones y secuelas sufridas por el resto de afectados. La Fiscalía vuelve a señalar a AXA como responsable directa en materia aseguradora y al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario, de acuerdo con su escrito de acusación.
El juicio deberá esclarecer las responsabilidades por una crisis que tuvo consecuencias irreparables para varias familias y dejó a numerosos afectados con secuelas. Tras años de procedimiento, las 43 sesiones previstas permitirán examinar las actuaciones de los responsables de la empresa, las circunstancias de la contaminación alimentaria y las posibles responsabilidades derivadas de los controles sanitarios. La resolución determinará las condenas que procedan y las indemnizaciones que correspondan a las víctimas.
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