La Policía Local de Sevilla ha inmovilizado un autobús destinado al transporte escolar de menores con necesidades especiales después de detectar numerosas irregularidades que comprometían las condiciones de seguridad del vehículo. Entre las deficiencias encontradas figuran la ausencia de una ITV favorable, la falta de luces de marcha atrás y de freno y la inexistencia del seguro obligatorio de viajeros. El vehículo no podía continuar circulando en esas condiciones y permanecerá inmovilizado hasta que se subsanen los problemas detectados.

La intervención se produjo después de que uno de los padres que viajaba en el autobús alertara a la Policía al percatarse de las anomalías. Según ha explicado a EFE el portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales España en Sevilla (Sppme-A), Luis Val, los agentes localizaron e interceptaron el vehículo poco después en la calle Virgen de la Oliva, en el barrio de Los Remedios. Una vez detenido, los policías llevaron a cabo una inspección para comprobar si cumplía la normativa exigida para el transporte de menores.

Las comprobaciones revelaron que el autobús circulaba sin haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que debía haber pasado unas tres semanas antes. En aquella revisión, los técnicos ya habían detectado varios defectos graves que impedían dar el visto bueno al vehículo. Entre ellos destacaba el estado de los neumáticos, que estaban desgastados y suponían un peligro para circular. A esto se sumaban la falta de luces de marcha atrás, la ausencia de una señal acústica de retroceso y la carencia de luz de freno, elementos fundamentales para advertir de las maniobras y las frenadas.

Más irregularidades

La inspección también puso de manifiesto que el autobús no disponía de visión perimetral en los espejos retrovisores ni del seguro obligatorio de viajeros. La señal acústica, las luces de retroceso y la visión perimetral están contempladas como requisitos obligatorios en el artículo 4 del Real Decreto 443/2001, por lo que incumplir estas exigencias constituye una infracción grave. Según las irregularidades detectadas, la empresa propietaria del vehículo se enfrenta a sanciones que pueden alcanzar los 2.000 euros. La inmovilización se mantendrá hasta que se corrijan los defectos que motivaron la actuación policial.

La retirada del autobús obligó a organizar el traslado de los menores hasta su centro educativo. Una vez inmovilizado el vehículo, los auxiliares y los padres que viajaban en él colaboraron para que los niños pudieran llegar a su destino con la ayuda de sus familiares. El resto de los traslados se realizó en vehículos VTC, cuyos servicios fueron abonados por la empresa propietaria del autobús. Luis Val ha subrayado, además, que el conductor no tiene responsabilidad alguna en los hechos y que las sanciones derivadas de las irregularidades detectadas se dirigirán contra la empresa.